Un juzgado saca a subasta los derechos mineros de Picobello

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Un juez decreta la venta pública de 572 pertenencias mineras, cuyo valor asciende a cerca de 46 millones de euros, tras la demanda del ex director general por motivos salariales
[La Opinión de A Coruña] El Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña ha sacado a subasta pública los derechos mineros de la concesión que la empresa Picobello Andalucita SA tiene en el municipio de As Pontes. Esta entidad, que promovía una mina de andalucita en las inmediaciones de As Fragas do Eume, en la parroquia de Goente, pierde ahora sus derechos en las 572 pertenencias mineras de la concesión de explotación Sonsoles IV, con una duración de 90 años a contar desde 1973, valoradas en un total de 45.702.501 euros, según publicaba el Boletín Oficial de la Provincia el pasado martes.


Esta subasta, según explica el colectivo Fusquenlla, surge a raíz de una demanda interpuesta por el ex director general de la compañía anglosurafricana Pedro Martínez Recio por motivos salariales. Esta concesión minera se encuentra en la actualidad embargada por la Tesorería Xeral da Seguridade Social.
Este proyecto minero suscitó el rechazo de una decena de grupos ecologistas por el impacto ambiental que supondría en un paraje natural como As Fragas do Eume, que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por supuestas irregularidades que aseguraron que existen en la declaración de impacto ambiental que la Xunta dictaminó favorable en febrero de 2010. Esta denuncia fue admitida a trámite.
Entre otras cuestiones, los ecologistas advertían de que se omitía de forma deliberada la afección a la cuenca del río Belelle con el objetivo de ocultar que la mina “provocaría su desaparición”.
La plataforma reclamó ante la Fiscalía la paralización del proyecto por considerar que dañaría gravemente As Fragas do Eume. Advirtieron de que la mina se situaría a escasos cincuenta metros del parque que, en opinión de los ecologistas, era una separación insuficiente para preservar este paraje natural de los trabajos que se desarrollarían para la extracción de andalucita, un mineral escaso y muy codiciado por su alta resistencia a las altas temperaturas sin sufrir deformaciones.
La empresa Picobello Andalucita SA, con capital británico y surafricano, solicitó en los últimos años diversas subvenciones a la Administración pública y le fueron concedidas ayudas por un valor de cerca de seis millones de euros hasta el momento. A principios de este año, hecho del que informó LA OPINIÓN, la compañía, además, pidió al Gobierno central una prestación de siete millones de euros para la puesta en marcha del proyecto de explotación de la mina de andalucita en As Pontes, en las ayudas convocadas por el Gobierno central para la reindustrialización de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, recogidas en los presupuestos del presente ejercicio. La entidad se comprometía a la creación de doce puestos de trabajo en la explotación minera. La ayuda le fue denegada.
Fusquenlla critica que los organismos públicos no tengan reparos a la hora de conceder permisos y subvenciones a empresas que no cumplen “los requisitos necesarios de solvencia y responsabilidad”. Denuncia que estos hechos no conllevan responsabilidades para los representantes políticos. “Somos los ciudadanos los que pagamos (…) los fraudes (…) de un sector empresarial”, lamenta.

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