As Pontes se moviliza en defensa de su principal industria, la central térmica de Endesa, y lo hace implicando a tres comarcas: la ferrolana, la de A Mariña y A Terra Cha. Lleva casi cinco meses parada la joya de la Corona de la empresa y está dando en la línea de flotación de toda la cadena productiva que acompaña su actividad. Solo los 150 camioneros que se ocupan de transportar el camión desde la terminal del puerto exterior ferrolano hasta la villa minera han dejado de ingresar desde finales de marzo ocho millones de euros, y algunos temen ya el embargo de sus vehículos. Por ello, representantes de este colectivo impulsan un encierro en los ayuntamientos de As Pontes, Ferrol y Vilalba, después de haber participado a las ocho de la tarde de este lunes en una asamblea en la que estuvieron presentes representantes políticos e institucionales, así como agentes sociales de las mencionadas comarcas. Desafiando a la lluvia, la villa minera se echó a la calle para elevar la presión al Gobierno, y concienciar a la sociedad de una situación que pone en jaque una central en la que Endesa está invirtiendo 217 millones, y que se ha quedado fuera del mercado eléctrico —como el resto de plantas de carbón— por la falta de competitividad que le ha supuesto que se han disparado los costes por la adquisición de los derechos de emisión de CO2.
El alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, defiende la urgencia de «movilizar a la sociedad de tres comarcas para concienciar al Gobierno central de la necesidad de que facilite que la central continúe funcionando». Entiende que si el Ejecutivo no puede intervenir en el mercado de los derechos de emisiones, sí puede hacerlo, por ejemplo, respaldando los esfuerzos que está haciendo Endesa para utilizar combustibles alternativos —como residuos forestales, entre otros— para que la térmica pueda volver a operar. Además, también reprocha que se esté tratando por igual a las térmicas que han decidido cerrar sus puertas que a las que han apostado por ser menos contaminantes y seguir funcionando.
Manuel Bouza, portavoz del colectivo de los transportistas, también considera que el Ejecutivo central puede hacer más de lo que está haciendo. Ya han mantenido cuatro reuniones y el martes se llevará a cabo la quinta. La eliminación de impuestos que gravan el funcionamiento de las térmicas de carbón es una de las medidas que solicitan.
De la térmica pontesa dependen unos 700 puestos de trabajo directos y sus casi cinco meses de parálisis está derivando en una «situación crítica», según Bouza.
En la protesta de As Pontes participaron, entre otros, los alcaldes de San Sadurniño, Villalba, Ortigueira y A Capela, además del pontés.
Víctor Ledo, secretario de la Federación de Industria de CC.OO, advirtió de que la solución para frenar «o empobrecemento da comarca» es política y pidió a Endesa tiempo para «unha reconversión programada». Alberte Amado, de la CIG, abogó por reclamar a la eléctrica un «compromiso polo mantemento do emprego» y Nicasio Pena, de UGT, incidió en que, pese a lo complicado de la situación, no dejarán de luchar.
Fuente La Voz de Galicia