Las contradicciones ‘verdes’ y las facturas del CO2 y del carbón avergüenzan a España ante la UE

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Zapatero da marcha atrás y se contradice con Morán, Aguilar y Ribera ante Bruselas: ya no respalda para Cancún el recorte del 30% del CO2 que busca la Unión
España destinará 3.500 millones más para llegar al 22,7% renovable en 2020, pero pagará 600 millones por dos años de incentivos al carbón autóctono
[Capital News] Quiso colgarse todas las medallas del CO2. Zapatero no dudó desde el principio en hacer del cambio climático la principal carta de presentación para buscar su sintonía con la Casa Blanca y en airear la promesa personal, desde antes de Copenhague, de servir a la mesa de los Veintisiete un gran acuerdo global de reducción de emisiones europeas hasta el 30% de Kioto. Pero ni habrá acuerdo, ni será ahora, ni Moncloa está ya en condiciones de abanderarlo. En el desfiladero entre la realidad y el ilusionismo, Zapatero se enreda y enreda a sus ministros de Medio Ambiente e Industria con su bandera del liderazgo verde y del cambio climático. El carbón, el cambio climático, las obligaciones de Kioto, la biodiversidad y hasta la transposición de la directiva del agua han terminado por desatar la guerra entre Bruselas, Ferraz, la subcomisión del Congreso y Moncloa y bloquear las posturas españolas ante la Unión. Es la propia CE la primera en recordarle que España paga la factura más cara de todos los Veintisiete por incumplir Kioto y que a contrapié del Ministro Sebastián y de Teresa Ribero, Zapatero y su lobby del CO2 levantan ampollas ‘verdes’ entre los Veintisiete y ante la ONU y la AIE. Le sacan los colores por las paradojas de un modelo energético que ha conseguido el más difícil todavía: pagar caras las renovables con tal de convertirse en el país de la UE que más incrementa sus objetivos 20/20; a pesar de la rebaja del consumo energético, incumple en 20 puntos los objetivos de Kioto y, aunque tiene que dedicar 683 millones de euros en dos años a compensar sus lagunas en CO2, hace lobby al carbón. Un modelo que se dispone a pagar 600 millones de euros en incentivos al consumo de carbón, aunque emita 25 tn anuales más de carbono, a cambio de cerrarle la puerta a 400 tn anuales de ahorro nuclear en CO2.


España suspende en movilidad sostenible y el estudio de la Comisión Mundial de la Energía deja sus niveles de eficiencia energética y captura de CO2 lejos de la media de los países industrializados. Zapatero estira la chequera del cambio climático para salvar su diplomacia energética -es el único de los 27 que ofrece 1.000 millones de ayuda en una década- , pero la consigna ya es sólo nadar y guardar la ropa ante Cancún, aunque París, Londres, Berlín y Bruselas denuncian la marcha atrás de Madrid en sus compromisos. La Secretaria de Cambio Climático, la ministra Rosa Aguilar y el Secretario socialista, Hugo Morán no se resignan a renunciar a la rebaja del 30% en las emisiones de CO2 para toda la UE, aunque a cambio le hacen sitio a un posible céntimo verde y a una mayor fiscalidad verde que la OCDE promueve para España. El Decreto de incentivos al carbón autóctono ya genero el conflicto de Madrid con los Comisarios Oettinger y Potocnik y ahora, el empeño en driblar las medidas cauteladísimas del TUE lo hace con Joaquín Almunia. Moncloa no se resigna a perder el tren ‘verde’ de la UE, pero mientras tanto lo echa en hombros de la industria con la compra de emisiones y de las empresas energéticas.
