Aguas de Galicia y el derecho a saber

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[El Correo Gallego] – PEDRO BRUFAO CURIEL.
“Un gobierno popular sin información pública o los mecanismos para adquirirla no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia o quizás ambas. El conocimiento siempre gobernará sobre la ignorancia y un pueblo que quiera autogobernarse debe armarse con el poder que el conocimiento otorga”. Este famoso escrito de James Madison, el padre de la Constitución de los Estados Unidos, ilustra desde hace dos siglos los obstáculos diarios impuestos por los enemigos de la sociedad abierta al libre ejercicio de derechos imprescindibles para los ciudadanos. La defensa de la libertad tiene como bastión el derecho de acceso a la información y éste es uno de los pilares del Estado de Derecho, por la sencilla razón de que el monopolio de la información significa opresión, a la vez que sin el conocimiento de la realidad no se puede controlar al poderoso, y ya se sabe lo que ocurre cuando no existen riendas que limiten la fuerza expansiva del poder.


Un reciente suceso nos sirve de testigo: la desecación del río Eume durante los últimos cincuenta años y los esfuerzos por revertir tan penosa como conocida situación. Sin embargo, cuando la sociedad civil quiere informarse y acude al Registro de Aguas de Galicia, se topa con la triste realidad del secretismo, la opacidad y la falta de información. Ríos con Vida, una asociación que ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente (www.riosconvida.es), solicitó a finales de 2009 a Aguas de Galicia los datos concesionales del embalse de Endesa que deseca tres kilómetros de este río en el Parque Natural de las Fragas, basándose en que el Registro de Aguas es público y no hay que mostrar ningún interés en obtener esos datos. Algo que en otros registros públicos se puede obtener de modo telemático en una base de datos abierta a la consulta ciudadana, la presidenta de Aguas de Galicia deniega su acceso, sobrepasado el doble del plazo que marca la ley, basándose en que la Fiscalía ha abierto unas diligencias preprocesales, aunque días antes se recibió “por error” una carta firmada por el Subdirector General de Gestión del Dominio Público Hidráulico en la que se dice que el funcionamiento de ese organismo “quedaría comprometido”, sin mayor motivación. En estas semanas es cuando alcanza alarma social la desecación del río y cuando la competencia para facilitar esos datos se traslada, sin norma conocida que lo ampare, de un sencillo subdirector general a la presidenta: demasiadas alforjas para el burocrático y corto viaje de enviar unos folios.
Aunque la actuación p­reprocesal del fiscal no abre el juicio penal, Aguas de Galicia insiste en su opacidad, no motiva esta denegación de acceso ni prueba que “afecte negativamente” al trabajo del fiscal, pero es obvio que esos datos permanecerán intactos antes, durante y después de un posible proceso penal. En todo caso, dado el carácter esencial del acceso a la información para los derechos subjetivos y la vida democrática, las excepciones siempre se han de interpretar restrictivamente, a la vez que el concepto de “registro público” no admite ninguna interpretación que disminuya su carácter abierto, ya que no hay atisbo de intimidad ni secreto industrial o materia análoga por ningún lado.
Con estos hechos, Aguas de Galicia demuestra que entiende el “derecho de acceso” como la carga del ciudadano a permanecer sumido en el desconocimiento, a la vez que la obligación de la Administración a facilitar esos datos la entiende como un falso privilegio a decidir por su cuenta cuándo un registro público deja de serlo, lo que va más allá de todo ejercicio discrecional y legítimo del poder, como así se lo hemos hecho saber al Ministerio Fiscal. Esta situación tan irregular es desgraciadamente un mal estructural en Galicia. El Valedor do Pobo ha dejado claro que las instituciones de la Xunta “retardan u obstaculizan” la entrega de datos ambientales mediante exigencias inadecuadas (Informe de 2008) a la vez que el Consello de Contas en su demoledor Informe de 2005 afirma que “Aguas de Galicia no posee un registro completo y actualizado de las concesiones”, por lo que ni ella misma sabe qué es lo que ocurre en sus ríos y el ciudadano no puede conocer al menos parcialmente la realidad. ¿Qué esconde o qué teme Aguas de Galicia, a qué se ha reducido su ejemplaridad pública y con qué ánimo puede probar que cumple objetiva e imparcialmente con sus obligaciones y que gestiona bien los ríos? Farsa, tragedia o ambas.
*CATEDRÁTICO EU DE DERECHO ADMINISTRATIVO

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