Diez de los veinte concellos de la comarca aún carecen de planes de urbanismo propios

La Voz de Galicia. El urbanismo de diez de los veinte ayuntamientos que componen las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal aún se rige por normas subsidiarias de planeamiento (NSP) de ámbito provincial, que marcan unos criterios básicos a los concellos para delimitar los núcleos rurales, urbanos, el suelo urbanizable, etcétera, pero que no tienen en cuenta las peculiaridades y necesidades de cada municipio. Estos últimos objetivos tienen su reflejo en los planes generales de ordenación municipal, documentos que hacen una radiografía al detalle del territorio local y en los que se definen las áreas de expansión urbanística.

En Internet se puede poner uno al día sobre el planeamiento en vigor en cada ayuntamiento, gracias a una página web del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y de la Consellería de Política Territorial. En ella aparece que los ayuntamientos de Ortigueira, Mañón, Moeche, San Sadurniño, Valdoviño, Neda, Cabanas, Pontedeume, Monfero y As Pontes se rigen por normas subsidiarias de planeamiento, aunque muchos de ellos están tramitando un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Ortigueira y Pontedeume han enviado a la Consellería de Política Territorial sus respectivas propuestas de plan, que han sido revisadas y contestadas por los técnicos autonómicos. En ambos casos, Política Territorial ha puesto varias objeciones de forma y de fondo que los ayuntamientos deberán subsanar antes de superar el trámite de aprobación inicial del documento urbanístico.

As Pontes es el único concello en la comarca con más de 10.000 habitantes que todavía no dispone de plan de urbanismo. Su alcalde, Valentín González, explicó ayer que hace dos años -cuando gobernaba el BNG- se encargó la redacción del documento, pero «se dejó morir porque se acercaban las elecciones municipales». Los intereses políticos son, en opinión de González, el gran obstáculo que impide que no haya más concellos con planes de urbanismo en vigor. El actual regidor pontés señaló que pretende llevar adelante un PXOM «con consenso».

La cuestión económica es otro problema a superar por los ayuntamientos que aspiran a contar con un plan de urbanismo, aunque Política Territorial concede subvenciones para ese cometido. Aproximadamente, contratar a un equipo redactor puede rondar los 200.000 euros.

Otra dificultad que se añade a las anteriores es el largo tiempo de tramitación de estos documentos. Por ejemplo, el de A Capela, en vigor desde el año pasado, inició su andadura oficial en el 2003, cuando obtuvo el informe favorable previo a la aprobación inicial del texto.