Zapatero intenta ponerle una vela a Dios y varias al diablo, pero además de salirle caras, le queman todos sus escaparates energéticos. Comenzó poniendo a entonar el mantra de la guerra al CO2 hasta a Leyre Pajín y José Blanco, de blog en blog. Nada que Miguel Sebastián pudiera tocar en un principio. Ahora, Rodríguez Zapatero se conforma con dejar las banderas del cambio climático europeo en manos de López Garrido; le han bajado ya los humos y las expectativas. Rosa Aguilar busca una partitura para la Cumbre de Cancún del Cambio Climático y aprende la cartilla de Copenhague que Espinosa y la Secretaria de Estado Teresa Ribera aún no acabaron de digerir. Sebastián rebela desde el primer momento en el escaparate exterior los daños colaterales del incentivo del consumo del carbón, más aún ahora que busca la cuadratura del déficit de tarifa que rebasa los 16.000 millones de euros y recortes a las primas del Régimen Especial. El ministro ha probado las aguas del rechazo de los liberales y los recelos del partido socialista europeo a su paso por Bruselas. Y no sólo la OCDE -por boca de la mismísima Cristina Narbona- el vicepresidente de la Fundación Ideas del PSOE, Jesús Caldera, la Agencia Internacional de la Energía y Washington le han sacado los colores a la promoción de carbón en un mix que presume de renovable.
Se lo ha dicho alto y claro Fatih Birol -el economista jefe de la AIE- a la secretaria de Estado del Cambio Climático: dar ayudas al carbón en un país de la OCDE puede llevar a distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2 al menos en 25 millones de toneladas más, nada que la Organización apruebe ahora que le recuerda además a España que está en el furgón de cola de los impuestos medioambientales, junto a Francia. España ocupa los últimos lugares, junto a Francia o Japón. Hacienda, ingresa sólo un 1,8% de su PIB gracias a los tributos verdes (frente al 4% de Holanda o Dinamarca). Y aunque las empresas tienen derecho a una deducción del 4% por inversiones que sirvan para proteger el medio ambiente, del 8% en actividades de innovación y del 25% en I+D, el Gobierno prevé que sólo 3.500 compañías apliquen la deducción por protección del medio ambiente y otras 2.446 se acojan a los beneficios fiscales por I+D.
El déficit de tarifa se ha disparado por encima de los 16.000 millones de euros, impulsado por las primas recibidas por las fotovoltaicas y las termosolares (el grueso de los 6.300 millones del Régimen General el año pasado); se ha decretado el cierre desde 2013 de la central nuclear de Garoña desoyendo los informes técnicos favorables a su funcionamiento y el ahorro de 400 millones de toneladas de CO2 anuales y se ha impuesto por decreto la utilización del carbón nacional -un 30% más caro y contaminante que el importado y con un tercio menos de poder calorífico- a costa de los ciclos combinados, más limpios y eficientes. Un balance que contamina a todo el sector y se lo pone más difícil al escaparate ‘verde’ y ‘sostenible’ que Rosa Aguilar, Miguel Sebastián y el propio Zapatero tratan de vender ante Bruselas, la ONU y la AIE para conseguir, a cambio, benevolencia y subvenciones para su carbón. Lo justo para dar un paso atrás ante Bruselas, Londres, Copenhague y Berlín con los compromisos que España lideró en el primer semestre de 2010 junto a Bélgica y tener que renunciar a la posibilidad de ampliar el recorte de CO2 hasta el 30% en 2020, como quiere impulsar ahora la Unión Europea. La UE está ahora en el 14% de recorte y en condiciones de alcanzar el 20% prometido en 2020, pero es la Comisaria Hedegaard la primera en insistir en que ese porcentaje es insuficiente para alcanzar el 85%-90% de reducción buscado para 2050 y para contener el incremento de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados sobre la era preindustrial.
La Comisión busca aprovechar la menor demanda energética en los mercados de los Veintisiete por la crisis (un 4% medio) y el abaratamiento de la compra de derechos de emisión hasta un 50% desde Kioto para desempolvar la oferta que hizo en 2007 y pasar del recorte del 20% al 30% si otros bloques lo hacen. Un esfuerzo conjunto que la propia CE valora en 81.000 millones de dólares (poco más que los 70.000 previstos inicialmente para alcanzar la reducción del 20%), pero que a cambio podría incrementar la competitividad de la industria europea, crear nuevos empleos, incrementar la seguridad energética y reducir el consumo, con lo que el ahorro en importaciones podría llegar hasta los 40.000 millones de aquí a 2020. Es, en todo caso, un techo que Madrid no podrá secundar, ni de lejos.
