Menos humos en la guerra del carbón

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Portavoces socialistas gallegos acercaron posturas en Madrid con las comunidades defensoras del decreto del Gobierno pero no hubo acuerdo
[La Opinión de A Coruña] Con todas las miras puestas en el nuevo combate de la guerra de divisas entre EEUU y China, Galicia y sus comunidades vecinas tratan de acercar posturas en la guerra del carbón, sobre todo ahora que el Tribunal de Luxemburgo y la Audiencia Nacional pusieron trabas a la norma del Gobierno central que prima el consumo de mineral autóctono. Galicia, la comunidad que saldrá más perjudicada si el decreto del carbón ve la luz al contar con dos térmicas de carbón importado, se enfrentó sola a Castilla y León, Asturias y Aragón, las tres más afectadas por la paralización del nuevo reglamento, y al Ministerio de Industria, que defiende la legalidad del texto. La batalla tuvo lugar en la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, donde se reunieron portavoces socialistas de las regiones y comarcas afectadas por la crisis del carbón. No hubo acuerdo ni se firmaron soluciones para acabar con las discrepancias de detractores y defensores del decreto, pero sí consenso para respetar y tener en cuenta todas las posturas, un derecho por el que Galicia luchó desde el primer momento.


La comunidad estuvo representada por Pablo García, secretario de Organización del PSdeG, y Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes -uno de los principales impulsores de las protestas contra la norma del Ejecutivo central junto al regidor de Cerceda, José García Liñares-, y el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, que continúa en el cargo pese a los rumores de su dimisión y de su candidatura a la Dirección de la Agencia Internacional de Energía Renovable, fue el moderador.
La postura del Ministerio de Industria se mantiene firme, asegura que el decreto no afectará a Galicia y en caso de que eso ocurra ya se estudiarán medidas para paliar su impacto. Y a pesar del acercamiento de posturas con el resto de comunidades, Valentín González no ve soluciones a la crisis del carbón a corto plazo, sino todo lo contrario. “El concurso eólico de Galicia está a punto de resolverse mientras defendemos la producción con carbón importado; Zapatero anunció que la economía verde generará cerca de un millón de empleos en diez años pero hay que aprobar ayudas para el carbón nacional, a la vez que se tienen que reducir los gases contaminantes. Queremos ser los campeones en todo y eso no puede ser, y menos en época de crisis”, concluyó.
El alcalde reconoce que en la reunión de ayer otras comarcas reprocharon la actitud de Galicia por luchar contra el decreto “cuando no ha habido ningún impacto todavía” mientras otras regiones sufren ya por la paralización de las ayudas. “El alcalde de Villablino (León) comentó que él tienen que hacer frente a un ERE que afectará a todas las familias del pueblo si la situación no mejora”, desveló González Formoso.
“Nosotros tratamos de explicar que no estamos ni nunca estuvimos en contra de las ayudas al carbón nacional, y pedimos al resto de comunidades afectadas que no intenten trasladarnos a nosotros los problemas que ellos tienen ahora”, añadió el regidor pontés.
La propuesta de los socialistas gallegos para consensuar todos los intereses fue repartir el impacto del decreto del carbón entre el resto de tecnologías del mix eléctrico, sobre todo los ciclos combinados, ya que las renovables tienen preferencia en la Red Eléctrica de España. La iniciativa fue bien acogida por el resto de comunidades, ya que, según el alcalde de As Pontes, “están dispuestas a firmar cualquier cosa que no implique mermar sus peticiones y que no retrase la aplicación del decreto”, pero hay “otros sectores” a los que no agrada la idea, como es el caso de las eléctricas.
El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró, por su parte, que Galicia “seguirá recurriendo” el decreto del carbón ante la Unión Europea y la Audiencia Nacional porque el Gobierno central “sólo busca atender a los intereses electorales” del PSOE en ciertas comunidades y no a los “intereses generales” de los españoles.

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