El ritmo en el municipio de As Pontes ha sufrido un frenazo en seco. Ningún colectivo escapa a la parálisis de la central térmica de Endesa. El colectivo de transportistas del carbón fue el primero en sufrir los efectos de una decisión -motivada por el alza del precio de compra de los derechos de emisión de CO2- que cogió a todos por sorpresa. Sin previo aviso. Y en plena transformación de sus instalaciones.
Por eso, en las calles del municipio se respira desde hace semanas una calma tensa. Tras la resaca de las manifestaciones de Santiago, A Coruña y As Pontes, la mirada está puesta ahora en la próxima reunión, que se celebrará en Madrid. Mientras, en plena cuenta atrás, el ambiente sigue siendo «muy gris». Así lo califica el empresario David Docampo. «Todos somos conscientes de que el carbón se acaba, pero la clase política debe tener un plan B, un plan de futuro que garantice la reindustrialización de este municipio». Para Docampo -gerente de Pontesa Mármoles y Granito-, el futuro se ve «sin ser alarmista, con gran preocupación». El suyo, no obstante, lo sigue visualizando en As Pontes porque «entiendo que hay posibilidades para mejorar la situación. Igual no para la empresa, pero sí para este pueblo. Creo que poseemos ventajas a la hora de tener capacidad de reindustrialización y tenemos que aprovecharlas». Su voluntad es la misma que la de Juan Rodríguez, uno de los responsables de Transportes y Construcción Canosa. Desde el pasado 9 de septiembre, el empresario apoya el encierro de los camioneros del carbón en los ayuntamientos de As Pontes, Ferrol y Vilalba. «La situación es muy complicada y esto se hace insoportable. No entendemos el parón porque hay una inversión muy grande por parte de la empresa, pero los camiones están parados». Los problemas para estos profesionales, sobre todo los de financiación, afloran. Pero «aquí estaremos, encerrados, hasta que nos den una solución» porque «esto afecta a todo el pueblo. El cierre de la central es una barbaridad, un sinsentido y tenemos que pararlo».
En la industria auxiliar, uno de los eslabones de la cadena de producción de Endesa, también echan cuentas. Las cifras hablan por sí mismas. La plantilla de Maessa, dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, contaba en abril con 86 empleados. Ahora son 52. Y la sangría puede continuar. «La gente está muy descolocada. Preocupan, sobre todo, los mayores de 50 porque buscar una salida fuera es muy complicado»,explica Miguel López Roca, vinculado a la actividad de la térmica desde el año 82. La solución, añade, «pasa porque los mismos que han buscado este problema pongan un remedio encima de la mesa. No se puede echar el candado y listo. Hay que atraer industria a As Pontes que pueda ocupar a la gente. Eso es imprescindible».
La preocupación y la incertidumbre pesan sobre todas las capas de la sociedad pontesa. Al comercio y a la hostelería, implicados desde el inicio en el calendario de movilizaciones, se suman entidades y agrupaciones de todo tipo. También quienes trabajan con las futuras generaciones. Es el caso de Rocío Mouta, educadora desde hace nueve años en la escuela infantil A Barosa. Mouta reconoce que ve «la situación muy negra»: «No me imaginé viviendo esto. No pensaba en un futuro fuera de As Pontes y ahora es una opción que me ronda la cabeza». Su preocupación es doble. Su pareja trabaja en una compañía de construcción y transporte cuya actividad también está vinculada a la térmica. «Al principio -señala- pensamos que esto era un parón momentáneo, pero ahora ves que no se soluciona y la incertidumbre va en aumento».
Desde As Pontes la reclamación, con una sola voz, pasa por lograr una transición energética justa. «Debía de haberse hecho hace años, pero hemos llegado a este momento y ahora hay que luchar porque, si Endesa acaba así, que es lo único que se ha cuidado, se acabará el pueblo», señala Cristina Ramil. En su opinión, «hay que estar unidos para defender a todos los colectivos. Hay que comprar en el pueblo y apostar por lo que se hace aquí». Solo así, dice, «habrá un futuro para nosotros y para nuestros hijos».
Derechos sociales
Con el futuro de la térmica en el aire, las movilizaciones se trasladaron ayer hasta la sede de Endesa en Madrid. El denominado personal pasivo -los jubilados, prejubilados y huérfanos y viudas-, reclamó a la eléctrica la continuidad de los derechos sociales adquiridos en las últimas décadas. Desde As Pontes, apuntó Nicasio Pena de UGT, salieron «unhas 600 persoas, en total, de todo o país, eramos preto de 3.000». El 1 de octubre, Endesa comenzará a ejecutar la modificación del contrato de suministro eléctrico. «A empresa non quixo abordar o asunto na mesa negociadora, pero para mañá mércores está prevista outra reunión. Ese beneficio social é salario. Endesa non pode quitar algo así», insistió. El alcalde de As Pontes, Valentín González, estuvo presente en una concentración a la que también asistió, en señal de apoyo, una representación de camioneros del carbón.
Fuente La Voz de Galicia