La ministra Rosa Aguilar ha estrenado cartera, esta misma semana, entre la espada de la Unión y de la Cumbre de Cancún de Cambio Climático de la ONU y la pared de Moncloa. No hacía falta, pero ha sido el mismísimo ex Secretario General de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Yvo De Boer, el que ‘invitaba’ a España antes de sacar pecho, a mirar a su propias debilidades medioambientales y a que “invierta en que la economía española sea más limpia y eficiente”, en lugar de acudir a los mercados internacionales de carbono para cumplir el Protocolo de Kyoto. El ahora asesor global en materia de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG recordaba a Moncloa: “al final España tendrá que cumplir su obligación” ya sea de una forma u otra. No olvida que durante el semestre español Rodríguez Zapatero insistió en hacer de Barcelona el escenario de un preacuerdo al que ni Washington ni la UE ni el mismísimo responsable de la ONU en la lucha contra el cambio climático, Yvo de Boher, le veían posibilidades.
Hoy, seis meses después, ni la radiografía de la Agencia Internacional de la Energía, ni los últimos informes de organismos internacionales ayudan a su ‘corona verde’. El estudio de la Comisión Mundial de la Energía (CME) ‘Energía mundial y política ambiental: Evaluación del año 2009’ -con la vista puesta en la inversión en tecnología, la adopción de medidas de eficiencia energética y la captura y el almacenamiento de CO2- deja a España por debajo de la mitad del grupo de los países más ricos analizados, con una calificación de un 6,7, la misma que a Eslovenia. Madrid camina hacia el corazón de Europa de espaldas a las recetas comunitarias para el cambio climático: España destaca en la ayuda a los países pobres contra el cambio climático -invirtió en 2008 más de 200 millones de euros- pero “no investiga lo suficiente en energía verde”.
Suspende en movilidad sostenible, las emisiones de CO2 producidas por la movilidad de pasajeros -excluyendo aviones y barcos- han aumentado casi un 90% desde 1990, al mismo nivel países con mucha más población, como Francia, Italia o Reino Unido, y que triplican las de Polonia, que tiene casi los mismos habitantes que España. Y ni los 100 millones de euros que España prometió en Copenhague para ayudar a combatir el cambio climático opacan que el Gobierno español decide intervenir en favor de la fuente de energía que más CO2 produce y que gracias a su nueva ‘receta’ del carbón emitirá -con la misma producción eléctrica- al menos 25 millones de toneladas de dióxido de carbono más. Son una de las manchas más visibles desde los organismos internacionales en el mapa energético español. Y es que con cada palada de las promesas mineras de Zapatero no ha hecho más que escocer en las heridas del compromiso de la reducción de emisiones de dióxido de carbono españolas y las lagunas ‘verdes’ del modelo energético español. “Este año estábamos mucho más contentos, porque el éxito del contexto regulatorio, de apoyo a las renovables y de poner precio al carbono, hizo que ese recorte ocurriera mucho más rápido. Es mucho más eficiente generar con viento que con carbón. Pero tenemos un problema social”, confesaba Ribera en 2009. Nada que, en plena batalla del carbón socialista, en la Secretaría de Cambio Climático se hayan atrevido a repetir en público.
