Xavier Navaza [El Correo Gallego]
Hace un año, en el otoño de 2008, cuando Emilio Pérez Touriño aún confiaba en que los hados le fuesen propicios ente las urnas autonómicas, avisó a la Cámara: “La crisis está ahí y crece día a día, pero no debemos preocuparnos por el año que viene sino por el siguiente: 2010, ése es año en que los ayuntamientos de nuestro país van a sufrir más”. Días después, el PSdeG-PSOE reunía a sus alcaldes y les alertaba sobre la batalla política que se avecinaba.
El eje de la cita fue un documento elaborado por el diputado Xaquín Fernández Leiceaga: “Los ingresos de los ayuntamientos están extremadamente afectados por la evolución del sector de la construcción y, en menor medida, por el resto de la economía en crisis”. Y ello conduciría, inexorablemente, a una reducción drástica de los medios que hasta ahora alimentaron a las arcas muncipales.
“Sin embargo”, añadía el informe, “2009 no será un mal año en el magro horizonte que se avecina. Lo peor será en 2010, cuando muchas de nuestras economías locales podrían entrar en situación de crac técnico si para entonces no se ha puesto en marcha una profunda reforma del actual sistema de financiación local”.
Un año después, aquel veredicto se ha cumplido. De momento, sobre la escena política van apareciendo pocos, muy pocos, alcaldes que reconocen que se verán en un duro aprieto para pagar la extra de Navidad de este año… y ya se verá qué sucede con las nóminas de sus empleados a partir de ahí: los primeros ediles del municipio ourensano de Os Blancos y del lucense Mondoñedo reconocen abiertamente que están con la soga al cuello, incluso los alcaldes de poblaciones como Cangas, Ponteareas y Moaña en la provincia de Pontevedra, además de la coruñesa Carnota asumen que jamás lo han tenido tan crudo.
Pero la lista es mucho mayor, tanto que todas las fuentes consultadas por este periódico han insistido: “No hay que exagerar, la situación será extremadamente difícil, pero no conviene crear alarma social en un asunto tan delicado como las nóminas de millares de trabajadores municipales”. Sea como fuere, en manos de todos (PSdeG, BNG y PPdeG, además del Consello de Contas y la Cámara autonómica de Galicia) está la relación de los consistorios que en 2010 entrarán en la situación de crac técnico, el concepto esgrimido en los documentos de anticipación que elaboró el Partido Socialista a finales de 2008.
Es la siguiente: además de los citados, Culleredo, Sada, Rianxo, Fene, Santa Comba, As Pontes, Outes, Vedra, Porto do Son, Arzúa, Carral, Oroso, Ortigueira, Ponteceso, Cee, A Pobra do Caramiñal, Melide, Padrón, Negreira y Cedeira en territorios coruñeses. Cangas, Redondela, O Porriño, Ponteareas, Valga, Bueu, Cambados, Silleda, Moaña, Baiona en la provincia pontevedresa. Ribadavia y Verín, en Ourense. Ribadeo y Chantada, en Lugo. En total, cuarenta mucipios de tamaño medio que han traspasado o están a punto de traspasar la frontera de la insolvencia. En este contexto hay que entender la propuesta realizada esta semana por el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, cuando sugirió que los ayuntamientos puedan destinar la mitad de los fondos del Plan de Obras y Servicios a “gastos corrientes”. Es decir, esencialmente a nóminas.
De la Unidad de Cuidados Intensivos a la antesala del caos
Especialistas del Consello de Contas, al frente del cual está el catedrático de la Facultad de Derecho Antonio López, elaboraron hace dos años un informe para consumo interno de la Escola Galega da Administración Pública. En sus páginas se pone de manifiesto la nebulosa que rige en numerosos ayuntamientos a la hora de contratar a buena parte de sus empleados: “Gran parte de las entidades fiscalizadas”, se dice allí, “carecen de una relación de puestos de trabajo que comprenda su denominación y características, además de las retribuciones que les corresponden y los requisitos exigidos a quienes desempeñan esas funciones”, tal y como establece la Ley de Bases del Régimen Local.
La situación está tan embrollada que, hablando en plata, algunos alcaldes se han situado al margen de la ley a la hora de contratar a sus colaboradores. Y eso se ha realizado sin distinción de credos ni ideologías políticas, siendo frecuente que muchos hayan reservado a sus amigos y conocidos para ocupar puestos de trabajo que, en condiciones normales, deberían estar en manos de funcionarios de carrera seleccionados mediante oposiciones, con luz y taquígrafos.
En ocasiones, los sueldos son casi clandestinos: no aparecen publicados en ningún boletín oficial y con frecuencia se pagan, de modo caprichoso, indemnizaciones por las causas más pintorescas. En realidad, hoy es el día en que se desconoce el número total de empleados que trabajan en los ayuntamientos de Galicia, según reconoce el Consello de Contas.
No es de extrañar la frase que Xosé Crespo, alcalde de Lalín, pronunció hace dos años tras reunirse con el presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán: “A corto plazo”, dijo Crespo aquel día, “la situación es drástica… pero a medio plazo será caótica”. En aquella reunión, ambos admitieron que el universo municipal de nuestro país estaba a punto de entrar en la UCI .