Gobierno y Xunta desbloquean el convenio de transición pontés

Ambas administraciones cierran agendas para firmar en unas dos semanas el protocolo del plan con el que se espera paliar el fin operativo de la central térmica

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As Pontes ya está más cerca de tener su propio convenio de transición justa, la herramienta que utilizarán los Gobiernos y los agentes sociales para acordar las acciones que permitirán compensar la actividad económica que se perderá por el cierre de la central térmica de Endesa. La villa minera y la de Cerceda eran las dos únicas del país afectadas por este tipo de procesos de descarbonización en las que la administración central y la autonómica aún no habían sellado su acuerdo. El Ejecutivo remitió en marzo el protocolo -paso previo para la firma del convenio- y esa rúbrica podría llegar en cuestión de días, después de que la Xunta haya confirmado su disposición para salvar ese trámite.

Más allá de la importancia del formalismo, ese proceso es indispensable para que el tejido empresarial y social del municipio puedan beneficiarse de las ayudas que se arbitren para ayudar a la implantación de nuevas compañías y al desarrollo de proyectos de diversa índole que reactiven la actividad en la zona.

Fuentes de la Consellería de Economía explicaron que tanto el Ministerio de Transición Ecológica como Endesa y los agentes sociales ya habían sido informados de su disposición a la rúbrica del protocolo. Además de esperar concreción por parte del Gobierno central, desde este departamento se emplazó también al Ministerio de Transición Ecológica a establecer los plazos y el proceso de tramitación definitivo del plan para el desmantelamiento de la central pontesa, que llegó a ser una de las joyas de la Corona del sistema eléctrico del país.

Desde el Instituto para la Transición Justa informaron de que ya se había traslado al ejecutivo autonómico la posibilidad de que esa rúbrica -que comprometerá a las partes en la asunción de responsabilidades para la puesta en marcha del convenio- se lleve a cabo en un plazo de dos semanas. Una vez que se cuadren las agendas respectivas, se salvará ese trámite.

Por otro lado, vinculado a este proceso, ya ha finalizado la fase de participación pública abierta por la administración central, en la que todo tipo de entidades, colectivos y administraciones afectados por el cierre de la central de Endesa han tenido voz para plantear los proyectos que consideran que podrían ayudar a generar actividad económica y, consecuentemente, favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo en el entorno.

Evaluación de proyectos

Ahora dará comienzo el período de evaluación de esas propuestas y la determinación de su viabilidad. Aquellas que se considere de interés -sea cual sea su tamaño- pasarán a otra fase, en la que el mencionado instituto buscará fondos con los que respaldar su implantación, bien propios, bien procedentes de las partidas comunitarias para la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus.

Puerto de Ferrol

Además, el Ministerio de Transición Ecológica desarrolla un trabajo de campo en Ferrol, cuyo puerto está directamente afectado por el cierre de la térmica, al registrar una notable caída en los tráficos debido al parón del que hasta hace dos años generaba los principales movimientos para el organismo. El alcalde, Ángel Mato, se implicó en la intermediación entre la asistencia técnica que analiza las posibilidades de captación de nuevos proyectos y diversas compañías y organismos, aunque ahora es la asistencia la que capitanea el proyecto.

Una clausura que se ha demorado debido a la fórmula de la tramitación establecida

Los planes iniciales de Endesa, propietaria de la térmica pontesa, pasaban por llegar al 1 de julio del 2021 habiendo obtenido la autorización del Ministerio de Transición Ecológica para el cierre de las instalaciones. A partir de entonces, abriría un proceso para llevar a cabo el desmantelamiento de la central y en el que pondría en marcha cursos formativos para el personal que iba a ocuparse de esas tareas, en las que se ha comprometido a emplear hasta el 80 % de mano de obra local.

Sin embargo, la avalancha de alegaciones presentadas al proceso de impacto ambiental de la clausura llevó al Gobierno a decidir que ese proceso de cierre se llevaría a cabo de forma ordinaria y no simplificada, como sucede con el resto de instalaciones que producen electricidad con mineral y que lo hacen de forma abreviada.

Esta medida ha provocado la demora en la obtención del permiso, que por el momento no tiene fecha de concesión. En la última mesa de futuro de As Pontes -en la que están presentes las administraciones central, autonómica y local, además de los representantes de los sindicatos CC.OO., UGT y CIG, así como los transportistas y los empresarios- quedaron emplazados para una próxima reunión, una vez que Endesa aclarase con el ministerio los plazos que manejaba para la posible autorización.

Sin fecha

Por el momento, el encuentro aún no tiene fecha fijada. Endesa pondrá en marcha en As Pontes el plan Futur-e, para captar inversiones con las que paliar el cierre de la actividad de la planta.

Fuente La Voz de Galicia

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