UN SUSPENSO MUY ‘CARO’ EN EMISIONES
Ni las ventajas de que Bruselas tomase 2005 como año de referencia -el peor de emisiones en España por la sequía-, ni abrupta caída en los últimos dos años del consumo y una producción eléctrica ya superior al 33,1% entre renovables y cogeneración han impedido que España siga incumpliendo las líneas rojas marcadas en Kioto y recibiendo los tirones de orejas de la Comisión Europea, que según un reciente informe (y a la vista de que España cerró el año 2009 con un +28%), prevé para España, en el mejor de los casos, superar en 20 puntos su compromiso, un aumento real será del 35%, lejísimos del mapa prometido en tiempos de Cristina Narbona, que aspiraba a reducir las emisiones de CO2 un 30% el transporte, el comercio o la agricultura para el 2020, a cambio de una factura del 0,02% del PIB. La posición de furgón de cola de España como uno de los mayores contaminantes de Europa tiene un coste de 638 millones de euros, el mayor de un país de la UE, para poder cumplir el compromiso de que las emisiones en el período 2008-2012 sean un 15% superiores a las de 1990 y no del 35%, como apuntan las proyecciones de Bruselas. Una penalización muy por delante de Austria (que dedicará 531 millones a estos mecanismos de desarrollo limpio), Países Bajos (507 millones), Luxemburgo (360 millones) y Portugal (305 millones). Además, España espera lograr un recorte adicional de emisiones del 2% mediante actividades de forestación y reforestación, que crean “sumideros” ecológicos que absorben dióxido de carbono de la atmósfera. En 2007, año anterior a la crisis, solo el carbón supuso el 18´5% de las emisiones de CO2 en España y casi el 32% en Aragón. Por eso el intento de mantener el carbón como fuente energética empuja al incumplimiento práctico de Kioto y hace casi imposible cualquier compromiso posterior que vaya más allá.
Como detalla el 50º Observatorio de de la Electricidad de WWF, las emisiones totales de CO2 han subido un 7% en septiembre respecto al mes anterior “principalmente, por el aumento de la producción de electricidad con carbón” y entre las 40 plantas de generación eléctrica más contaminantes de España que acaba de identificar la CNE todas son de fuel, de fuel-gas y de carbón. Las emisiones de las centrales térmicas de carbón aumentaron un 10,4% el pasado mes respecto a septiembre del año pasado y la quema de carbón para producir electricidad generó el 55% de las emisiones producidas por todo el sector energético en la península; otro 43% de esas emisiones salieron de las centrales de ciclo combinado de gas natural y el resto, de las centrales de fuel. A pesar de ello, las emisiones acumuladas de CO2 hasta septiembre de 2010 fueron un 37% inferiores a las que se registraron en 2009, gracias a una mayor producción con renovables (un 10,25% superior), una menor producción de electricidad con combustibles fósiles respecto a 2009 (un 7,8% menos) y una caída de la demanda eléctrica del 3,7% en septiembre.
“Gracias” a la crisis, en 2009 la UE disminuyó en un 6,9% sus emisiones de CO2, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA). De acuerdo con esta cifra, la reducción global de emisiones por parte de los Veintisiete sería del 17,3% en comparación con los niveles de 1990, cercana al objetivo comunitario del 20% para 2020. Pero en lo que respecta a los 15 Estados miembros que firmaron el Protocolo de Kioto, el balance es negativo, con un aumento del 12,9%, por encima de la subida del 8% como máximo a la que se comprometieron. La industria es el único de los grandes sectores que ha logrado en España una reducción de sus emisiones, en un 35% desde 1990. La energía, en cambio, que en 1990 generaba casi dos veces y media menos que la actividad industrial, se sitúa por encima, con más de dos millones de toneladas emitidas al año. En 20 años, ha multiplicado casi por tres sus emisiones de gases de efecto invernadero, aunque a 30 de septiembre de 2010, las emisiones del sector eléctrico se situaban un 15% por debajo del año anterior y un 1,5% de descenso en el sector transportes. El transporte desde que en 2005 rebasó a la industria se ha mantenido en el segundo lugar, pero la contaminación aérea cayó en España un 20% en 2009.
