Ribera pidió que Endesa esperara al 10-N para el plan de cerrar el carbón

Arranca una campaña electoral en que los votantes tienen ya todos los elementos de juicio y lo esencial para los partidos es no asumir riesgos ni cometer errores.

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El Gobierno de Pedro Sánchez está intentando aplicar este principio a toda su acción como bien sabe el grupo italiano Enel que se ha encontrado con que al mismo Ejecutivo del PSOE que está a favor de acabar con el carbón como fuente de energía no le viene bien que sea en campaña.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo un encuentro fuera de su agenda pública con el presidente de Enel, Francesco Starace, hace dos semanas en Nueva York aprovechando la presencia de ambos en la Cumbre del Clima. El italiano fue sincero con ella y le confirmó lo que le había anticipado tiempo atrás el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y es que ninguna de sus centrales de carbón en España es ya rentable desgraciadamente. Para Starace había llegado el momento de dar el paso, anunciarlo y explicar a los accionistas que eso no tendrá efecto en su dividendo.

Teóricamente es una buena noticia para Ribera, firme partidaria de la descarbonización del país para apostar por energías renovables, y cuando tuvo las primeras noticias anteriormente no puso objeción alguna a una decisión empresarial. Pero cuando se lo dijo Starace había un problema: ya estaban convocadas las elecciones generales.

Los cierres de las dos últimas plantas que se consideraba que iban a sobrevivir (la gallega de AS Pontes y la andaluza Litoral) dan empleo directo e indirecto a cerca de un millar de personas, algo muy inconveniente en campaña electoral. Ribera pidió a Starace que aplazara la decisión hasta después de las elecciones con el argumento de que hubiera un gobierno operativo, pero el italiano se negó, porque esperar al 10-N sería politizar una decisión que responde a criterios sólo empresariales. El portavoz oficial de Enel no niega a este diario el encuentro entre ambos ni este contenido de la conversación, pero declina dar más explicaciones. «No estamos interesados en hacer comentarios sobre este tema».

Por su parte, en el Ministerio de Ribera no atendieron la petición de este diario para recabar su versión y en Moncloa sí respondieron, pero sin comentarios. Starace cumplió lo advertido a Ribera y anunció unos días después, el 27 de septiembre, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que dejaba de operar sus últimas centrales de carbón. Ribera no rechazó el cierre, como habría hecho su antecesor del PP, Alvaro Nadal -partidario de estirar todo lo posible la vida del carbón hasta encontrar fórmulas que abaraten el precio de la luz- pero dijo estar «preocupada». «Sigo de cerca -y con preocupación por trabajadores y vecinos- la evolución de Endesa y sus centrales de AsPontes y Litoral. Esta semana convocaré a la empresa, las autoridades locales y los representantes sindicales para escuchar y valorar juntos la situación y perspectivas», reaccionó el día del anuncio oficial. Después ha emitido este comunicado para intentar calmar ánimos: «El Ministerio abre una vía de comunicación permanente con trabajadores y vecinos para examinar conjuntamente todos los posibles escenarios de futuro, ofrecer soluciones a corto plazo y planificar acciones posteriores».

«Todos los que acudimos a estas reuniones intentamos quedar bien, pero la realidad es que Endesa va a cerrar las plantas», afirma un asistente a las reuniones con la ministra.

El propio Bogas se ha avenido a colaborar con buen talante en estas reuniones, pero Enel tiene muy claro que ya no es rentable seguir con estas plantas de carbón en España. El episodio muestra la actual debilidad del Gobierno. Otra evidencia es el espectáculo del presidente del Gobierno en funciones anunciando en un mitin del PSOE el desbloqueo de fondos para a las comunidades que Hacienda negaba oficialmente por carta apenas tres días hábiles antes. El hecho de que la ministra Isabel Celaá, desvelara el viernes que Sánchez se lanzó al anuncio sin conocer antes con qué base legal hacerlo es síntoma del nerviosismo con el 10-N. 

A ello se une que, según fuentes conocedoras, la ministra de Economía, Nadia Calviño, asume ya una revisión a la baja de las previsiones oficiales de crecimiento a partir de este año, pese a haber coqueteado en julio con cambiarlas ¡al alza! Es un mal trago, pero peor sería negar la realidad y arriesgarse a otro gran varapalo este mes de la Autoridad Fiscal y de Bruselas por dar cifras inverosímiles. La campaña se complica para el Gobierno.

Fuente El Mundo

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