As Pontes

El Gobierno se plantea aprobar por decreto la ley anticierre de centrales

Iberdrola reta a Energía al pedir la clausura de sus dos térmicas de carbón: Lada y Velilla.

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El Gobierno está dispuesto a dar una respuesta contundente a Iberdrola y Endesa tras sus anuncios de cierre de centrales de carbón. Según indicaron fuentes consultadas por este diario, el Ministerio de Energía ha mantenido contactos a lo largo de los últimos meses tanto con el PSOE -que se ha negado- como con Ciudadanos con la intención de aprobar una normativa que les permita regular el cierre de centrales de generación eléctrica y, de hecho, incluso planteó una consulta pública sobre la misma.

Energía sigue adelante con su intención de tramitar esta norma y está dispuesta a aprobarla por Real decreto ley si no logra el apoyo del resto de grupos tras el órdago lanzado por Iberdrola y Endesa sin esperar a conocer el mix energético que se propondrá en el futuro Plan de energía y clima, ni los resultados de la comisión de expertos.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reiterado que esta decisión no puede depender únicamente de las empresas porque influye en el mix energético, un tema que debe ser competencia del Parlamento. Por ese motivo, el Gobierno, en los primeros borradores elaborados, analizaba una fórmula para poder buscar nuevos gestores para estas instalaciones si los actuales decidían abandonarlas por motivos económicos.

Las eléctricas, por su parte, coinciden en que el Gobierno no puede intervenir en la decisión de aperturas o cierres de plantas por causas económicas porque iría en contra del ordenamiento jurídico, pero si lo hiciera, debería considerarse una obligación de servicio público y, por lo tanto, retribuirse.

Sin pagos por capacidad

Las centrales de carbón dejarán de percibir a partir de 2020 los pagos por capacidad en la nueva normativa que prepara la Comisión Europea, lo que podría haber acelerado la decisión de Iberdrola y de Endesa.

Iberdrola anunció ayer a mediodía su petición de cierre de las dos últimas centrales de carbón que le quedan en el mundo. Concretamente, la eléctrica tiene operativas las plantas de Lada (Asturias) y de Velilla (Palencia) con una potencia conjunta de 874 MW y ya ha cursado la petición al Ministerio para que autorice su cierre definitivo, un extremo que confirmó ayer mismo este departamento, que añadió que está ya analizando la petición de la empresa.

La eléctrica además se adelanta a los precepctivos informes de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y de Red Eléctrica y asegura que el cierre de estas plantas no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico -la compañía cuenta con 5.695 MW de capacidad de respaldo en ciclos combinados de gas-, el porcentaje de la capacidad de producción de electricidad libre de emisiones del grupo quedará en el 68 por ciento, elevándose en España hasta el 76 por ciento. La compañía cuenta también con 28.778 MW de capacidad operativa a través de fuentes renovables, fundamentalmente eólica, tanto terrestre como marina (15.902 MW), e hidroeléctrica (12.756 MW).

Endesa, por su parte, cerrará también las centrales de carbón de Compostilla y Andorra en el año 2020 pero, por contra, invertirá en las plantas de As Pontes, Litoral y Alcudia para que puedan seguir operativas. De hecho, la empresa ya ha cerrado algunos acuerdos de compra de carbón nacional que permitirán dar un respiro a la minería.

La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán justifica su decisión en que ratifica su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50 por ciento en el año 2030 respecto a los niveles de 2007 y de ser neutra en carbono en 2050.

Iberdrola, junto con Enel -la matriz de Endesa- y EDP pidieron a la Comisión y el Parlamento Europeo que apruebe unos objetivos medioambientales más ambiciosos para para 2030, incrementando la cuota de energías renovables hasta el 35 por ciento frente a la propuesta actual del 27 por ciento. En la práctica, esto significa que las principales compañías de generacion en España – a excepción de Gas Natural- piden más energía verde.

En el caso concreto de las centrales de Lada y Velilla, su cierre no afectará al empleo, ya que Iberdrola recolocará al 100 por cien de la plantilla -90 empleados en Lada y 80 en Velilla- tanto en el desmantelamiento de ambas plantas, que se extenderá durante cuatro años desde la fecha de aprobación por parte del Ministerio y supondrán una inversión cercana a los 35 millones, como en otras instalaciones de la empresa.

La eléctrica ya cerró además la central de carbón de Longannet, en Escocia, con una capacidad de 2.400 MW, una de las mayores de Europa.

Propuesta para la nuclear

El choque de la eléctrica con el Gobierno alcanza también a las centrales nucleares. El presidente de Iberdrola ya aseguró en la pasada junta de accionistas que no eran rentables.

Iberdrola Generación Nuclear registró unas pérdidas de 309,3 millones en 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones desde 2013, según los datos auditados por EY. De hecho, la compañía incluso llegó a plantearse la opción de venta de las mismas a varios inversores, entre ellos, a inversores chinos así como a sus socios y competidores, Endesa y Gas Natural, pero la operación no salió adelante.

Iberdrola ha planteado al Ejecutivo fijar una retribución regulada y estable para las centrales nucleares. Un extremo que en estos momentos no se daba por la elevada fiscalidad que tiene este tipo de plantas y los bajos precios que ha tenido los pasados años el mercado, aunque este extremo cambiará este ejercicio.

La eléctrica propone reducir los impuestos que gravan su actividad y aplicar un mecanismo similar a los costes de los sistemas eléctricos insulares. Por un lado, el coste de inversión que incluiría la amortización de los activos como la retribución financiera adecuada y, por otro, el coste de operación en el que se cargaría el coste del combustible, la operación y mantenimiento así como las recargas. Del mismo modo, se reconocerían los impuestos de la generación nuclear, la tasa sobre el combustible nuclear gastado y residuos, la tasa Enresa, los costes de seguridad y otros que recoge el marco normativo.

Fuente El Economista

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