Lo sabe el ministro de Industria: estira la ‘manta de las renovables’ ante la UE para intentar cubrir el resto de sus zozobras del CO2. Es el propio Sebastián el que, a la búsqueda aún de una ecuación para las fuentes de generación, reconocía que su mix de generación no puede seguir así, después de un año en el que las primas se le dispararon el déficit con 6.215 millones para el Régimen Especial. Pero España, no contenta con cumplir con el 20% del consumo de energía final procedente de renovables que exige la Unión Europea y su Paquete Verde para 2020, es (junto con Suecia y Holanda) el único de los Veintisiete que redobla sus apuestas verdes: se acaba de comprometer a un objetivo del 22,7%, 2,7 puntos por encima de lo exigido. Un ‘órdago’ renovable que, según los cálculos de Sedigás supondrá un esfuerzo adicional para el sistema de generación eléctrica de 3.700 millones de euros en primas. Pero que, a cambio, no aclara el impacto de su modelo ‘renovable’ en las emisiones de Co2. Tras los cambios en el borrador del Paner que publicó el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la versión definitiva del documento enviada a Bruselas recorta el volumen esperado de reducción de emisiones de GEI por el uso de las energías renovables, desde 678 millones de toneladas de CO2 a 186,8 millones, en la versión definitiva. Una reducción del 72% que resulta especialmente significativa si se compara con las estimaciones previas realizadas por APPA, que cifraba en 661 millones la reducción producida por la generación eléctrica.
ZAPATERO PLIEGA VELAS, SUS MINISTROS NO
Ante las dudas, Zapatero ha optado por el bajo perfil ‘verde’ y pliega las velas de sus alardes. Cancún -decía el Presidente en pleno Consejo Europeo de Bruselas- será sólo “un paso más” frente al cambio climático y los acuerdos en el marco de la ONU. Nada de compromisos, menos aún con apellidos españoles. Lo hacía justo cuando el comunicado final de los 27 subraya la urgencia de un avance “significativo” en México del 29 de noviembre al 10 de diciembre para un acuerdo vinculante contra el cambio climático. Ni la zancada atrás de Moncloa opaca que, tras el coro disonante del Ejecutivo, sus Secretarios de Estado, sus ministros, Ferraz y los barones regionales hay una auténtica ‘guerra’ española del CO2. Y es que la consigna del Presidente llegaba tan sólo dos días antes de que el Secretario de Medio Ambiente1 y Desarrollo Rural del PSOE, Hugo Morán, en el Congreso de los Diputados advirtiera que “una respuesta insuficiente de los gobiernos en Cancún sería un fraude a los ciudadanos” y de que la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, apostara por exigir un acuerdo vinculante en la mexicana Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP16) que actualice Kioto. Es el mismo discurso, en realidad, con el que la delegación gubernamental española regresaba de la 32ª sesión plenaria del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático (IPCC) en Busan (Corea). El mismo con el que Rosa Aguilar pretende darle un estreno internacional a su cartera: “en el compromiso de España con Kyoto no nos podemos permitir el lujo de fallar por esperar a otros antes de empezar”, advierte aún a riesgo de chirriar criterios con Moncloa.
ICV propone un Pacto del Clima para situar la lucha contra el cambio climático en la agenda política, tal y como han hecho Francia, California (EE UU), o Escocia. Pero para los barones socialistas, con Barreda al frente, el desafío es adelantar por la derecha en objetivos sostenibles. Castilla-La Mancha es una de las primeras regiones que incluye planes de adaptación en su política frente al cambio climático. Por vez primera en los últimos 11 años, Euskadi cumplió el pasado ejercicio el Protocolo de Kioto sobre contaminación y desafía a Moncloa con la puesta en marcha de una oficina vasca de cambio climático y una ley específica, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de alegaciones. Con ella, las diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales vascas deberán aprobar programas propios contra el cambio climático antes de que finalice 2014 y todas las administraciones y entes públicos tendrán que disponer de objetivos individualizados de reducción de sus emisiones contaminantes ya para 2013.
