Diez centrales de carbón preparan el cierre inminente, entre ellas Meirama

La planta gallega dejará de estar operativa el 30 de junio; solo Viesgo y EDP tienen previsto continuar con el negocio más allá del 2021

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Llevan ya algo más de un año fuera de juego. Producir electricidad en ellas es tan caro que apenas funcionan. Pero, aun así, se enfrentan ya a su final oficial, al cierre definitivo. Ese es el panorama para diez de las catorce centrales de carbón de la España peninsular, entre ellas, la gallega de Meirama (Cerceda), propiedad de Naturgy.

En junio entra en vigor una nueva directiva europea de emisiones contaminantes que reduce de forma importante los límites hasta ahora permitidos, y a los que tendrán que ajustarse todas las plantas. Pero la mayoría no lo hará y simplemente dejarán de funcionar.

Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica todavía no ha autorizado el cierre de ninguna de ellas, las plantas, de facto, lo harán, para cumplir las nuevas exigencias comunitarias, que sí permiten seguir operando, pero un máximo de 1.500 horas al año.

No será el caso de Naturgy. Fuentes de la compañía eléctrica explicaron que Meirama dejará de estar operativa el 30 de junio por la normativa medioambiental. Aclararon que todavía está funcionamiento, utilizando el carbón de importación que tenía almacenado. Cuenta en la actualidad con unos 40 trabajadores.

El adiós de esta central estaba ya previsto, pues Naturgy anunció oficialmente en enero del 2019 que no acometería las inversiones para reducir emisiones que sí podrían haber alargado la vida de la planta.

El caso de la otra central gallega, la de Endesa en As Pontes, es bien diferente. La empresa sí apostó por continuar con el carbón más allá del 2020 con un proyecto de modernizaciones cifrado en 220 millones, pero la situación del mercado (los costes de producción se dispararon) hizo virar su estrategia. En diciembre pasado se rindió y optó por solicitar formalmente el cierre de As Pontes, y también de la planta de Litoral (Almería). El plan estratégico de Endesa prevé que en el 2022 haya desaparecido ya el carbón de su parque de generación. Sin embargo, no todo está perdido. Así, a finales de junio, en dos de los cuatro grupos de As Pontes se empezarán a realizar pruebas para encontrarle un sustituto al lignito. En principio, se intentará con biocombustibles. Si el resultado es favorable, la central seguirá produciendo electricidad.

Fuentes de Endesa detallaron que los otros dos grupos se acogerán a partir de julio al régimen transitorio de las 1.500 horas anuales.

En la búsqueda de una alternativa se ha embarcado también la lusa EDP para la central de carbón de Aboño (Asturias). La compañía maneja un proyecto conjunto con Arcelor Mittal para usar los gases siderúrgicos de su planta del puerto de El Musel (Gijón), lugar en el que están situadas ambas instalaciones.

Las que quedarán

Diez de las catorce centrales de carbón cerrarán este año. Dos más (las de Endesa), el próximo, al menos con el lignito como combustible. Así que quedarían solo dos plantas en producción. Una sería la de Aboño de EDP, en Asturias, y la otra la de Viesgo en Los Barrios (Cádiz). Fuentes de esa última compañía, con sede en Cantabria, explicaron que las inversiones realizadas en Los Barrios para reducir emisiones permitirán operar la planta hasta el 2025. Viesgo posee otra central, la de Puente Nuevo (Córdoba), que dejará de funcionar ahora.

El problema del mineral es económico, no medioambiental

La generación de electricidad con carbón es responsable de buena parte de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso es así. También lo es que el cierre de casi todo el parque de producción está provocado por un problema económico. Dirán adiós porque no son rentables, no porque contaminen más o menos. Aunque también. Porque, para producir, las empresas con ese tipo de centrales tienen que comprar derechos de emisión en un mercado europeo, en el que la cotización de la tonelada de CO2 se ha disparado en el último año y medio. Lo ha hecho a propósito, bien es cierto, porque las instituciones comunitarias que lo regulan (y lo intervienen) han previsto ir reduciendo progresivamente los derechos disponibles en el mercado. Con lo cual, se encarecen. Es el método para ir convenciendo a los Estados (y a las empresas) de que vayan abandonado los combustibles fósiles.

Fuente La Voz de Galicia

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