Los afectados denuncian que el plan Miner no recolocó a ningún minero gallego

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Los perjudicados por el cierre de las minas de lignito gallegas afirman que las compensaciones económicas no evitarán la pérdida de más puestos de trabajo por culpa del decreto del carbón
[La Opinión de A Coruña] Los empleados de las empresas auxiliares de las centrales térmicas gallegas que perdieron su trabajo por el cierre de la minas de lignito pardo de Cerceda y As Pontes el 31 de diciembre de 2007 denuncian que los millones del plan Miner que el Gobierno central destinó para la recolocación de los “excedentes de la minería” no llegaron a los afectados. La comisión de representantes de los mineros de las empresas auxiliares del carbón de Meirama y As Pontes asegura que, tres años después de que se aprobara el programa para el desarrollo de las comarcas mineras, todavía “no se llevó a cabo ninguna de las contrataciones incluidas en los programas de reactivación industrial, y establecidas como condición para el acceso de las empresas a las ayudas”.


Con el cierre de la mina de Cerceda cerca de 150 empleados perdieron su puesto de trabajo. Algunos se incorporaron a la plantilla de la planta de Meirama, pero cerca de 60 continúan en el paro tres años después, según Alejandro Barreiro, portavoz de los mineros de las auxiliares de Cerceda, quien asegura que ninguno de los trabajadores afectados fue recolocado tal y como recogía el acuerdo para recibir las ayudas del plan Miner. Antes del 31 de agosto de 2010 se deberían haber reintegrado “a 42 trabajadores en Cerceda, además de los 48 nuevos empleos que se prometieron para 2009”, asegura.
Los representantes de los trabajadores de las subcontratas afectadas advierten de que la entrada en vigor del real decreto del carbón -que prima la quema de mineral autóctono y paralizará la actividad de las térmicas gallegas, que consumen importado desde el cierre de las minas de lignito pardo- va a generar en ambas comarcas un problema de desempleo “que no se resolverá con compensaciones para las empresas”, tal y como están demandando los alcaldes, “porque así no se garantizan puestos de trabajo ni se crea empleo”, según criticó Barreiro.
“En este caso no valen las compensaciones económicas para las empresas, no sirven de nada. Algunos compañeros pasaron a trabajar en la central (Meirama) tras el cierre de la mina y ahora no queremos que les pase lo mismo que a nosotros. Por eso pedimos que el decreto del carbón garantice la actividad de las centrales, porque el fracaso de las recolocaciones del plan Miner debe ser un precedente suficiente para rechazar las medidas compensatorias a las empresas”, declara Barreiro.
El alcalde de Cerceda, José García Liñares, por su parte, admite que el proceso de recolocación de estos trabajadores ha sufrido retrasos, pero asegura que el ayuntamiento está “a la espera de que se firme el convenio en Madrid” para poder llevar a cabo el programa y estima que en el plazo “de un mes” estas cuestiones podrán comenzar a resolverse.

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