Ahora al igual que la delegación española en el Parlamento Europeo, Rosa Aguilar y la secretaria de Cambio Climático se han encontrado ya con los recelos del ministro alemán de Medio Ambiente, Norbert Roettgen; su homólogo francés, Jean-Louis Borloo; y Chris Huhne, el secretario británico del cambio climático. Alemania adoptará una meta unilateral del 40%, y el comité auditor ambiental aconsejó al gobierno del Reino Unido alcanzar un 42%. Ni en el Elíseo, ni en Downing Street ven con buenos ojos los zigzagueos del discurso oficial de Moncloa. Un mar de dudas y contradicciones en el que tampoco encuentran cómo pescar certezas los principales sectores empresariales e industriales españoles. Demandan -como en toda la política energética- un acuerdo de larga duración, legal y con metas claras, aunque sean ambiciosas. Las compañías elaboran sus inversiones y planes estratégicos a largo plazo. Aunque durante el año pasado las empresas españolas ganaron 171 millones en la bolsa de dióxido de carbono (CO2), la incertidumbre les obligará a mantener en el aire sus estrategias ambientales y rediseñar los presupuestos destinados a comprar derechos de emisión. Más aún si crecen los compromisos europeos de reducir las emisiones un 10% más de lo previsto como catalizador para un acuerdo internacional.
DAÑOS COLATERALES DEL CO2 A LAS EMPRESAS
Menos del 14 por ciento (13,92%) de las industrias españolas ha valorado el impacto del precio de la tonelada de dióxido de carbono (C02) de aquí a 2020 en su actividad y el precio final de su producto, pese a que el 72,5% coinciden en que el precio por tonelada de CO2 irá al alza hasta esa fecha, según el informe ‘Los mercados de Carbono en España’ realizado por Factor C02 Trading. Entre 2005 y 2007 los gobiernos dieron “muchos” derechos de emisión a sus industrias, más de los que se demandaban en realidad, lo que provocó que se pasara de los 30 euros por tonelada en 2006 a casi cero euros por tonelada de CO2 en 2007, cuando el mercado del carbón movía unos 27.000 millones de dólares al año. A continuación, en el periodo 2008-2012, las emisiones bajaron, en parte por el descenso de la actividad económica, mientras que las industrias volvieron a recibir más derechos de los que han consumido y los pueden utilizar en el futuro, en virtud del escenario 2013-2020 en que la UE asignará de forma global los derechos de emisión.
Además, a los fondos recaudados con el recorte de emisiones hay que añadir los 21.300 millones que los países firmantes de Copenhague en 2009 se propusieron destinar a países en vías de desarrollo antes de 2012. España aportaba en octubre 13 millones contra el cambio climático de los 125 (un 5,2% de la UE) que se ha comprometido a entregar entre 2010 y 2012 al Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial que se creó en 1991 para luchar contra el cambio climático. Pero no son sólo los grupos ecologistas los que han recordado en el bautismo público de Aguilar que Moncloa y Ferraz han ‘olvidado’ aprobar un paquete de leyes (prometidas por los Ministerio de Industria y el MARM) encaminadas la sostenibilidad energética: Ley para el Fomento de las Energías Renovables, Ley de Fiscalidad Ambiental y Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. España suspende en movilidad sostenible y el estudio de la Comisión Mundial de la Energía deja sus niveles de eficiencia energética y captura de CO2 lejos de la media de los países industrializados. El Consejo Mundial de la Energía la sitúa entre los gobiernos con peor eficiencia energética de los países ricos. Y el G20, la OCDE y la AIEA le advierten de que la ecuación de la energía limpia y sostenible pasa por la nuclear, una fórmula que Zapatero no quiere digerir. Y no es el director de la Asociación de edificación sostenible Green Building, Luis Álvarez Udem, el único que recuerda que a falta de entre 1990 y 2005, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera aumentaron un 200% debido al auge del sector de la construcción en los últimos 15 años y al mal aislamiento de los edificios. “Si no se actúa sobre los edificios existentes en España, no cumpliremos con el compromiso de Kyoto”, avisa. Sus luces rojas coinciden con el informe, esta semana, de la Agencia Internacional de la Energía, que recomienda expedir certificados de eficiencia energética para edificios en todos los países para ahorrar más de 1.500 millones de toneladas de petróleo y contribuir a reducir las emisiones de CO2 en 12.600 millones de toneladas en el horizonte de 2050.
