Hasta 500.000 euros por incumplir la ley de Igualdad de Trato

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La seriedad con que se ha tomado el Gobierno de Zapatero su ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación se observa en las sanciones previstas para los infractores. Los que no cumplan esta norma se enfrentan a multas que van desde los 150 euros (para las infracciones leves) hasta los 500.000 (para las muy graves), pero la ley es tan poco precisa a la hora de valorar el grado de infracción que al final todo quedará en manos del órgano administrativo sancionador.
Cuando las infracciones sean muy graves y los hechos sancionados tengan una relevancia «extraordinaria» (no se define qué es extraordinario), los órganos administrativos competentes podrá imponer una sanción accesoria, además de la multa, que podrá ser la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de ayudas oficiales que la persona sancionada tuviese reconocidos o hubiera solicitado, el cierre del establecimiento en que se haya producido la discriminación o el cese de actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora.
Las sanciones se aplicarán con arreglo a varios criterios, que dejan la puerta abierta a la interpretación y la subjetividad: la intencionalidad de la persona infractora, la naturaleza de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la repercusión social de las infracciones, la reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza y el beneficio económico que se hubiera generado para la persona autora de la infracción.


De leve a muy grave
Tendrán la consideración de infracciones leves (entre 150 y 10.000 euros) las conductas que incurran en irregularidades «meramente formales por la inobservancia de lo establecido» en la ley siempre que no tengan el carácter de grave o muy grave. Será infracción grave (entre 10.001 y 60.000 euros) el acoso discriminatorio, así como las represalias y el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico. La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año se considerará ya grave.
Se considerarán infracciones muy graves (entre 60.001 y 500.000 euros) las conductas de acoso discriminatorio cuando impliquen vejaciones graves en los derechos fundamentales de las personas o generen un grave perjuicio económico o profesional de las mismas. También será sancionada con esas multas la presión grave ejercida sobre las autoridades y empleados públicos, en el ejercicio de las potestades administrativas para la ejecución de las medidas previstas en esta ley. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores y la imposición de las correspondientes sanciones corresponderá a cada Administración Pública en el ámbito de sus competencias.
El anteproyecto también prevé que cuando resulte necesario para proteger los derechos de la víctima, los jueces y tribunales podrán acordar la restricción o interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de internet.
El PP pide al Gobierno que haga «más políticas reales de igualdad de trato y menos marketing» en alusión a la nueva iniciativa legal que prepara el Gobierno. María Dolores de Cospedal, que se refirió en estos términos al asunto, resaltó cómo la puesta en marcha de la ley coincide, por un lado, con un escenario electoral y, por otro, proviene «del Gobierno que ha hecho el mayor recorte de derechos sociales de la democracia».
Tras asegurar que no conocen el contenido de una ley-estrella para la recta final de la legislatura, sí planteó sus dudas sobre el sistema de sanciones que pretende imponer y por el cual, «parece que hay que demostrar la inocencia» en lugar de la culpabilidad. Recordó, tal y como ha informado ABC, que informes del CGPJ han alertado del riesgo de que con esta nueva ley se solape la tarea de otros organismos e instituciones del Estado, con los que pueda entrar en colisión, y expresó su temor de que se organice un sistema de «comisarios políticos» para la aplicación de un texto que calificó de intervencionista y que avanza, dijo, en la política prohibiciones puesta en marcha por el Gobierno socialista.
«La igualdad hay que demostrarla todos los días», sentenció la «número dos» del PP que calificó de «vergonzoso» el incremento imparable de las víctimas por violencia de género o que el Gobierno se haya negado de momento a condecorar a las policías que fueron denigradas en la frontera de Melilla este verano sólo y exclusivamente por ser mujeres.

Denuncias por alquiler

Desde el sector del alquiler, uno de los que más pueden verse afectados por la ley, consideran que ésta puede generar un «aumento considerable de las denuncias entre particulares, atascando aún más los juzgados y sin resolver finalmente los posibles casos de discriminación que se estén dando en el sector», según indicó Gustavo Rossi, Presidente de Alquiler Seguro. Destaca que el 19.2 del anteproyecto «coloca a todos los propietarios ente la situación de tener que probar su inocencia en sus legítimas decisiones en la selección del inquilino, tirando por tierra la presunción de inocencia que nos ampara a todos y todas».
Destaca en este sentido que el derecho a la igualdad y a la no discriminación de trato ya está recogido en los artículo 13 y 14 de la Constitución, por lo que no creen necesaria una ley «ad hoc». «Introducir un texto legal puede ser una fuente de polémicas creadas artificiosamente con la finalidad de distraer la atención de problemas más graves por los que se atraviesa este país», manifestó Rossi.
El peso de la ley
Las multas
Las infracciones leves tendrán como sanción entre 150 y 10.000 euros. Las graves recibirán una multa entre 10.001 y 60.000 euros. Las graves irán desde los 60.001 hasta los 500.000 euros.
«Extraordinario»
Cuando las infracciones sean muy graves y los hechos tengan una relevancia extraordinaria, habrá sanción extra, como la supresión de ayudas oficiales o el cierre de un establecimiento.
Criterios para sancionar
El anteproyecto de ley recoge hasta siete criterios, poco concretos y sujetos a interpretación, como la intencionalidad del infractor y la repercusión social de las infracciones.
Internet
Cuando «resulte necesario para proteger los derechos de la víctima», los jueces y tribunales podrá acordar la interrupción de la prestación de servicios o retirada de datos de internet

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