El Gobierno en funciones de Zapatero dejará aprobado el reglamento de la Ley Sinde

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El Gobierno está a punto de aprobar por Real Decreto el reglamento que desarrolla la Comisión de la Propiedad Intelectual, el último requisito para la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Sinde’ que prevé el cierre rápido de sitios web acusados de infringir los derechos de autor en Internet. El texto además podría definir como “actividad infractora” no sólo la actividad de los servidores donde se aloja el material ‘pirata’, sino el hecho de enlazar a dichos contenidos.


Esta polémica normativa, incluida en la Ley de Economía Sostenible que fue aprobada por el PSOE, el PP y CiU, encendió los ánimos en la Red, dado que otorga a una Comisión de Propiedad del Ministerio de Cultura el poder para cerrar sitios web que alojen o fomenten las descargas no autorizadas de manera ‘exprés’, en el plazo máximo de 10 días y con la autorización de un juez, el cual no entrará al fondo de la cuestión.
El Consejo de Ministros tiene previso aprobarlo mañana mismo, según asegura El Economista, que cita “fuentes conocedoras del procedimiento”, y su entrada en vigor se producirá el mismo día en que dicho Real Decreto se publique en el BOE.
Al final no pudo ser como confiaba la ministra de Cultura y ‘madrina’ de la normativa antidescargas, Ángeles González-Sinde, que hace un mes expresaba su confianza en que resultara aprobado antes de las elecciones.
Faltan los nombramientos
Una vez aprobado, tan solo falta por decidir los nombramientos de los miembros de las Comisión de la Propiedad Intelectual, y en el caso del cierre de sitios web infractores tiene especial interés la Sección Segunda de dicha comisión, que tiene la función de “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información”.
Según prevé el reglamento, esta Sección Segunda “estará compuesta por el Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, que ejercerá la presidencia de la Sección, y por cuatro vocales en representación respectiva de los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio, Presidencia y Cultura, designados, entre el personal de la Administración General del Estado, por los respectivos Departamentos”.
Esa tarea recaerá, presumiblemente, en manos del nuevo Ejecutivo, que tiene previsto formarse a lo largo del mes de diciembre tras la victoria del Partido Popular en las elecciones del 20-N.
En el Consejo de Estado
Mientras, el texto del reglamento está hoy mismo encima de la mesa del Consejo de Estado cuyo dictamen, aunque no es vinculante, sí es perceptivo. Fuentes de la institución afirmaron efectivamente que el Real Decreto que regula el funcionamiento de la comisión de propiedad intelectual se encuentra en el orden del día.
A última hora de la tarde, una vez aprobado el dictamen -todo indica que así será, afirman las mismas fuentes en el Consejo de Estado- volverá al Ministerio de Cultura. Será allí donde se decida enviarlo al Consejo de Ministros para su aprobación, presumiblemente mañana viernes. El informe del Consejo de Estado se publicará con toda seguridad después de dicho Consejo de Ministros.
Sugerencias del CGPJ
El texto del reglamento que aprobará el Gobierno en funciones recoge algunas de las ideas que sugirió el Consejo General del Poder Judicial en su informe, que solicitaba que sólo pudiera aplicarse a los prestadores de servicios con ánimo de lucro, así como también medidas contra la reincidencia, aún no detalladas.
De hecho, según fuentes cercanas al asunto, el propio director general de Política e Industrias Culturales, Santos Castro, afirmó tras el informe del CGPJ que había voluntad de ‘encajar’ las sugerencias del organismo al reglamento.
Por su parte, desde la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, José Manuel Tourné opinó que ha habido quizá un cambio de percepción sobre lo que supone la vulneración de a raíz, entre otros asuntos, de la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que condenaba a penas de prisión a dos personas por sus páginas de enlaces a descargas no autorizados.
Gobierno provisional
Según Tourné, hubiera sido preferible que se hubiera aprobado este reglamento antes, y no mientras el Gobierno está en funciones. No obstante, comentó que recientemente ha habido una consulta del Ejecutivo a un abogado del Estado sobre la legalidad de aprobar un reglamento en estas circunstancias y, afirma, la respuesta fue “positiva”.
Carlos Sánchez Almeida, abogado y autor del blog Jaque perpetuo, recuerda que “jurídicamente, un gobierno en funciones sólo puede atender al despacho ordinario de los asuntos públicos”. “De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, sólo se puede legislar por decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, sin que pueda afectar a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”, afirma, y recuerda que “el desarrollo de una norma con tan larga tramitación como la Ley Sinde -más de dos años- no puede considerarse de extraordinaria y urgente necesidad.
“Políticamente”, añade el abogado, “considero que un Gobierno en funciones derrotado estrepitosamente en las urnas carece de legitimidad política para desarrollar una ley tan controvertida socialmente como la Ley Sinde”.
Y concluye: “La Red debe responder a la agresión con la serenidad necesaria, organizando una revuelta pacífica, que imponga al Gobierno en funciones y al futuro el consenso de la mayoría social, en favor de la libertad de expresión en la Red”.

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