Galicia llevará al Supremo el ‘negro’ decreto del carbón

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[La Voz de Galicia] Muy negro. Así pinta el futuro de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes desde que fueron sentenciadas por la Comisión Europea, que el miércoles dio luz verde a la normativa española que prima la quema del carbón nacional tras concluir que respeta las normas sobre subvenciones públicas. Una decisión con efectos muy “perniciosos” sobre la economía gallega, según las palabras del conselleiro de Economía, Javier Guerra, ante la que la Xunta no se va a quedar de brazos cruzados.
De hecho, el Ejecutivo autonómico va a presentar recurso ante el Tribunal Supremo (TS) una vez que dicho real decreto esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de solicitar una paralización cautelar en su aplicación mientras no haya una sentencia. Junto a ello, también recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión en base al derecho de las comunidades afectadas “a ser escuchadas”.


En rueda de prensa, Guerra comunicó ayer que ha enviado -por tercera vez- una carta en la que “exige” al ministro de Industria, Miguel Sebastián, una reunión para que “escuche” a la Xunta y “busque soluciones para que la decisión sea equilibrada”. La comunidad se juega mucho, pues en el aire hay más de 3.500 empleos y unas inversiones totales que superan los 1.200 millones.
Sobre esta cuestión, acusó al Gobierno central de “no explicar” ante la Comisión Europea “los efectos reales” que la aplicación del decreto tienen sobre Galicia. Por ello, la Xunta “tiene toda la documentación” para “estudiar los caminos jurídicos” a seguir. Desde el Ejecutivo que pilota Alberto Núñez Feijóo expresan su “completo y contundente” rechazo al decreto, pues según el propio Guerra “no fueron escuchados los intereses de Galicia”, “ni fueron trasladados a la Comisión Europea más que por las cartas emitidas desde la Consellería de Economía” al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.
En el caso de que se aplique el decreto, las dos térmicas gallegas, que produjeron el 24% de la energía estatal en 2009, pero que utilizan carbón de importación, “tendrían que parar”, sentencia Guerra. “Esto produciría un efecto en cadena” que afectaría no sólo a su producción de las centrales, sino a los demás sectores implicados. Sobre la postura de Galicia en relación con la de otras comunidades implicadas, Guerra ha remarcado que “no está, en absoluto, en contra de ninguna comarca minera de España” pero no se callará ante una decisión “perjudicial para sus intereses”.
Mientras, el comité de la central de Meirama inició ayer un encierro en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cerceda (A Coruña) como medida de protesta contra el decreto del carbón, asunto que incluirá hoy el Consejo de Ministros para su aprobación para su aprobación por parte del Gobierno después de que la CE diese el visto bueno al documento.

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