Lejos quedan los discursos de Zapatero en Bruselas, durante la presidencia española de la Unión, cantando las alabanzas de la biodiversidad patria. La ministra Rosa Aguilar lo acaba de sentir en carne propia, en su primera cita oficial exterior: ha vuelto de la cumbre sobre Diversidad Biológica (COP10) de Nagoya (Japón), con el compromiso de proteger el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas marinas del planeta para 2020. Ya la Conferencia europea Meta y visión post-2010 en materia de biodiversidad, organizada en Madrid por la Presidencia Española de la Unión Europea, certificó que España -que ocupa el lugar 19 de los países que más “presionan sobre la biodiversidad” y necesita ya hoy 3,5 países para satisfacer el consumo de recursos naturales- “no había sido capaz de conseguir los objetivos que se había marcado”, que se había quedado muy corta en políticas sectoriales en agricultura o industria y que ha olvidado la aprobación urgente del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural. España es la que más superficie protegida aporta a la red europea. Durante el periodo 2008-2009 se declararon casi 100 espacios protegidos nuevos, la gran mayoría de pequeño tamaño: 135.000 hectáreas, de las cuales un 3% son marinas. Ha mejorado su huella hídrica, al pasar de ser el quinto país más voraz hace dos años, a situarse en el vigésimo quinto puesto de unos 200 países analizados. Pero sólo el 1% de la superficie marina en España está protegida, frente al 10% que ha marcado Naciones Unidas en 2012. Pese a ser una obligación legal, las comunidades autónomas carecen de planes de recuperación de las especies amenazadas, o de planes de gestión de los espacios protegidos, y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino dedica menos del 1% de su presupuesto a la conservación de la biodiversidad. A casi tres años de su aprobación, la Ley de Patrimonio está prácticamente bloqueada por la falta de recursos.
LAS MANCHAS DEL CARBÓN ESPAÑOL SALPICAN TAMBIÉN EN EUROPA
Las contradicciones ‘verdes’ de Moncloa, el empeño en sostener en la misma ecuación los alardes en generación renovable, los silencios nucleares, la prórroga al consumo de carbón autóctono (un 30% más contaminante) y la ausencia de Ley de Eficiencia, se han convertido ya en una patata caliente que enfrenta a los eurodiputados socialistas entre sí y con Ferraz, Moncloa y la Comisión Europea. Los desencuentros sobre el carbón son sólo una de sus aristas. El vicepresidente y Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, quemó entre abril y septiembre ya sus propias naves con los Veintisiete para lograr un visto bueno al Real Decreto de incentivo a la quema del mineral español en las centrales eléctricas: el Comisario tuvo que encarar no sólo las reticencias -lógicas- de Comisario de Medio Ambiente, e incluso el de Energía, Günther Oettinger, a pesar de ser alemán. Ahora que el TUE de Luxemburgo está a punto. Además, el Reglamento con fondos comunitarios al carbón salta todas las chispas: ni en París, ni en Londres ven con buenos ojos la posibilidad de prorrogar más allá de 2014 el Plan de Ayudas para tres estados miembros de la UE que no han llegado a 2010 con los deberes hechos” y han incumplido los plazos establecidos hace ocho años: Alemania, España y Rumanía, así como alguna otra actividad marginal en Polonia y Centroeuropa.
Oettinger se ha tomado como algo personal el futuro del mercado germano, que junto con el español se repartía la mayor parte de los 2.700 millones de euros de ayudas anuales públicas al sector carbonero de la Unión. Pero Alemania tiene ya aprobado un Plan nacional vigente hasta 2018. Y las explotaciones polacas tienen posibilidades de sobrevivir, ya que al ser grandes minas a cielo abierto están al límite de la rentabilidad. Ya con el Real Decreto de incentivo al consumo de mineral autóctono de 29 de septiembre, Joaquín Almunia tuvo que comprometer, (para que Bruselas concluyera que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas), el peaje -de manos del Gobierno español- de que, con cualquier escenario en la UE, España pondría punto final a esas ayudas públicas en 2014. Y esta vez el futuro del Reglamento comunitario ya no dependerá de él, ni siquiera de la Comisión Europea. “En la Unión nadie defiende las subvenciones a la extracción de carbón”, advierte Almunia: en el sector de la energía “lo caduco es subvencionar de forma permanente una actividad económica. El futuro pasa por actividades que generen empleo, no aquéllas con más pasado que futuro”.
