La Asociación de Internautas ha impugnado ante el Tribunal Supremo el Reglamento que desarrolla la parte de la Ley de Economía Sostenible conocida como 'Ley Sinde, o 'Ley Sinde Wert', en una iniciativa en la que solicita su suspensión cautelar.

Anonymous publicó ayer en Internet datos personales de Ángeles González-Sinde, ex ministra de Cultura, y de José Ignacio Wert, su sucesor en el cargo, así como de políticos y artistas defensores de la llamada ‘Ley Sinde’.

22 estados miembros de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, han firmado en Tokio el polémico acuerdo contra las falsificaciones y la piratería Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Salvo Chipre, Estonia, Eslovenia, Alemania y Holanda, presumiblemente por razones de procedimiento, todos los estados miembros de la Unión Europea, incluida España, han firmado el acuerdo internacional ACTA con el que se pretende reforzar los derechos de propiedad intelectual y combatir la piratería online y el software ilegal. Sin embargo, los que se oponen a ACTA aseguran que su articulado incluso va más allá que la estadounidense SOPA (Stop Online Piracy Act) ya que anima a los ISP a vigilar el tráfico de Internet sin salvaguardas legales. La tramitación de SOPA y PIPA quedó suspendida ante el aluvión de protestas que generó.

A través de las redes sociales Anonymous ha lanzado la campaña ‘Marzo Negro’ en la que llama a todos los consumidores del mundo a no comprar productos audiovisuales durante ese mes. El objetivo de la campaña es protestar contra los proyectos de ley SOPA y PIPA de Estados Unidos, y contra el cierre de Megaupload.

Poco después de que el Senado de EEUU decidiese aplazar su votación sobre el controvertido proyecto de ley contra las descargas no autolizadas en Internet (PIPA, o 'PROTECT IP Act') a causa de las protestas contra la norma, la Cámara de Representantes hacía lo propio y decidía revisar la polémica SOPA, 'Stop online Piracy Act'.

Anonymous se ha responsabilizado de los ataques contra varios websites, entre los que se encuentran los del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Universal Music y la Recording Industry Association of America (RIAA). La acción es la respuesta del grupo de hackers al cierre de Megaupload por el FBI.

El FBI estadounidense ha intervenido la compañía propietaria de la popular página de intercambio de archivos Megaupload y ha arrestado a varios de sus trabajadores, según ha adelantado en Twitter la agencia Associated Press. También se encuentra inaccesible Megavideo, de la misma compañía, donde pueden publicarse y verse vídeos con un sistema similar al de YouTube.

La presión del letrero de Google tapado por una banda negra y la llamada a 100 millones de usuarios de Wikipedia a la protesta contra la legislación anti-piratería está surtiendo efecto en el Congreso.

La norma, que ya está siendo edulcorada, pierde apoyos entre políticos que se juegan la reelección mientras aumenta el descontento popular contra Washington.

Marco Rubio, senador cubano-americano de Florida, es el último que ha anunciado que retira el apoyo que dio a la legislación en el Senado. Desde que su comité judicial votó a favor, el senador dice que se han escuchado "preocupaciones legí­timas sobre el impacto que la ley puede tener en el acceso a Internet y sobre la poco razonable expansión del poder del gobierno federal".

La sexta página web más visitada del mundo cerrará mañana, durante 24 horas, como protesta por el equivalente a nuestra Ley Sinde en los Estados Unidos, actualmente pendiente de aprobación. Así lo han confirmado los responsables de la Wikipedia, cuyo cierre afectará únicamente a la versión inglesa; y no estará sola, ya que otras webs importantes se sumarán a la protesta.

La nueva norma contra la llamada 'piratería' en trámite en EEUU y conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act) ha calentado los ánimos de las grandes compañías estadounidenses de Internet, hasta el punto de que se plantean un 'apagón', promovido en un primer lugar por la popular Wikipedia.

[El Mundo] La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en rueda de prensa tras el segundo Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, que el Gobierno ha aprobado el reglamento de la denominada 'ley Sinde', que regula la comisión de propiedad intelectual para el cierre rápido de páginas web que vulneren la propiedad intelectual. Asimismo elimina el canon digital por copia privada para sustituirlo por otro sistema de de compensación, algo que también se recogía en dicha modificación normativa.

El Senado de EEUU deberá debatir y votar el próximo 24 de enero un controvertido proyecto de ley de protección de la propiedad intelectual (Protect Intellectual Property Act, PIPA) directamente apoyado por la industria de Hollywood, una legislación 'prima' de la polémica ley antidescargas SOPA (Stop Online Piracy Act), también en trámite.

El reglamento de la Ley Sinde que el Consejo de Ministros tuvo sobre la mesa el pasado viernes ha sido publicado por el diario El País. En su interior se detallan los pasos que seguirá la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para impedir el acceso a las webs de descargas.

