La Comisión rectifica y pide acabar con el roaming sin límite temporal

Las operadores podrían poner topes de consumo para evitar “un uso abusivo”

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Apenas 12 días después de retirar su primera propuesta, la Comisión Europea ha hecho pública hoy su ‘oferta’ definitiva para la “desaparición” del roaming en la Unión Europea en junio del año que viene. El primer borrador, que sugería que cualquier ciudadano con una tarifa de un operador europeo se pudiera beneficiar por todo el continente de los mismos precios que en casa durante únicamente 90 días al año, recibió tantas críticas que, de forma absolutamente inusual, fue retirado por el presidente Juncker y devuelto a los despachos.

El segundo, teniendo en cuenta las quejas de usuarios, asociaciones y el Parlamento Europeo, es sustancialmente diferente. Ya no propone un máximo de 90 días al año en los que un usuario se podría beneficiar de esas mismas tarifas (pagando a partir de entonces, pero cantidades muy inferiores a la actualidad). Ni un máximo de 30 días seguidos, que obligaba a un ciudadano a volver a ser detectado por su red/operador doméstico antes de seguir disfrutando del mismo precio en el extranjero.

La propuesta, mucho más en línea con lo que siempre se había sugerido (la desaparición del roaming a partir de junio de 2017), deja mucho margen de discrecionalidad a las empresas, pero es una revolución respecto a la primera apuesta. Desaparece el límite de tiempo, desaparece el roaming sobre el papel, pero se establecen límites imprecisos para evitar abusos.

El sistema, sin embargo, es muy complicado. El cliente podrá viajar al extranjero y pagar lo mismo que paga en su país con su tarifa habitual, tanto si va de vacaciones como a trabajar. Pero hasta un límite que no queda definido con exactitud. Cuando las operadoras detecten un abuso o un fraude, podrán intervenir, preguntar a los clientes qué hacían y el por qué de su consumo y aplicar tarifas más altas. Y en caso de conflicto, serán las autoridades regulatorias de cada país las que decidan “caso por caso”.

“Hay que definir lo que es un abuso. Tenemos precios de las empresas de telecomunicaciones muy diversos. En Letonia son seis veces menos que en Irlanda, así que desde el punto de vista empresarial se podrían comprar tarjetas SIM letonas para usar en Irlanda y el Irlandés llamaría en casa a precios letones y la empresa letona, en el mercado al por mayor irlandés, debería pagar precios más altos de lo que hace en su propio país y tendría que cerrar. Lo que queremos lograr es que las empresas puedan verificar este tipo de casos”, ha señalado el comisario alemán, Günther Oettinger. “Hay que dar al operador la posibilidad de verificar el lugar de residencia del usuario y en casos concretos aplicar otras tarifas. Quien tenga su residencia en Fráncfort y opere todo el año con una SIM de Tallin no hace algo normal. La operadora simplemente le preguntará por qué se hace así”.

“Ahora las operadores ya te avisan cuando has consumido un porcentaje de tu tarifa. Habrá que crear nuevos algoritmos para poner esto en marcha”, ha coincidido el vicepresidente para asuntos tecnológico, Andrud Ansip. “No queremos matar la innovación en las telecomunicaciones pero hay que proteger las inversiones ya hechas por los proveedores de servicios”.

“Si hay quejas, el usuario tendrá que justificar por qué viaja dos o tres semanas y la empresa le podrá advertir de por qué le pondrá otras tarifas, y la autoridad reguladora tendrá que decidir si hay quejas. Así creemos que se podrá evitar el fraude a largo plazo”, ha añadido Oettinger.

Los detalles, aún por decidir

La propuesta del equipo de Juncker no es definitiva, sin embargo. La Comisión propone, pero luego el Parlamento y el Consejo (es decir, las 28 capitales) negocian y deciden. Es de esperar que el Consejo, mucho más receptivo a los lamentos de las operadores, quiera rebajar sustancialmente la generosa posibilidad de crear de verdad un mercado único digital. Amparándose en que los costes operativos difieren de un país a otro y de que ciertas empresas podrían ofrecer ofertas mucho más generosas gracias a que la tecnología que hará posible llamadas y uso de datos la pagan o la han pagado otras.

“Teníamos varias opciones. Un límite de días, que era muy fácil y a nadie le gustó. Era un proyecto, no estaba definido, era una idea, y en el Parlamento nos dijeron que no, que hacen falta salvaguardias. Hay que dejar claros los volúmenes máximos. Si establecemos un límite muy alto de consumo, sabiendo que el uso de datos crece cada día con la tecnología, en un año habría que revisar la propuesta. Hay quienes dicen que si el consumo sea más alto que la media europea se pida un recargo, pero en los escandinavos, donde el consumo de datos es inmenso, eso significaría que se deberían olvidar del roaming. Debe haber una cláusula, los detalles hay que discutirlos. Habrá que buscar el equilibrio”, ha concluido Ansip.

La Comisión asume que esta propuesta es más complicada y aunque buena parte del control será casi automático, puede generar cargas burocráticas a las operadoras y muchas quejas entre los usuarios, que pueden acabar en miles de disputas ante los reguladores.

EL vicepresidente Ansip ha admitido que “es posible que haya que incluir una salvaguarda con el volumen de datos”, lo que abre la puerta al Consejo para que actúe por ahí, una de las partes más débiles.

Sobre los precios, Bruselas cree que si el operadror decidiera cargar una tarifa superior a quien exceda lo ‘normal’, sea lo que sea eso, el precio debería ser de un máximo de 0,04 euros por minuto en las llamadas y de 0,01 euro en los mensajes de texto y del 0,0085 para el MB de datos.

La medida, indican en la capital comunitaria, está pensada contra abusos. Contra quienes usar “en Londres una SIM de un país báltico”, y no a quienes viajan mucho, quienes se desplazan regularmente a otro país a trabajar o residen en zonas fronterizas.

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