El Gobierno aprueba la creación de una Comisión Antipiratería

Los perjudicados por un delito de propiedad intelectual podrán, con la nueva legislación, acceder a los documentos bancarios, financieros o comerciales del presunto infractor.

En el campo de la lucha contra la piratería, el Gobierno ha acordado la integración de diversos reglamentos comunitarios a la legislación española, para lo que se llevarían a cabo diversas modificaciones.
Además, el Consejo también ha aprobado la creación de la Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades que vulneran los derechos de la propiedad industrial, que quedará adscrita al Ministerio de Industria.
¿Quien formará esta Comisión? Presidente: la ministra de Cultura, Carmen Calvo, Vicepresidente: el subsecretario del ministerio de Cultura, Vocales: Representantes de los once ministerios que participan en el Plan, tres representantes de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, un representante del Ayuntamiento de Madrid, otro del de Barcelona, un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios, un representante por cada una de las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual, tres representantes de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un representante de las empresas de comercio electrónico.
Otro de asociaciones de defensa de la propiedad intelectual en el software.
Otro de entidades privadas de protección de los derechos de propiedad intelectual. Cuatro profesionales de reconocido prestigio en este campo.
Un representante de la asociación empresarial de ámbito estatal más representativa.
¿Cuál será su función?
La Comisión, que se reunirá al menos tres veces al año y que funcionará en Pleno y en Comisión Permanente, tendrá entre sus cometidos:
Coordinación, la elaboración de propuestas de actuación y medidas de ejecución del Plan Antipiratería. La elaboración de estudios y programas de formación, así como de campañas de difusión y de estadísticas.
Modificaciones en la legislación
Se modificarán algunos aspectos de las siguientes leyes:
Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Los perjudicados también podrán, con esta nueva legislación, acceder a los documentos bancarios, financieros o comerciales del presunto infractor, lo que podrá ser utilizado como prueba en el proceso judicial.
La posibilidad de acordar medidas para asegurar pruebas sin que sea necesario oír previamente al infractor es otra de las novedades del proyecto, que también determina que las indemnizaciones a las que sean sancionados no sólo tendrán en cuenta los perjuicios económicos ocasionados, sino también el daño moral.
La indemnización podrá consistir en una cantidad basada en la remuneración que el perjudicado habría obtenido si el infractor hubiera pedido la pertinente autorización para utilizar el derecho vulnerado y tendrá también en cuenta los gastos que haya tenido que realizar el titular del derecho en la investigación del delito y la la obtención de pruebas.