El reglamento describe una secuencia de 15 pasos que comprenden desde la presentación de la denuncia por parte de los titulares de los derechos hasta el bloqueo del acceso a los contenidos denunciados por parte de las operadoras de telecomunicaciones.

[tu2is] "Lo hemos logrado bloquear pero me temo que sólo por unos días. Hay un claro interés por aprobar el reglamento antes de dejar Moncloa. Parece que somos lo únicos que estamos pensando en el servicio público", una fuente de Industria respondía con desazón a la felicitación por haber logrado frenar la aprobación del reglamento de la ley Sinde. Una ley que en lugar de salvaguardar los derechos de autor, genera inseguridad y capa las iniciativas de los emprendedores, como bien apunta RedResiste, el movimiento surgido como reacción a las políticas incongruentes y nacidas del miedo ante lo desconocido, que el Gobierno se empeña en aplicar respecto a internet .

El Gobierno está a punto de aprobar por Real Decreto el reglamento que desarrolla la Comisión de la Propiedad Intelectual, el último requisito para la entrada en vigor de la llamada 'Ley Sinde' que prevé el cierre rápido de sitios web acusados de infringir los derechos de autor en Internet. El texto además podría definir como "actividad infractora" no sólo la actividad de los servidores donde se aloja el material 'pirata', sino el hecho de enlazar a dichos contenidos.

La Comisión Europea (CE) ha impulsado un diálogo para explorar posibles enfoques de armonización de la metodología para imponer el canon por copia privada de un contenido protegido por derechos de autor, y de los sistemas de gestión de ese 'impuesto' en toda la Unión Europea (UE).

Los problemas económicos y la situación delicada de la SGAE intervenida por la justicia ha propiciado que muchas tiendas dejen de pagar sus cuotas por emitir música con derechos de autor. Según publica Intereconomía, los portavoces de la entidad de gestión reconocen que la transformación de la SGAE está en marcha con el objetivo de mejorar la imagen. Uno de los detectives encargado de descubrir impagos reconoce que "ha disminuido la presión con respecto al año pasado desde la detención de Teddy Bautista".

Las nuevas leyes que Estados Unidos ha puesto en marcha con el fin de detener la llamada "piratería" no sólo no han contentado a la comunidad de internautas, sino que gigantes de la Red como Google o Facebook han hecho saber su disconformidad en el Senado y el Congreso de EEUU.

Las grandes compañías de la industria cinematográfica empiezan a reconocer sus errores. En esta ocasión conocemos que Warner Bros ha admitido la emisión de peticiones al servicio de descarga directa Hotfile para que borre archivos de los que ni siquiera tenía sus derechos.

Las implicaciones e irregularidades del escándalo que estalló en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) están lejos de conocerse por el momento. Así lo cree la actual Junta Directiva de la entidad, que no descarta que pronto se destapen más actuaciones ilegales con Teddy Bautista como uno de los responsables.

Un mes resta hasta que se produzcan las Elecciones Generales. El 20-N la actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, dejará su cargo aunque su partido no gane los comicios. No obstante, la ministra se ha mostrado convencida de que su ley antidescargas estará lista antes del final de la actual legislatura.

El informe presentado es no vinculante, por lo que el Gobierno puede no llevar a cabo las recomendaciones que se explican.
Un informe no vinculante del órgano judicial ha puesto en entredicho la denominada ley Sinde por considerar que las páginas de enlaces no vulneran la Ley de Propiedad Intelectual, aunque los contenidos a los que enlacen hayan sido “colgados” de forma ilícita.

"La piratería puede ayudar a posicionar un producto en el mercado. Nadie va a poder terminar jamás con la piratería, pero la industria puede darle la vuelta a este tema y ponerla de su lado". Son palabras de John Goodale, manager general de Unity Technologies, compañía relacionada con el desarrollo de videojuegos, que se sale de la línea marcada en el discurso de este sector. Los datos avalan esta teoría. En el presente 2011 se calcula que la industria del videojuego facturará en todo el mundo 52.000 millones de euros y que esta cifra seguirá creciendo hasta rondar los 70.000 millones de euros en 2015. Todo ello, conviviendo con las redes de intercambio de archivos, las descargas directas y los hackeos de todas las plataformas que permiten jugar a copias de juegos en los distintos equipos, desde Nintendo DS a PlayStation 3.

El presidente de la Asociación de Multisectorial de Empresas de la Electrónica, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Aemetic), Jesús Banegas, ha abogado por eliminar el derecho a la copia privada, lo que supondría la desaparición del canon digital.

A comienzos de esta semana conocíamos el paso dado por la Unión Europea para ampliar el plazo de los derechos de autor en obras musicales de los 50 a los 70 años. Según los cálculos de un experto, esto supondrá que la gran industria discográfica, principalmente las compañías más poderosas, aumentarán 1.000 millones de euros sus ingresos.

