El Congreso insta al Gobierno a impulsar la industria del ‘software libre’ y su uso desde la Administración

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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a promover “políticas de I+D+i que favorezcan la industria y el desarrollo del ‘software libre’ y de código abierto en España”, en particular por medio de la Administración General del Estado (AGE), según consta en la iniciativa del Grupo Socialista que fue apoyada por IU-ICV, ERC, CiU y PNV y el PP, con 299 votos a favor y uno en contra. La proposición se aprobó con la introducción de cuatro enmiendas transaccionales que fueron negociadas por los grupos que presentaron modificaciones.


El diputado del PP José Ignacio Echániz expuso la “firme defensa de la libertad de elección en las administraciones, empresas y ciudadanos” y apostó por la “neutralidad” en materia de los distintos tipos de ‘software’, y apoyó el texto final en el que fueron aceptadas algunas de las propuestas de los ‘populares’. “Decimos que no hace falta generar más libertades sino respetar las libertades de los ciudadanos”, apuntó. Asimismo, añadió que es necesario “respetar la libertad de mercado y que ésta sea compatible independientemente de que se hable de sistemas libres o propietarios” y pidió que se respete el uso de estándares abiertos “en” la Administración, pero no que se promocionen “desde” la Administración.
La diputada socialista Lourdes Muñoz defendió la propuesta “en defensa de la libertad de opción”, que en concreto establece que el Gobierno aplique los criterios de “idoneidad, seguridad e interoperabilidad tecnológica en el momento de adquirir ‘software'” que utiliza, “valorando la oferta global”, según su primer punto. Asimismo, desde un punto de vista más genérico, emplaza al Ejecutivo a “fomentar y garantizar el impulso y adopción de estándares abiertos desde la AGE”.
Asimismo, el texto final, que incorporó cuatro enmiendas de los distintos grupos, establece que se promueva la ejecución en toda la AGE de los “criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones” previstas en las recomendaciones de 2005. La iniciativa también establece que se introduzca el criterio de que en todo concurso público por parte de la AGE “se deben evaluar tanto las soluciones de software libre como las de propietario”.

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