La CIG califica de ‘veto político’ el Real Decreto del Carbón y lo compara con la reconversión de Astano

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Según Grandal no se trata de una decisión ambiental, sino que solo se pretende favorecer a las cuencas mineras de Asturias y León, dónde los sindicatos CCOO y UGT tienen mayor fuerza de actuación.
[Cope.es] La CIG califica de “veto político” al Real Decreto Sobre el Carbón que entrará en vigor en cuanto obtenga el visto bueno de la Comisión Europea, algo que parece inminente después de que el comisario Joaquín Almunia diese su visto bueno. Según el sindicato nacionalista esta prima para las centrales energéticas que usen carbón nacional perjudicará gravemente a Endesa As Pontes y a la central de Meirama en Cerceda, que quedarán prácticamente inutilizadas. Además recuerdan desde el sindicato que en la villa se pontesa se realizó hace años una costosa transformación técnica para utilizar carbón importado, al resultar más barato y menos contaminante.


Para Manel Grandal, uno de los portavoces comarcales de la CIG, se trata de una decisión política, que nada tiene que ver con el medio ambiente. Según Grandal se pretende favorecer a las cuencas mineras de Asturias y León, dónde los sindicatos CCOO y UGT tienen mayor fuerza de actuación. El portavoz comarcal acusó a los alcaldes de As Pontes y Cerceda de actuar en absoluta connivencia con los sindicatos nacionales y auguró que “se aferrarán a la figura del lucro cesante para compensar a la empresas”. Esto no supondrá en ningún caso, recordó Grandal, beneficios para los trabajadores. Los responsables de la CIG han calificado esta situación de “extrema gravedad” y la comparan con la reconversión naval de Astano.
Según la CIG este decreto afectará a más de mil empleos entre trabajadores de las centrales y las empresas auxiliares. De hecho, el otro portavoz comarcal, Xesús Anxo Lopez Pintos, aseguró que “actualmente, sin estar vigente la ley, Endesa ya ha sugerido algún expediente de regulación temporal de empleo a empresas auxiliares de la comarca”. Se trata de Pérez Torres, a la que se le exige aplicar el ERTE a la mitad de su plantilla, y SENAX U.T.E., dónde el ERTE afectaría a toda la plantilla. La CIG solicitará reuniones con la Autoridad Portuaria, las dos asociaciones de empresarios de la comarca y la Asociación de Transportistas, por tratarse, según el sindicato, de los principales sectores afectados.

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