Medio centenar de instalaciones industriales gallegas (47, en concreto) están sometidas al régimen europeo de comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del efecto invernadero y del cambio climático. Como ellas, hay algo más de un millar de fábricas en toda España que si quieren contaminar tienen que pagar y comprar derechos de emisión. El mercado funciona desde el 2005 por obra y gracia de la Comisión Europea, que ideó ese instrumento precisamente para penalizar los vertidos industriales de CO2 a la atmósfera. Y lo está consiguiendo ahora, 14 años después. Porque la tonelada de dióxido de carbono se ha encarecido de golpe en los últimos meses y cotiza a un precio medio de 25 euros en este 2019, lo que supone un 60 % por encima de su importe en el 2018, cuando andaba a 16, tal y como se puede comprobar en la página web de la empresa española Sendeco, que se dedica a comerciar con el CO2.
Esta escalada ha pillado por sorpresa a la industria, que no contaba con ese sobrecoste adicional que grava sus costes de producción. Los primeros síntomas de ahogo los están poniendo de manifiesto las centrales eléctricas que funcionan con carbón, que directamente han dejado de producir energía, al menos de forma temporal, porque resulta más gravoso funcionar que estar paradas. En Galicia, las dos que están operativas, la de Endesa en As Pontes y la de Naturgy en Meirama (Cerceda), apenas generan electricidad por falta de rentabilidad.
Según datos proporcionados por la Consellería de Medio Ambiente, las 47 instalaciones industriales gallegas sometidas al régimen de comercio de emisiones soltaron a la atmósfera el año pasado 15,5 millones de toneladas de dióxido de carbono. Casi el 70 % de ellas (10,5 millones) procedían de cuatro plantas: de las térmicas de Endesa y Naturgy, sobre todo de las de carbón, pero también de los ciclos combinados de gas natural, que están sustituyendo a las anteriores en la producción eléctrica, aunque emiten poco CO2 en comparación con las otras.
A diferencia de la mayor parte del resto de sectores sometidos a este régimen europeo, las centrales de producción de energía no disponen de derechos de emisión gratuitos, es decir, las compañías tienen que adquirir en el mercado todo el dióxido de carbono. Teniendo en cuenta que la tonelada se cotiza este año a una media de 25 euros, las cuatro térmicas gallegas dedicaron casi 263 millones a ese concepto. A precios del 2018, la factura hubiera ascendido a 168 millones, o sea, 95 menos.
El conjunto del sector industrial gallego afectado por la directiva de emisiones declaró 15,5 millones de toneladas, aunque 3,5 millones se asignaron de forma gratuita, según datos de la Consellería de Medio Ambiente. Así que las toneladas que tuvieron que adquirir en el mercado sumaron 12 millones. Traducidas en gasto económico, resulta que la factura total por la compra de derechos de emisión alcanza este año los 300 millones, cuando a precios del 2018 sería de 192. Es decir, que el sobrecoste provocado por la revalorización del dióxido de carbono para el conjunto del sector en Galicia asciende a algo más de 100 millones de euros.
La Xunta culpa a Madrid
El parón de producción en la central térmica de As Pontes es especialmente preocupante, porque Endesa planificó una inversión de 217 millones de euros, que está ejecutando, para modernizar la instalación y reducir emisiones para ajustarse a una nueva directiva. El objetivo de la compañía era prolongar la vida útil de la planta de carbón hasta el 2045, pero ese horizonte se tambalea a la luz de los precios del CO2.
Desde la Consellería de Industria culpan al Gobierno central de todos los males de la industria gallega. También de la situación de las térmicas. «A política enerxética do Goberno está destruíndo postos de traballo en Galicia», afirmó hace unos días el conselleiro Francisco Conde.
Fuentes de Industria indicaron que «o Goberno está actuando de xeito irresponsable e improvisado en materia enerxética. En vez de abordar unha transición enerxética ordenada, consensuada e planificada, poñendo sobre a mesa obxectivos a cumprir e orzamento e solucións para chegar a eles como están a facer outros países europeos, os seus anuncios só provocan incerteza e inseguridade».
Un régimen al que están sometidos Ence, Hijos de Rivera, PSA o Alcoa
Todos los sectores industriales, salvo el de generación eléctrica, tienen asignados derechos de emisión gratuitos. Son insuficientes en casi todas las instalaciones gallegas, que tienen que recurrir al mercado para conseguir las toneladas que precisan. Pero en algunas no es así, es decir, la cantidad asignada supera a la declarada. Lo que les sobra pueden venderlo o pueden guardárselo para años de vacas flacas.
Entre las industrias que se encuentran en ese último caso está Coren, que el año pasado tuvo asignadas 8.000 toneladas para su planta de cogeneración y emitió 2.700. También Finsa, que figura en el listado facilitado por la Consellería de Medio Ambiente con cuatro instalaciones de cogeneración diferentes. En tres de ellas, las de Santiago, Lugo y Ourense, el saldo es a favor de la compañía. La de Padrón es deficitaria en derechos gratuitos.
Otras empresas con más toneladas asignadas que declaradas son Megasa, Celsa Atlantic, la fábrica de Ferroatlántica en Dumbría y Cementos Cosmos.
Otras compañías con instalaciones en Galicia sometidas al régimen de comercio de emisión son Hijos de Rivera, por su planta de cogeneración, cuya asignación gratuita de derechos no alcanzó a las declaradas; PSA, Ence y Alcoa.
Hacia la cuarta fase
Las industrias europeas se preparan para adentrarse en la cuarta fase del régimen de comercio de derechos de emisión, que se desarrollará durante el período 2021-2025. De momento seguirán asignándose derechos de forma gratuita, pero estos tienen los años contados (a partir del 2027). En la siguiente fase del plan no podrán acceder a ellos los generadores de electricidad ni las instalaciones de captura o almacenamiento de CO2.
Además, podrán solicitar su exclusión del régimen las instalaciones que hayan emitido menos de 25.000 toneladas de dióxido de carbono para cada uno de los tres años del período 2016-2018. Los hospitales también podrán tramitar su exclusión del mercado. Sin necesidad de que lo pidan, quedan fuera de este mecanismo las plantas que declaren vertidos inferiores a las 2.500 toneladas, sin contabilizar las emisiones de la biomasa.
Los planes que maneja la Comisión Europa son ir retirando progresivamente derechos de emisión del mercado para que estos se encarezcan progresivamente, Y no de golpe como está ocurriendo. El encarecimiento repentino del CO2 se atribuye a la acción de los especuladores.
Fuente La Voz de Galicia