En el día de ayer el abogado especializado en propiedad intelectual David Bravo realizó un curioso y esclarecedor experimento para mostrar la nula eficacia de la Ley Sinde. Probada su inutilidad, la norma antidescargas española ha quedado en evidencia así como sus precursores y el discurso de quienes la apoyan.

El sumario de la Operación Saga sigue dejando evidencias del desvío de fondos millonario que se produjo dentro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y que se destapó el pasado mes de julio. Los últimos datos vuelven a señalar al cerebro de la trama, José Luis Rodríguez Neri.

Según desvela el informe de la Guardia Civil que se incluye en el sumario de la operación Saga, al que ha tenido acceso Público, el proyecto estrella de la SGAE para vender música y contenidos audiovisuales a través de internet, La Central Digital, no pagaba a los proveedores de contenidos.

Es probable que los músicos obtengan una mayor protección de derechos de autor esta semana, una ayuda a artistas y discográficas mientras caen los ingresos de la industria de la música. Los ministros de los países de la UE tienen previsto ampliar a 70 años la protección de los derechos de autor en la música.

El sumario de la operación contra el desvío de fondos desde la SGAE a sociedades vinculadas a varios miembros de la entidad de gestión sigue mostrando detalles que evidencian la falta de control por parte del Gobierno. Cheques en blanco firmados e incluso sueldos a personas que estaban en su casa son algunas de las barbaridades que se han filtrado a la prensa.

Rosalía Díaz Valcárcel, vicepresidenta de los editores de Madrid y directora de la editorial Wolters Kluwer ha defendido el objetivo de la llamada Ley Sinde frente a la, según ella, demagogia y poca consciencia de gran parte de la sociedad española.

Un estudio realizado por investigadores de Telefónica I+D demuestra que, al contrario de la creencia popular de que el P2P perjudica a los ISP, el tráfico de BitTorrent beneficia a las grandes operadoras, ya que circula principalmente sobre enlaces locales y no supone un sobrecoste.

Copyright Alerts. Así se denomina el nuevo sistema que pretende implementar la industria cultural en Estados Unidos para luchar contra las descargas en Internet. La red P2P de intercambio de archivos BitTorrent y en concreto sus usuarios son el objetivo primordial de la industria y sobre ellos podrían recaer duras sanciones económicas.

La SGAE ha decidido hacer la excepción que confirma la regla con la visita del Papa a Madrid. La entidad de gestión ha renunciado a cobrar por el concepto de derechos de autor durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), algo muy alejado a lo que acostumbra a hacer la entidad.

El director general de Cine del Ministerio de Cultura, Carlos Cuadros, ha señalado que confía en que haya páginas webs con contenidos protegidos por derechos de autor "cerradas antes de que acabe el año", y ha añadido que esto sucederá "probablemente porque lo hagan ellas mismas".

"Sabrán las consecuencias de responsabilidades civiles que se les pueden pedir una vez que se les va a identificar y acabar la impunidad del anonimato. Eso saben que se les ha acabado y se van a cuidar muy mucho de seguir cometiendo acciones que como mínimo son delitos contra la propiedad", ha argumentado, en referencia a la aplicación de la llamada 'Ley Sinde'.

El Ministerio de Cultura ha anunciado mediante un comunicado que, una vez vencido el plazo de tres meses, ni la Comisión Europea ni ninguno de los países miembros de la UE han presentado observaciones o dictámenes sobre el Real Decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Crece el número de voces críticas contra las medidas propuestas para evitar la llamada "piratería" en Internet. La última en posicionarse ha sido la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que considera propuestas como las desconexiones o bloqueo de webs ataques directos a la libertad de expresión.

Los operadores lo vienen advirtiendo desde hace tiempo y empiezan a tomar medidas: el elevado consumo de datos en Internet está saturando las redes. Las compañías de banda ancha fija de Estados Unidos están comenzando a penalizar con desconexiones el consumo elevado de datos. ¿Se importará esta medida a España?

Autores como Pedro Almodóvar o Achero Mañas son los firmantes de un manifiesto destinado a "unificar, organizar y explicar lo que está pasando".

Al margen de las declaraciones “oficiales” de la junta directiva de la SGAE, compuesta por varios artistas, un nutrido grupo de cineastas y músicos no se muestra especialmente confiado ante el futuro de la principal entidad de gestión española.

No son pocas las voces que desde la industria cultural señalan a las descargas en Internet como las causantes de todos sus males económicos. Sin embargo, desde la cadena de televisión Fox en España se reconoce que la incidencia que tienen es prácticamente nula.

