La Unión Europea pospone su decisión sobre el nuevo decreto del carbón

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[La Opinión de A Coruña] La Comisión Europea considera que la decisión sobre la compatibilidad de la legislación comunitaria con el nuevo decreto del carbón que ha aprobado el Gobierno español “necesita más preparación”. Por ello, ha decidido posponer su resolución hasta después del verano.


El real decreto, aprobado el pasado 12 de febrero por el Consejo de Ministros, pretende forzar a las compañías eléctricas a dar preferencia al carbón nacional en el mercado eléctrico, para dar salida al material que se acumula en las cuencas españolas y, con ello, aliviar la situación financiera de algunas empresas mineras.
Tanto los concellos de Cerceda y As Pontes, como la Mesa Regional del Carbón -donde están representados la Xunta, la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Galicia y la Federación de Industrias Afines de UGT- y el BNG, han manifestado su rechazo a la nueva normativa ante el temor de que suponga un descalabro laboral y económico para las centrales térmicas de Meirama y As Pontes, que no sólo utilizan carbón importado. Estas sólo utilizan carbón importado, tal y como explicó el secretario de Energía de Comisiones Obreras, Francisco Gayoso, que critica la decisión del Gobierno estatal y recomienda prudencia hasta que no se pronuncie la Unión Europea al respecto.
De hecho, la CIG ha convocado una concentración para mañana ante la Delegación de la Xunta en A Coruña, para reclamar al Gobierno gallego que se ponga al frente para “paralizar” su aplicación en Galicia. El sindicato denuncia la “pasividad” del ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo que “aparenta sentirse preocupado”, pero aún no ha presentado “ninguna alegación” al decreto.
La asesoría jurídica de la Xunta, sin embargo, anunció el viernes que recurriría la medida estatal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y ante el Tribunal Supremo.
El Consello Galego de Cámaras también se unió ayer a las críticas a la decisión del Ejecutivo y alertó de sus “graves consecuencias económicas”. Recuerda que las centrales de Meirama y As Pontes han sido sometidas a una “completa redefinición” para permitir el uso del carbón tanto nacional como importado, “con un exhaustivo y costoso programa de inversiones, cuya rentabilidad futura sería anulada con la aplicación del decreto”.

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