Guerreiro declara como imputado en un presunto delito de coacciones

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[La Opinión de A Coruña] El alcalde de As Pontes, el nacionalista Víctor Guerreiro, declarará hoy como imputado en un presunto delito de coacciones ante el Juzgado de Instrucción número tres de Ferrol. La vista había sido fijada en un primer momento para el pasado 22 de noviembre, pero se aplazó debido al ataque de ansiedad que sufrió el denunciante, el policía local David Álvarez, la noche anterior.


Los hechos por los que deberá responder el regidor se remontan a la pasada primavera. Al parecer, una patrulla de guardia se personó en el domicilio del demandante tras recibir una llamada del concejal de Seguridad, Carlos Ferreiro, alertando de que el agente estaba lavando su coche en la vía pública. La patrulla hizo constar en el informe dirigido al sargento de la Policía Local que Álvarez no estaba realizando tal tarea, sin embargo, días más tarde comunicaron al denunciante que debía asistir a una reunión con el alcalde y el edil de Seguridad.
El agente acudió a la cita acompañado de un miembro de la junta de personal, al que Guerreiro prohibió la entrada. Según destacan los representantes de los trabajadores, si en un encuentro se van a abordar asuntos laborales la ley recoge la posibilidad de que el empleado asista acompañado de un miembro del comité o de la junta de personal que actúe como testigo. No obstante, Guerreiro aseguró que en la reunión se iban a abordar asuntos estrictamente policiales, con lo cual Álvarez solicitó la presencia del sargento, petición que el regidor aceptó.
En el acta de la reunión se pone de manifiesto, según destaca el comité, que el único objetivo del encuentro era que David Álvarez firmase una declaración ya redactada en la que reconociese que el día de los hechos sí estaba lavando el coche en la calle. “El alcalde le advirtió, utilizando un tono amenazador, que tenía pruebas suficientes de ello, y lo hizo mientras jugaba entre sus manos con una cámara de fotos”, recalcan desde el comité.
Álvarez es uno de los cinco trabajadores que han interpuesto una querella criminal contra Víctor Guerreiro y los ocho concejales nacionalistas por un presunto delito de coacción y otro de prevaricación. Los representantes sindicales hacen hincapié en que sufren una situación de “persecución sindical” y de que se han dado destituciones y despidos improcedentes dentro del comité y la junta de personal. En los últimos meses los jueces han obligado al Ayuntamiento de As Pontes a facilitar documentación al comité y ha anulado los decretos por los que el alcalde modificó el reparto del complemento de productividad.

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