La Xunta detecta contrataciones irregulares de auxiliares de policía en 26 ayuntamientos

(La Opinión de A Coruña) La normativa aprobada en 2007 obliga a que el personal temporal no supere el 50% de la plantilla fija y limita la duración de este tipo de contratos a un máximo de cuatro meses.
De los 26 concellos que vulneraron de uno u otro modo la ley, la mayoría, 11, pertenecen a la provincia de Pontevedra. Son los de Tui, A Guarda, A Illa, Gondomar, Sanxenxo, Arbo, O Grove, Lalín, Redondela, Cortegada y Nigrán. Le siguen de cerca los ayuntamientos coruñeses, ocho de los cuales -Bergondo, Oleiros, A Pobra, As Pontes, Boiro, Ferrol, Valdoviño y Pontedeume- recibieron en total 10 advertencias. Completan la lista los concellos lucenses de Foz, Palas de Rei, Sarria y Burela, y los de Ourense, O Carballiño y Maceda.

Dos años después de la aprobación de la Lei de Coordinación das Policías Locais los concellos gallegos siguen teniendo dificultades para adaptarse a la nueva normativa. Aunque durante los primeros meses de aplicación de la norma la Xunta se mostró más flexible con los ayuntamientos debido a la coincidencia con la celebración de las elecciones municipales, en 2008 un total de 26 concellos fueron advertidos por la Xunta tras hallar indicios de que estaban incumpliendo la nueva ley. La mayoría de estos toques de atención están relacionados con la contratación de auxiliares de policía local, una figura que ya estaba muy extendida antes de la aprobación de la ley pero que hasta ese momento carecía de una regulación normativa.
De hecho, de las 33 advertencias realizadas por Presidencia en 2008 por actuaciones que contravienen la ley, 30 estaban relacionadas con los auxiliares. Y es que la norma aprobada en 2007 introdujo importantes novedades respecto a esta figura, limitando tanto el número de auxiliares por concello, como la duración de sus contratos con la intención de evitar que algunos ayuntamientos recurriesen a este tipo de personal para no tener que ampliar sus plantillas de policía.
“El 90% de los problemas con la aplicación de la Lei de Policías Locais tienen que ver con los auxiliares porque ahora está regulado pero algunos alcaldes siguen contratándolos como lo han hecho siempre”, explican fuentes de la Xunta. Y es que uno de los objetivos de la Lei de Coordinación das Policías Locais era actualizar una norma aprobada 15 años atrás y que en la práctica permitía grandes desigualdades entre los distintos cuerpos municipales. Los sindicatos y asociaciones más representativos del colectivo en Galicia, de hecho, llevaban años reclamando la revisión de la ley para dignificar el cuerpo y mejorar sus condiciones salariales y laborales así como establecer criterios claros para los nombramientos, un punto en el que, según denunciaban, algunos alcaldes imponían sus criterios por encima de la jerarquía o la antigüedad.
Desde que se aprobó la nueva normativa, sin embargo, los concellos no pueden tener un número de auxiliares que supere el 50% de sus funcionarios fijos y sólo podrán contratarlos durante un plazo máximo de cuatro meses, prorrogable otros dos “en casos excepcionales”. Además, las contrataciones temporales también quedan restringidas a los concellos con cuerpo de policía propio. El resto de ayuntamientos -la mayoría, ya que sólo 131 concellos gallegos tienen Policía Municipal- sólo podrán contratar para tareas de seguridad pública a un máximo de dos personas, los llamados vigilantes municipales.
Las 33 advertencias emitidas el año pasado por la Consellería de Presidencia no implican, de momento, ningún tipo de sanción y aunque en la mayoría de los casos los ayuntamientos suelen atender estos requerimientos, lo cierto es que entre los 26 concellos amonestados en 2008 hay varios reincidentes. Es el caso de los concellos de Bergondo, A Pobra do Caramiñal, Sarria, Palas de Rei y Burela, todos ellos con dos advertencias por incumplir la Lei de Coordinación das Policías Locais de Galicia, y sobre todo el de A Illa de Arousa, al que Presidencia le envió hasta tres avisos el año pasado para recordarle que debe cumplir la normativa.
De los 26 concellos que vulneraron de uno u otro modo la ley, la mayoría, 11, pertenecen a la provincia de Pontevedra. Son los de Tui, A Guarda, A Illa, Gondomar, Sanxenxo, Arbo, O Grove, Lalín, Redondela, Cortegada y Nigrán. Le siguen de cerca los ayuntamientos coruñeses, ocho de los cuales -Bergondo, Oleiros, A Pobra, As Pontes, Boiro, Ferrol, Valdoviño y Pontedeume- recibieron en total 10 advertencias. Completan la lista los concellos lucenses de Foz, Palas de Rei, Sarria y Burela, y los de Ourense, O Carballiño y Maceda.
Hasta la fecha, la Xunta no ha ido más allá de las advertencias a la hora de ejercer las funciones de control y seguimiento de la aplicación de la norma que le corresponden pero si el Ayuntamiento hiciese caso omiso de forma reiterada a sus avisos, la Dirección Xeral de Administración Local podría plantear un recurso más serio e incluso, llegar a sancionarle.
La insuficiencia de las plantillas de muchas policías locales ha convertido casi en una norma el recurso a auxiliares de policía durante los meses de verano, un periodo de vacaciones y afluencia de turistas que, sobre todo en determinadas zonas de la costa, suele disparar las necesidades en materia de seguridad y atención ciudadana. Conscientes de esta situación, hace años que el Ministerio del Interior aprueba cada verano un notable refuerzo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las zonas más turísticas del país, entre ellas, Galicia. La Xunta, por su parte, también aporta su granito de arena y cada año aprueba una orden de ayudas para la contratación de auxiliares de policía local durante esos meses.
Se trata de una colaboración muy solicitada por parte de los concellos gallegos ya que las ayudas van de un mínimo de 1.500 euros hasta los 20.000 que recibió Sanxenxo el año pasado. Este municipio pontevedrés es el paradigma de la situación que se vive cada verano en los municipios más turísticos de Galicia, que en julio y en agosto multiplican con creces su población habitual debido a la afluencia masiva de turistas, un crecimiento repentino que, si no se prevé, puede impedir que se garanticen determinados servicios e incluso el orden público.