Compromiso firme con las personas

Por Teresa Ribera Ministra para la Transición Ecológica en funciones del Gobierno de España

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El pasado 27 de septiembre, Endesa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la falta de viabilidad económica de sus plantas de carbón peninsulares, incluso de aquéllas en las que había acometido grandes inversiones para poder seguir funcionando después del 2020. Sus cálculos previos estimaban un precio del CO2 en torno a 8 euros la tonelada en el 2020 y un aumento progresivo hasta llegar a 25 euros en el 2030. Lamentablemente, esta estimación se hizo ignorando la reforma europea que daba estabilidad a los precios del CO2 desde el 1 de enero del 2019. Una reforma llamada a mantener un corredor de precios entre 25 y 30 euros desde principios de este año, como así ha sido y que explica los anuncios de cierre en Reino Unido, quedando abiertas solo plantas en Alemania, Polonia y Chequia, con una estructura distinta y carbón autóctono de alto poder calorífico.

El nuevo escenario ha tirado por tierra la rentabilidad calculada previamente por Endesa y, según las estimaciones de la compañía, arroja un déficit de 150 millones de euros al año por planta si estas siguen funcionando. Nada está escrito de cara al futuro y Endesa se ha comprometido a evaluar y compartir escenarios, manteniendo plantilla y subcontratistas antes y después de cualquier decisión y colaborando, mientras tanto, en el respaldo a los transportistas.

La noticia coincide con el precio de la electricidad más bajo en España en los últimos 9 años para un mes de septiembre, encadenando varios meses consecutivos de caída. Bueno para la industria y los consumidores. Malo para el carbón, que es ya la energía más cara del sistema eléctrico.

El comunicado de la empresa ha generado alarma tanto en el Gobierno como entre los trabajadores y vecinos, y en las administraciones locales y autonómicas. Tal y como reflejaba el Plan de Energía y Clima preparado por el Gobierno, no contábamos con ello. Más allá de razones ambientales, económicas o energéticas, el anuncio nos obliga a afrontar un horizonte incierto, no esperado, que hace imprescindible actuar con prudencia y determinación.

Prudencia, a la hora de evaluar escenarios con respecto al futuro de las centrales pero también a activar desde hoy mismo un programa de medidas que anticipen la generación de oportunidades económicas e industriales en la zona. Determinación, a la hora de hacer realidad los principios de solidaridad y acompañamiento social para los trabajadores y vecinos, para los que la planta ha sido referencia esencial durante generaciones.

La reacción inicial exige entender qué tenemos delante, qué preocupaciones, prioridades y propuestas debemos apoyar y, sobre todo, de qué modo se puede trabajar sumando esfuerzos para paliar cualquier incidencia negativa y facilitar la generación de alternativas dentro y fuera de las instalaciones.

Cuanto más lealmente se trabaje sumando esfuerzos, más fácil será generar oportunidades. Desde el Gobierno, hemos querido activar el enfoque con el que comenzamos a abordar la transición justa en otros municipios en los que se sabía con antelación qué minas o térmicas iban a cerrar. Es más fácil cuando se anticipa con suficiente antelación que cuando se espera hasta el último minuto. En junio del 2018 no había nada preparado para las nueve térmicas cuyo cierre estaba previsto en el 2020 y estas han sido nuestra prioridad desde entonces; pero, disparada la alarma, queremos ampliar nuestro esfuerzo a As Pontes y Litoral.

Hay una opción prometedora, cuya viabilidad y alcance nos hemos comprometido a explorar y apoyar desde el Ejecutivo: la transformación de la térmica de As Pontes en una planta de biomasa compatible con las dimensiones cuantitativas que sean respetuosas con la biodiversidad y la sostenibilidad de la zona. Pero esto no basta. En paralelo, hay que identificar todas las demás actividades que permitan generar un ecosistema industrial para asegurar que cualquier vecino que quiera vivir y trabajar en la comarca pueda hacerlo. La térmica durará más o menos, pero una respuesta responsable obliga a ir construyendo otras opciones.

Energías renovables, industria, desarrollo rural, emprendimiento y recualificación profesional son algunas de las palancas que hay que activar. Si lo hacemos sumando sinergias entre las tres administraciones, será más fácil. En todo caso, deberá ser contando con los trabajadores, con la propia Endesa -si tiene vocación de permanencia, como así afirma- y con los demás emprendedores e inversores que apuesten por la comarca.

No es aceptable, sin embargo, invocar imposibles sin ofrecer alternativas ni compromiso o, incluso, exigiendo cosas incompatibles entre sí en función de quién sea quien escuche. Un diferencial de precios de 16 euros por megavatio-hora (MWh) entre el producido en As Pontes y el procedente de una central de ciclo combinado no se corrige con la eliminación del céntimo verde (que representa 6,7 euros/MWh), o con la aplicación de pagos por capacidad, de los que tampoco se permitiría beneficiarse a la central. Es difícil pensar en medidas de apoyo directo que sean compatibles con el marco europeo. Somos miembros de la Unión Europea, comprometida con la modernización de su economía y la industria, vigilante del sistema de ayudas de Estado y protagonista en la transformación de un modelo energético en el que quiere mostrar el coste que tiene emitir gases de efecto invernadero. Una Europa que entiende lo sensible de la transformación y nos permite dedicar los ingresos obtenidos por la venta de derechos de emisión para generar tejido industrial y apoyar políticas sociales en las zonas en transición. No podemos dejar a nadie atrás y el cambio de modelo ofrece muchas oportunidades, pero necesita también grandes dosis de solidaridad. Es nuestra apuesta: entender y anticipar con honestidad los cambios y facilitar la generación de oportunidades con total compromiso social. La peor receta, la demagogia… exigir a los demás lo que no ha hecho uno, despreciar a quien enfrenta grandes desafíos e, incluso, cuestionar la importancia de la acción pública reivindicando grandes bajadas de impuestos que no harían sino favorecer a los más privilegiados mermando los recursos disponibles para apoyar a quienes más lo necesitan. ¡Quién pudiera recuperar ahora los 200 millones invertidos en la planta para destinarlos a diversificar la actividad en la zona!

Queremos contar con trabajadores y vecinos, con empresas y emprendedores, con la administración local y autonómica. Seamos serios, leales, comprometidos y ágiles, porque, sea cual sea el futuro, estamos todavía a tiempo de hacer mucho y bueno.

Publicado en La Voz de Galicia

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