Los camioneros exigirán a la Xunta que retire su recurso al decreto del carbón

El Gobierno se compromete por escrito a establecer compensaciones si la norma perjudica a las térmicas gallegas. Los conductores recibirían pagos por disponibilidad igual que las eléctricas
[La Opinión de A Coruña] El Ministerio de Industria se ha propuesto zanjar lo antes posible la polémica suscitada por el decreto del carbón en Galicia y ayer sumó un nuevo aliado. Los camioneros que transportan el mineral desde el puerto de Ferrol hasta la central térmica de As Pontes -hasta ahora uno de los sectores más críticos con la norma del Gobierno central- se comprometieron a levantar el encierro que mantenían desde hace más de cinco meses en el Consistorio pontés y a presionar a la Xunta y a los ayuntamientos de As Pontes y Cerceda para que retire los recursos judiciales contra el decreto. Manuel Bouza, portavoz del sector, firmó ayer dicho acuerdo en una reunión en Madrid con representantes de Industria. El departamento de Miguel Sebastián promete a los transportistas “establecer, dentro del marco normativo europeo y nacional, medidas compensatorias” en caso de que la norma que prima la quema de mineral nacional perjudique a las centrales de carbón de importación.

Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes, explicó ayer que dichas compensaciones tendrían cabida dentro de “los pagos por disponibilidad”, los mismos que perciben las centrales por estar siempre activas, y que, según afirma, son compatibles con la normativa comunitaria. “Estos camiones están adaptados para transportar carbón y se usan exclusivamente para esta función, por eso es lógico que si las centrales perciben un pago por disponibilidad también lo reciban los transportistas si tienen que estar parados”, apuntó Formoso.
El Ministerio de Industria insistió ayer en el mismo discurso que pregona desde octubre de 2010, mes en el que se aprobó la norma -pese a que no se pudo aplicar hasta hace una semana y media por la suspensión cautelar del Tribunal de Luxemburgo-, al asegurar que las térmicas gallegas “son estratégicas para el sistema eléctrico español, por lo que la aplicación del decreto del carbón no supondrá riesgo de cierre o desmantelamiento de las mismas”. El regidor de As Pontes se muestra satisfecho tras la reunión de ayer al entender que hasta ahora “solo existía la negación de que no iba a haber impacto y ahora hay un compromiso por escrito de que habrá compensaciones para los colectivos afectados”.
La comisión de seguimiento será la encargada de evaluar el impacto del reglamento en Galicia, única comunidad que se opone al texto por los perjuicios que tendrá sobre la economía gallega. La Xunta reiteró en contadas ocasiones su intención de mantener el recurso contra el decreto en Luxemburgo y en el Supremo e incluso prevé presentar otro en la Audiencia Nacional. Bouza se comprometió ayer a pedir al Ejecutivo de Núñez Feijóo que cese la batalla judicial puesto que ya se logró “un compromiso por escrito” que tiene “valor legal”. Formoso aseguró que, de momento, As Pontes “mantendrá el recurso judicial mientras la comisión de seguimiento evalúa el impacto” que tiene la norma en Galicia.
El sector, ausente en Santiago
El colectivo de transportistas da por finalizada su particular guerra contra el Gobierno y cesará de inmediato las protestas contra el decreto. Los impulsores de las principales manifestaciones que hubo hasta ahora en contra de la norma causarán baja en la protesta de mañana en Santiago -a partir de las 12.00 horas- convocada por la CIG y el BNG. Bouza agradeció ayer el apoyo recibido “desde el principio” por el partido y el sindicato nacionalista, pero da por “cerrado el conflicto” del carbón con el Gobierno central.