"La piratería no nos afecta. Es solo cosa de un puñado de fanáticos que se bajan las series de la Red". Así de rotunda se mostró Pilar Jiménez, directora general de Fox en España en una entrevista concedida a El País. En ella habla de la buena salud que goza su canal en nuestro país y en general la televisión de pago. "Hace 10 años, en Fox trabajábamos 22 personas y hoy somos 188 y damos soporte a Portugal y a otras zonas de Europa", explica.

La trama de la SGAE se ha convertido en una madeja tupida de la que aún es difícil aventura su desenlace. Según se tira del hilo, aparecen nuevas derivaciones. Como botón de muestra, su cúpula directiva compartía hasta el mes pasado empresas dedicadas al mismo objeto social que el de la Sociedad General de Autores y Editores.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', ideada por el actual director de la división digital de la sociedad de gestión, José Luis Rodríguez Neri.

La Guardia Civil desarticula una trama que desviaba fondos de la sociedad a través de empresas privadas.- Detenido el presidente y otros tres directivos de la entidad

[El País] No había pasado ni un día desde de las elecciones a la junta directiva de la Sociedad General de Autores (SGAE), cuando decenas de agentes de la Guardia Civil aterrizaron en el Palacio de Longoria, en Madrid, la sede de la sociedad. Desalojaron a los trabajadores para llevar a cabo un registro exhaustivo ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La sospecha de la corrupción salpicaba de lleno a la entidad: cuatro directivos -entre ellos al presidente de su consejo directivo, Eduardo Teddy Bautista, a punto de ser reelegido en el cargo- fueron detenidos por una trama que supuestamente desviaba fondos de la entidad a empresas privadas. Otras cinco personas fueron detenidas en la operación. El juez Ruz les imputa los delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal por el fraude, cometidos de forma continuada entre los años 2003 y 2007 e investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Bautista y el resto de arrestados pasarán previsiblemente hoy a disposición judicial.

El presidente de la sociedad, Teddy Bautista, será puesto a disposición judicial. Esta operación se ha abierto a raíz de una denuncia que otra sociedad presentó hace dos años ante la Fiscalía Anticorrupción.

La Guardia Civil está registrando esta mañana la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en el marco de una operación de Anticorrupción que investiga un supuesto delito de apropiación indebida por el que el presidente de la sociedad, Teddy Bautista, será puesto a disposición judicial.

De nuevo la Sociedad General de Autores de España (SGAE) se sitúa en el ojo del huracán. Dos días antes de celebrarse sus elecciones, la entidad vuelve a estar envuelta en la polémica. Según ha podido saber ABC de fuentes de la máxima solvencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz -y no el del número 6, Eloy Velasco, como en un principio se informó por error-, investiga el supuesto desvío de fondos que administra una de sus organizaciones, la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE). Por el momento las pesquisas están en una primera fase, si bien ya han aparecido «indicios solidos» que apuntan a un escándalo de importantes proporciones y consecuencias, a día de hoy, imprevisibles.

El cantante Miguel Bosé ha sido el último en insultar a los usuarios que descargan contenidos protegidos con derechos de autor. Cuestionado sobre por qué considera que España es más proclive a la piratería, el artista ha afirmado que el motivo de ello reside en que "los demás no son tan catetos".

La industria cultural sigue en su empeño de luchar contra los usuarios de programas de intercambio de archivos P2P. Para ello han propuesto un acuerdo a los operadores en EEUU para que estos contribuyan contra las descargas reduciendo la velocidad de estos usuarios y limitándoles el número de páginas en las que podrían entrar.

Fue en octubre de 2010 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el cobro a las empresas de un impuesto destinado a gravar las copias privadas. Ahora, el Consejo de Estado de Francia ha dado por válida aquella resolución del tribunal y ha decidido suprimir el pago del canon por copia privada a empresas y profesionales.

El streaming de vídeo ilegal se considerará delito grave en Estados Unidos si prospera en el Senado norteamericano la propuesta emitida por el Comité Judicial de este organismo legislativo estadounidense.

El proyecto, S.978, podría llegar a calificar el streaming de vídeo ilegal para fines comerciales como un delito penable con hasta 5 años de cárcel en el caso de que se incurra en diez o más vulneraciones de los derechos de autor en un período de 180 días. Se trata de una norma que se aplicará a un valor retail del vídeo de más de 2.500 dólares o a un valor de licencias de más de 5.000.

Nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre el canon por copia privada: los países comunitarios que han regulado la compensación por ley, como España, están obligados a garantizar su cobro "efectivo", "destinado a compensar a los autores", aunque su deudor esté establecido en otro país comunitario. En octubre del año pasado el mismo tribunal falló que era "indiscriminada" y "contraria" a la directiva su aplicación en aparatos y soportes "no" utilizados por "usuarios privados" y "manifiestamente" reservados a "usos distintos de la copia privada".

González-Sinde: 'Es mejor una buena ley retrasada que una mala y puntual'