El decreto de las restricciones

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[Diario de Ferrol, por M. Mayoral] Los camioneros que transportan el carbón a la central de As Pontes se echaron ayer a la carretera para expresar su rechazo al decreto del Gobierno, que quiere dar prioridad al mineral nacional. Más de 90 vehículos formaron una caravana que partió a las once de la mañana del municipio pontés y llegó al puerto de Ferrol cerca de las dos de la tarde, aunque no provocó problemas de tráfico. Una movilización respaldada por los sindicatos CIG y USTG, así como por el BNG, que reclamaron con pancartas la defensa de los puestos de trabajo en la comarca.
Una vez concentrados bajo la pasarela peatonal de A Malata, el alcalde de San Sadurniño, el nacionalista Secundino García, leyó un manifiesto en el que subrayó el “momento crítico” que vive la comarca y exigió la modificación del decreto, para que tenga en cuenta la singularidad de las comarcas mineras gallegas. “Non podemos tolerar un Astano máis”, destacó. También el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, comparó la situación con el veto al astillero de Fene y subrayó que el decreto podría afectar a unos 1.800 puestos de trabajo. Entre los asistentes figuraba asimismo el regidor de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, que reclamó medidas compensatorias para el citado municipio.


Comisión Europea > Si se cumplen las previsiones del Gobierno de Madrid, la Comisión Europea aprobará el próximo miércoles el decreto del carbón. Su texto no deja lugar a dudas: atribuye “carácter estratégico” al mineral autóctono y señala que, dado que la legislación permite utilizarlo hasta un máximo del 15% de la cantidad total de energía, “se hace necesario el uso del mismo”. Además, enumera las diez centrales españolas que consumen carbón nacional e incluye un anexo para regular los derechos de cobro de las unidades “cuyo programa resulte reducido”. Estas últimas son solo dos: la de Endesa en As Pontes y la de Fenosa en Cerceda, las dos centrales que agotaron sus minas y realizaron inversiones millonarias para quemar el carbón de importación, ahorrando al medio ambiente, con ello, casi un 20% de las emisiones contaminantes.
El decreto impondrá un cambio en las reglas del juego energético. Se dará prioridad con carbón autóctono y las térmicas gallegas se quedarán en la cuneta del famoso “mix”. Una declaración institucional de la Diputación de A Coruña sitúa en unos 100 millones de euros el impacto económico de la medida en Galicia, si bien los informes de la Consellería de Economía e Industria acaban de elevar dicha cantidad a 1.200 millones. Los empleos directos e indirectos afectados serán de 2.000 a 3.500, según las diferentes valoraciones, y más de la mitad están en esta comarca.
La Xunta ha apurado en los últimos días las reuniones y contactos para hacer un frente común con concellos afectados y representantes sindicales y ha reiterado su determinación de recurrir judicialmente la medida, llegando hasta las últimas instancias. El intento de frenar el decreto o forzar un cambio de redacción que sirva para armonizar los intereses de todas las comunidades choca, sin embargo, con las directrices de Madrid, que en el caso del PSOE, como en el de CCOO y UGT, han priorizado en todo momento la salvación de la minería española, un sector agonizante al que se entregan ayudas millonarias para su desmantelamiento.
La dificultad de crear un único bloque en defensa de los intereses de Galicia quedó de manifiesto en el momento en que la CIG quiso impulsar la creación de una plataforma abierta a todas las fuerzas políticas, sindicales o ciudadanas. Sólo se presentaron a la llamada el BNG, la USTG, el Concello de San Sadurniño y los camioneros, pese a que el rechazo al decreto, al menos en su redacción actual, es compartido por los gobiernos socialistas de As Pontes y Cerceda y por los “populares” gallegos. Los matices, como sucede habitualmente en este tipo de debates, marcan la diferencia.
A favor > Roque Vidal, secretario general de FIA-UGT y miembro de la mesa del carbón, explica desde As Pontes la postura que comparte su sindicato con CCOO. “El decreto hay que aprobarlo sí o sí”. Según él, no será posible generar el 15% con las térmicas de carbón nacional y quedará margen para las de importación. La afirmación contrasta con los malos resultados productivos que tuvo As Pontes durante el año 2009, exclusivamente debido a la crisis y al aumento de las fuentes renovables y sin mediar ninguna otra interferencia en el libre mercado. Según la plataforma que organizó la caravana de protesta de ayer, hay estimaciones que apuntan que, con el decreto aprobado, sólo funcionará un grupo durante seis meses al año en la central pontesa.
A las empresas, el asunto no les supone un gran problema, mientras las compensen. Andrea Brentan, consejero delegado de Endesa, ya apuntó en la última junta de accionistas que fomentar el consumo de carbón autóctono conllevará más distorsiones en el mercado, “favoreciendo la producción de centrales menos eficientes” y provocando “la paralización de una parte muy importante de nuestras centrales, lo cual es inadmisible sin compensaciones adecuadas”. El ministro Miguel Sebastián les explicó esta semana a los diputados socialistas gallegos que dichas compensaciones se están negociando –aunque su existencia ya está garantizada en el decreto–y que habrá “viabilidad futura” para las centrales gallegas. A corto plazo, sin embargo, la inactividad dejará en el paro a trabajadores de las numerosas empresas auxiliares encargadas de reparaciones o mantenimiento de las centrales y a los transportistas –en la zona, unos 130– que se ocupan del trasiego de carbón, y tendrá una repercusión importante en los puertos de Ferrol y A Coruña, por los que entra el carbón de importación y, así como en sus auxiliares. Los 220 empleos directos de la central pontesa están garantizados, efectivamente, aunque el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel López Fernández (UGT), señalaba esta misma semana que previsiblemente habrá traslados.
La situación, que se genera por la protección de un sector deficitario, el minero, choca con los argumentos que durante años ha escuchado esta comarca acerca del sector naval, en contraste, un ámbito con futuro, basado en el desarrollo tecnológico y generador de un gran valor añadido. La Cámara de Comercio de Ferrol, en su declaración institucional de rechazo al decreto, fue la primera en expresarlo con todas las letras en una carta dirigida al ministro Sebastián: “é paradóxico o feito de que se poidan primar instalacións mineiras obsoletas que foron destinatarias de subvencións millonarias, moi superiores ás que recibiron os estaleiros públicos galegos, mentres que estes, precisamente por este motivo, non poden construír buques civís”. Y es que lo que se avecina, como lo definen muchos, es “otro Astano”.
A diferencia de lo que pasó con el naval español, que entraba en competencia con el europeo, en este caso hay países como Alemania, Rumanía y Polonia que están muy interesados en que la UE les dé también permiso para subvencionar sus sectores mineros.

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