Moncloa encadena las facturas de sus suspensos sostenibles. No hace ni un mes que fuentes gubernamentales hacían saber a través de las agencias que el Gobierno “ni se plantea ni estudia” la aplicación de un impuesto a los carburantes para financiar las renovables y compensar las emisiones de CO2 del sector petrolero. Pero hoy, salvo las tasas nucleares e hidráulicas -una opción rechazada expresamente por la mayoría del Congreso en septiembre tras una moción de ERC-IU-ICV- todas las bazas se barajan de nuevo en la mesa de Sebastián, aunque con el ‘céntimo verde’ Moncloa se ha ocupado, durante este tiempo, de dejar -o al menos que lo parezca- la ‘llave’ a esa fiscalidad verde en manos del marco para su aplicación que vaya estableciendo la UE. Una línea roja que, en sentido estricto ya podría ‘saltarse’ España. Industria ha llevado a la Subcomisión del Congreso las propuestas de las renovables para ‘compartir’ con las gasistas y las petroleras las facturas del Régimen Especial.
Zapatero busca puntos de fuga en Castellana 160 para rezagar la rebaja de las emisiones, prolongar hasta 2020 la inercia del boom renovable y hacerlo sin dejar de incentivar el carbón autóctono. Pero no puede ocultar que, con la polémica del Real Decreto y la negociación del Reglamento, han estallado todas las fisuras en la ‘Casa Socialista’. Mientras la Comisión de las Regiones liderada por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, pide la continuidad de las minas hasta 2020 en sintonía con el actual Secretario General del PSOE, el aragonés Marcelino Iglesias y el secretario regional del PSOE castellano, Óscar López, a Ferraz se le rebelan los socialistas gallegos: su Secretario General Pachi Vázquez aplaude la aplicación de medidas cautelarísimas del tribunal de la UE sobre decreto del carbón y advierte que dará un ‘golpe en la mesa’ por defender Galicia y neutralizar los daños colaterales del consumo de carbón nacional sobre las térmicas gallegas de Meirama y As Pontes, que cumplen con Kioto por su consumo de carbón importado y sus sistemas de carburación adaptada.
La Comisión Económica del PE será la que realice ahora el informe, de carácter no vinculante, sobre el reglamento de las ayudas al carbón, pero después de un semestre de presidencia de la UE en el que la consigna era ‘mejor no meneallo’ y el ministro dejó al Secretario de Estado Pedro Marín y hasta a los barones autonómicos socialistas el trabajo de lobby en Bruselas, ahora Sebastián ha aceptado encabezar formalmente una delegación española para buscar consenso con Alemania y Polonia y tratar de forzar una prórroga a las ayudas estatales más allá del horizonte de 2014 por la que abogan la Comisión y la mayoría de los miembros del Consejo Europeo. La Delegación socialista en el Parlamento Europeo, encabezada por María Muñiz, Antonio Masip, Iratxe García, Inés Ayala, Miguel Angel Martínez y Sergio Gutiérrez ha ido mucho más lejos que la propuesta de los diputados alemanes (ampliación sólo hasta 2018) y ha presentado ya enmiendas a través de un informe que se votará en el Europarlamento en noviembre para defender la continuidad del sector de la minería del carbón más allá del año 2.020 y la vinculación de las ayudas a la competitividad de las minas y no al cierre de la actividad en el nuevo reglamento que se cerrará a finales de este año. Buscan ahora la sintonía con el Grupo Parlamentario Popular en Bruselas: un puñado de diputados se ha ofrecido a hacer causa común con los de Jáuregui, a pesar de la enmienda formal de Alejo Vidal- Quadras, solicitando el final de las subvenciones al carbón español. Pero, ni en Ferraz ni en Moncloa olvidan que la opinión de la Eurocámara sólo es consultiva y que la última palabra, en manos del Consejo, sólo podrá impedir que se apruebe un reglamento con ayudas vinculadas al cierre en 2014 si hay un voto en contra por unanimidad de los Veintisiete Estados miembros.

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