El impacto gallego de la descarbonización

Clausurar la de As Pontes conllevaría destruir unos 700 puestos de trabajo. El regidor de As Pontes, Valentín González Formoso, destaca que el cierre de las instalaciones de Endesa supondría perder “el 50% de los ingresos tributarios” que obtiene el Ayuntamiento.

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La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está convencida de que es necesario acelerar el proceso de descarbonización de la economía para cumplir con los plazos establecidos en la lucha contra el cambio climático (en los acuerdos de París) y para ello ya ha adelantado que su pretensión es que en 2025 la aportación de las centrales térmicas de carbón al sistema eléctrico español sea mínima. La responsable de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez apunta a esta fecha como “orientativa”, pues “no hay una decisión cerrada”, pero ya habla de empezar a negociar de forma urgente compensaciones para las zonas afectadas por el cierre de térmicas -en el caso de Galicia afectaría especialmente a los concellos coruñeses de As Pontes y Cerceda (por Meirama)- para lograr una descarbonización “justa” y que nadie se quede por el camino.

A la espera de conocer con más detalle en qué consisten esas compensaciones, los planes de la ministra no han gustado ni en las zonas en las que hay instaladas centrales térmicas de carbón ni a las empresas electrointensivas que dependen en gran medida del precio de la electricidad, que temen que el cierre de las plantas provoque un encarecimiento de la factura de la luz y que eso complique todavía más su actividad. Solo en materia de empleo, el cierre de las centrales térmicas gallegas supondría la pérdida de cerca de un millar de puestos de trabajo directos -a los que habría que sumar los indirectos- y complicaría la situación de factorías que emplean a miles de profesionales en la comunidad como son las de Alcoa -con una en A Coruña y otra en San Cibrao (Lugo)-, Ferroatlántica, Megasa o Celsa, por citar las de mayor tamaño y más dependientes del precio de la electricidad.

Ribera defendía que en 2030 el 35% del consumo de energía en la UE fuese aportado por fuentes renovables (hidráulica, eólica y fotovoltaica principalmente) -la posición más ambiciosa de los países de la UE, postura que también defendía Italia- pero finalmente las instituciones europeas aprobaron una cota más moderada, del 32%, el término medio entre ese máximo defendido por España y la petición de un grupo de países que apostaba por dejar ese porcentaje en el 27%. Este objetivo no va a impedir, sin embargo, la tendencia acelerada hacia esa descarbonización de la economía con el posible cierre de centrales térmicas en los próximos años.

Las decisiones que se tomen pueden tener importantes efectos e implicaciones en Galicia, que cuenta en su territorio con las centrales térmicas de As Pontes y Meirama y también con importantes empresas electrointensivas. En los siguientes puntos se detallan algunos de los datos más reseñables del impacto de las políticas de descarbonización de la economía en la comunidad gallega y de la situación actual de los actores implicados.

EGeneración eléctrica. El anuncio del Ejecutivo de que su pretensión es que la aportación del carbón a la generación eléctrica sea testimonial en 2025 se produce justo cuando las centrales térmicas gallegas acaban de liderar la producción de electricidad en territorio gallego. Las plantas de As Pontes y Meirama aportaron al sistema el año pasado 10.817 gigavatios hora (GWh), un 14% más que un año antes como consecuencia del desplome de la producción hidráulica (-66%) y de un leve descenso de la eólica derivado de los episodios de sequía -con escaso viento y poca lluvia- registrados el pasado ejercicio. Los defensores de las centrales térmicas de carbón sostienen que son tecnologías de respaldo de las renovables que permiten que el sistema cuente con electricidad en cualquier momento incluso cuando los aerogeneradores o las centrales hidráulicas apenas tienen actividad. Además, defienden, su impacto en el recibo del consumidor final es inferior al de otras tecnologías como los ciclos combinados.

EAdaptación a la nueva normativa de emisiones. Este nuevo nubarrón sobre el futuro de las centrales térmicas de carbón llega justo en un momento en el que muchas de ellas están realizando importantes inversiones para adaptarse a las nuevas exigencias de emisiones de gases contaminantes con el objetivo de poder seguir operativas más allá de 2020. La planta de As Pontes es la gallega que está en esta situación pues su propietaria -Endesa- ya inició las obras, en las que invertirá un total de 217 millones de euros para que las instalaciones puedan seguir operativas en poco más de año y medio. En el caso de la central de Meirama, Gas Natural Fenosa aún no ha revelado qué hará, algo que previsiblemente anunciará la próxima semana cuando presente su plan estratégico para los próximos ejercicios. En este caso -la central de Meirama es mucho más pequeña que la pontesa- la inversión rondaría los 120 millones de euros y la pretensión del Gobierno de acelerar los cierres podría animar a la compañía a no acometer las obras y clausurar las instalaciones en 2020.

EImpacto económico. El cierre de la térmica de Cerceda supondría la pérdida de 200 empleos directos -unos 100 en plantilla y otros 100 por subcontratas y transportistas, entre otros- y clausurar la de As Pontes conllevaría destruir unos 700 puestos de trabajo, 200 pertenecientes a la plantilla de la central y el resto vinculados al transporte del carbón y otros servicios asociados. A ellos habría que sumar los empleos indirectos. Pero el impacto económico del cierre de ambas plantas en los concellos en los que están asentadas sería mucho mayor, como explican sus alcaldes. El regidor de As Pontes, Valentín González Formoso, destaca que el cierre de las instalaciones de Endesa supondría perder “el 50% de los ingresos tributarios” que obtiene el Ayuntamiento. Mientras, fuentes del grupo que preside Borja Prado cifran el impacto de su actividad en la zona en “80 millones al año entre salarios, impuestos y contratos con pequeñas empresas locales”.

El alcalde de Cerceda, José García Liñares, asegura que las instalaciones de Meirama aportan “1.400.000 euros de los alrededor de 10 millones de presupuesto” con los que cuenta al año este municipio coruñés. Ambos regidores, socialistas, están en contra de los planes de la nueva ministra de Transición Ecológica y reivindican la continuidad de las térmicas de carbón que tienen asentadas en sus territorios.

ETemor a subidas en el precio de la luz. A los efectos directos del cierre de las centrales térmicas de carbón se suman los indirectos, entre los que está el hecho de que pueda encarecerse la factura eléctrica al tener que entrar en el pool los ciclos combinados -en teoría más caros- en sustitución del carbón. La industria electrointensiva teme que el cierre acelerado de plantas derive en esa subida de precios y que su competitividad -para algunas empresas la electricidad copa alrededor del 40% de sus costes- se vea mermada. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) -que agrupa a grandes firmas presentes en Galicia como Alcoa, Ferroatlántica, Celsa o Megasa- exigen que los planes del Gobierno lastren su actividad y reclaman mesura en las medidas adoptadas de cara a la descarbonización.

Un aumento de los precios de la electricidad complicaría todavía más la situación de empresas como Alcoa, que denuncia que ya con el sistema vigente de compensaciones para rebajar su factura eléctrica -la interrumpibilidad- algunas de sus fábricas no son rentables, entre ellas las de A Coruña y Avilés (Asturias), con unos 400 trabajadores cada una. De hecho, en 2014 ya estuvo a punto de cerrarlas tras un mal resultado en la subasta de los incentivos eléctricos y en los últimos ejercicios la incertidumbre sobre su futuro siguió presente. La gran industria hace meses que pide una tarifa eléctrica similar a la de otros países -en España es más alta- para competir en igualdad de condiciones. Cualquier pequeño cambio en el sistema, alerta, podría lastrar o tumbar a estas fábricas.

Fuente La Opinión

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