En la última década, As Pontes ha contenido el aliento hasta en tres ocasiones por decisiones relativas con el futuro de su central térmica. La escalada de los precios de los derechos de emisiones por tonelada de CO2 a la atmósfera que ha experimentado el sector energético en el último año ha expulsado a las plantas como la pontesa del mercado, y propiciado que lleve más de dos meses de práctica parálisis. La situación ha disparado la preocupación no solo en Endesa, propietaria de la planta, sino en su plantilla directa y auxiliar, y también entre los dirigentes políticos. Además, ha generado ya las primeras movilizaciones, -impulsadas por la asociación de transportistas que trasladan el carbón desde el puerto exterior de Caneliñas hasta la villa minera-. El problema tiene difícil solución a corto plazo.
El hecho de que el precio de las emisiones se fije en un mercado europeo limita las posibilidades de intervención, tanto desde la empresa como desde el ámbito institucional. A esta coyuntura del sistema se suma que todavía no hay un Gobierno central formado y, por lo tanto, no se puede llevar a cabo una interlocución firme ante las autoridades de la Unión Europea y tampoco tomar medidas para hacer más competitivas las centrales ahora más castigadas, como podría ser la suspensión del céntimo verde. Por otro lado, el proceso de transición energética, que concede más peso a las energías renovables, tampoco juega a favor, castigando a las fuentes de generación que utilizan materias fósiles.
Preocupación total
Así, preocupación es la palabra que más se escucha estos días en As Pontes. «Seguimos muy preocupados, porque en el cortísimo plazo no hay solución posible», admite el alcalde, Valentín González Formoso, quien confía no obstante en que el grupo de trabajo que ha aceptado constituir el Ministerio de Transición Ecológica, y en el que estarán representadas distintas partes afectadas, arroje algo de luz al problema. Además, subraya que sus esperanzas también están puestas en las pruebas que está desarrollando la central para mezclar varios carbones, de forma que su combustión sea menos contaminante y pueda así reducir la factura por los derechos de CO2.
Mientras, los 150 transportistas deben cumplir con el pago de las inversiones -unos 100.000 euros por vehículo pesado- que afrontaron con la renovación de su flota, sin tener actividad ninguna.
Esta es la última de las crisis del carbón por la que está pasando la térmica pontesa, que inició la década teniendo que hacer frente a un decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para primar el uso del mineral nacional, que amenazaba con expulsarla del sistema. Finalmente, aquellos temores no se cumplieron. Después, mientras Endesa sopesaba su decisión de invertir cantidades millonarias en prolongar su vida útil para que pudiese operar a partir del 2020, también volvió a dispararse la preocupación, como sucede ahora, cuando la descarbonización total de la economía, prevista para el 2050, se ha adelantado de facto por otros factores.
Fuente La Voz de Galicia