Empresarios y transportistas anuncian futuras protestas contra el decreto del carbón

[La Voz de Galicia] La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria, la Asociación de Empresarios de Suelo Industrial de As Pontes (Seara), la Asociación de Empresarios de As Somozas y la Asociación Transpuerto Ferrol-As Pontes suscribieron ayer un manifiesto en contra del decreto del carbón nacional. Además, los firmantes realizaron un llamamiento a la sociedad comarcal para que se adhiera al manifiesta y a «a la protesta cívica que se celebrará en próximas fechas».

Las organizaciones empresariales sostienen que además de la planta térmica de Endesa, sus auxiliares y los transportistas, con la aplicación de la norma que incentiva la quema de mineral nacional para la generación de electricidad en el país redundaría en una caída drástica de los tráficos de carbón en el puerto, que disminuirían en un 80%. Los camioneros verían en peligro la viabilidad de sus firmas. «Las empresas de todos los sectores afectados hemos realizado importantes inversiones en los últimos ejercicios para adaptar nuestros equipos e infraestructuras a las necesidades de producción de la central térmica de As Pontes. El cese en la actividad en la misma impediría la adecuada amortización de tales inversiones, afectando por tanto de modo directo a la competitividad de nuestras empresas», afirman en el manifiesto.
Las patronales y el puerto insisten también en que en la comarca se ha invertido en actividades empresariales innovadoras, competitivas y respetuosas con el medio ambiente, «de acuerdo con el principio de sostenibilidad propugnado por el actual Gobierno». Por ello, critican que «ahora se nos penalice en favor de otros sectores menos competitivos y respetuosos con el entorno».
Reconversiones
Además, los firmantes del manifiesto insisten en que otras decisiones políticas ya limitaron «artificialmente la capacidad productiva de las dos mayores industrias de nuestro entorno, las correspondientes al sector naval y ahora al energético». Insisten en que no pretenden que los poderes públicos «nos dispensen un trato de privilegio, sino que simplemente no se limite nuestra capacidad».