Las telefónicas declaran la guerra al wifi gratuito de los ayuntamientos

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[La Voz de Galicia] Las tres grandes operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone y Orange) estudian emprender acciones legales contra los ayuntamientos que instalen redes inalámbricas de acceso gratuito a Internet, una práctica inusual hasta ahora en España, pero que grandes ciudades como Madrid o Barcelona han puesto de moda.


La precariedad de las infraestructuras de telecomunicaciones en Galicia, donde un tercio de la población todavía no tiene acceso a la telefonía móvil ni a las líneas de ADSL, ha disparado estos intentos municipales. Los que despiertan mayor rechazo entre las empresas del sector son los de Ourense y A Coruña. Ambas ciudades manejan proyectos para crear redes wifi (acceso de alta velocidad a Internet sin cables).
Las operadoras temen que la decisión de estos dos grandes concellos ejerzan un efecto tractor sobre otros municipios. Y no van desencaminadas. Al margen de los pequeños ayuntamientos que ya tienen proyectos similares en vigor, caso de Avión, Gondomar, Ribadumia o A Estrada, otra decena de localidades han manejado estas redes como promesa electoral de sus principales candidatos a las alcaldías.
Las operadoras recuerdan que llevan invertidos en la infraestructura gallega de telecomunicaciones más de 2.400 millones de euros en los últimos siete años. Y siguen pendientes de inyectar casi mil millones más para mejorar y actualizar estos equipamientos. Sólo en la cobertura de telefonía permanecen a la espera de gastar cien millones de euros, una inversión bloqueada en muchos casos porque los concellos no permiten la instalación de las estaciones base (antenas).
El director territorial de Telefónica, Ignacio Aller, afirmó que el uso de fondos públicos en áreas urbanas «incrementaría la brecha digital» en detrimento de las áreas rurales.
En su opinión, subvencionar las redes wifi supone una «competencia desleal», ya que detraen recursos privados necesarios para desarrollar infraestructuras. Además, considera que las ventajas regulatorias y económicas de los operadores públicos terminarán «desincentivando la inversión privada y la provisión de nuevos servicios».? Las grandes operadoras advierten de que la gestión de sus servicios está protegida por la ley de telecomunicaciones. Hasta ahora, la CMT ha abortado los intentos de los grandes ayuntamientos de extender redes gratuitas propias. Sucedió así en el 2004 en Barcelona, y las empresas de telefonía quieren que se repita ahora con el resto de tentativas.? Entre las obligaciones de una Administración pública para instalar este tipo de redes figuran el establecimiento de tarifas conforme a las normas que rigen los mercados en competencia, o la imposibilidad de usar fondos públicos para neutralizar posibles pérdidas.
Problemas de seguridad
Los técnicos sostienen que las redes inalámbricas municipales tienen problemas de seguridad. También recuerdan que esta tecnología corre el riesgo de quedarse obsoleta, dejando a las ciudades sin oportunidad de recuperar las inversiones realizadas en la red.
Los responsables de Telefónica creen que los ayuntamientos deberían contribuir a facilitar los despliegues de infraestructuras, eliminando barreras administrativas y reduciendo la carga fiscal, en lugar de «duplicar las redes con infraestructuras a veces deficientes».
Desde los municipios, sostienen lo contrario. El alcalde en funciones de Gondomar, Carlos Silva, afirmó ayer que el nodo municipal de Internet de la localidad pontevedresa se implantó «por la tremenda demanda ciudadana que había». «Si las operadoras dieran servicio, los concellos no tendríamos esta necesidad», mantiene. En Gondomar hay «lagunas importantes de cobertura» y el ayuntamiento «sólo pretende dar respuesta a esta inquietud social».
San Francisco fue pionera en el Internet gratuito. En España, más de 150 candidatos a alcaldía han usado este reclamo electoral durante la pasada campaña, con Madrid a la cabeza.

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