Uno de los acusados asegura que el expresidente de la sociedad pública se llevaba “maletines” por operaciones en las que mediaba y dice que el entonces conselleiro Manuel Vázquez sabía de las presuntas irregularidades
[La Opinión de A Coruña] Todo empezó en octubre de 2008 con la muerte de más de un millar de truchas en el Lengüelle, en el río de Cerceda (A Coruña) que rodea el vertedero de Areosa, el basurero de Sogama al que van a parar buena parte de los residuos generados por los gallegos. Pero la investigación sobre un presunto delito medioambiental, con cerca de una treintena de imputados en la etapa del bipartito, ha derivado en una pieza aparte por tráfico de influencias. La nueva imputación afecta a José Luis Cabanelas, jefe de Danigal en Galicia -empresa que gestionaba el vertedero de la sociedad medioambiental en Areosa-; Ramón Pérez Mariño, exjefe técnico de Sogama despedido en enero de 2009 tras denunciar las “irregularidades” en la gestión de la entidad semipública, y Ángel Javier Costal, responsable de transporte y transferencia de Sogama. Los tres están siendo investigados por haber utilizado presuntamente su cargo para obtener beneficios personales a cambio de favores, algunos por parte de alcaldes y diputaciones provinciales, tal y como revela el sumario que fue levantado días después de las elecciones municipales del 22-M.
De los tres imputados por tráfico de influencias, Pérez Mariño ya había sido citado por el juez instructor del caso por presunto delito ambiental. El proceso comenzó en el juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña hace ya más de dos años, cuando los ecologistas denunciaron la muerte de más de un millar de peces en el Lengüelle, uno de los afluentes del Tambre, río que abastece a la ciudad de Santiago y a su área metropolitana. Según la denuncia presentada a finales de 2008, entre otros por el PP, las truchas fallecieron por los vertidos “continuados” procedentes de Areosa, un depósito en el que Sogama acumula desde 1995 millones de toneladas de residuos que no pudo incinerar porque superaban la capacidad de la planta. Finalmente, la investigación de la Guardia Civil advirtió de graves deficiencias en impermeabilización y depuración de las montañas de basura que gestionaba entonces Danigal.
Nueva pieza
Fue una denuncia por parte de la exmujer del jefe de transporte y transferencias de Sogama ante el fiscal de Medio Ambiente la que llevó a la apertura de un nuevo proceso por presunto tráfico de influencias. Según la denunciante, María José Iglesias, su exmarido se había enriquecido de manera ilícita a través de su cargo en la sociedad medioambiental dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. A raíz de esta denuncia, el juez ordenó la intervención del teléfono del denunciado, Ángel Javier Costal.
En estas escuchas telefónicas, que posteriormente se extendieron a Cabanelas y a Pérez Mariño, el jefe de transporte de residuos en la planta sitúa al expresidente de Sogama, José Álvarez -nombrado por el entonces conselleiro de Medio Ambiente y actual líder del PSdeG, Manuel Vázquez- como el promotor del despido del entonces jefe técnico de la entidad público privada. “A Pérez Mariño, lo finiquitaron porque no firmaba papeles”, apunta Costal en una de las conversaciones intervenidas. Unas declaraciones en las que además acusa al expresidente de Sogama, al que se refiere como Mangouras, en referencia al capitán del Prestige que llevó al petrolero a una catástrofe sin precedentes en las costas gallegas, de llevarse un “maletín” por su mediación en la venta de Danigal. Según se desprende de estas conversaciones, Álvarez podría haber recibido dinero a cambio de hacer informes favorables sobre la empresa asturiana en el momento en que Tres-i se mostró interesado en su compra. “Le venden una moto sin motor”, aludió Costal en referencia a las presuntas gestiones del presidente de Sogama para incrementar el valor de Danigal ante Tres-i.
Pero en esas conversaciones, Costal va más allá e incluso señala como conocedor la comisión de presuntas irregularidades en la dirección de Sogama al entonces conselleiro de Medio Ambiente Manuel Vázquez. “Mangouras -asegura en referencia a José Álvarez- no hacía nada sin tener compañeros de viaje que lo acompañaran”.
En el sumario, también aparecen conversaciones intervenidas al jefe de Danigal en Galicia, José Luis Cabanelas. Una de las que resultan más llamativas, aparte de las mantenidas con alcaldes para conseguir algún contrato de tratamiento de residuos, es la que mantiene con un guardia civil del Seprona, el alférez Carlos Bandín. Se da la circunstancia de que este agente estaba al frente de la investigación por el vertido al Lengüelle que provocó la muerte de miles de peces, lo que podría poner en duda la imparcialidad del proceso en la pieza medioambiental.
En esa charla, de la que se deduce un trato muy personal entre ambos, Cabanelas le dice que tienen que buscar un día para quedar a comer, pero que de todas formas, le tiene que dejar un “juguete” -se sobreentiende que un regalo- en el “maletero de su coche”.
Las conversaciones intervenidas al jefe de Danigal en Galicia, José Luis Cabanelas, no dejan lugar a dudas. Él se encargó de redactar los pliegos de condiciones de un concurso para un contrato de tratamiento de residuos al que su empresa concurría en el Concello de As Pontes. Según las escuchas telefónicas que aparecen recogidas en el sumario, fue el propio regidor de As Pontes, el socialista Valentín Formoso González, quien le envió a Cabanelas un borrador del pliego de condiciones para una licitación de tratamiento de residuos en el municipio. “Ya lo tengo corregido y con anotaciones”, reconoce el jefe de Danigal en una de esas conversaciones.
No es el único contacto que Cabanelas mantiene con regidores para lograr algún trato de favor o incluso que se lo pidan a él mismo durante el periodo que tiene intervenido su teléfono. En otra de esas conversaciones aparece el alcalde de Cerceda, el socialista José García Liñares, quien pide la mediación del jefe de Danigal para colocar a dos personas en la plantilla de la empresa en la localidad coruñesa.
Pero no solo la gestión de algunos concellos pueden estar en el punto de mira de la Justicia a raíz de demostrarse la veracidad del contenido de estas conversaciones telefónicas, sino también las de algunos organismos provinciales como es el caso de la Diputación de Ourense. Y es que según revelan los pinchazos telefónicos al jefe de Danigal, la empresa inflaba facturas al organismo provincial en manos de José Luis Baltar por la recogida de cartones. Hasta un 33% más de material recogido que el real, según los pinchazos telefónicos.