En manos de la Justicia

El decreto del carbón, sobre el que mañana se pronunciará la Audiencia Nacional tras bloquearlo, no es el único frente de la Xunta en tribunales
[ABC] Será el miércoles cuando se despeje el interrogante abierto la pasada semana acerca del decreto del carbón, cuya aplicación paralizó la Audiencia Nacional y con el que el Gobierno pretende obligar a las empresas eléctricas a quemar lignito nacional (con escaso poder calorífico y contaminante). La norma, que deja fuera de juego a las plantas gallegas de As Pontes y Meirama, que acometieron inversiones millonarias hace años, motivó la apertura del enésimo frente judicial abierto por la Xunta frente a las acciones del Gobierno central. Y, curiosamente, el mismo podría verse atajado por el recurso de las eléctricas, que lograron una doble victoria parcial el viernes que arroja nuevos y serios interrogantes sobre la normativa.
El auto de la Audiencia Nacional aceptó las medidas cautelarísimas solicitadas por el sector contra una resolución presentada por el Ministerio de Industria el martes 26 de octubre, que ayer debería entrar en vigor, mientras que el Tribunal de la UE sugirió de retrasar su aplicación.

Una vez conocida la noticia, la Xunta declaró su satisfacción por el bloqueo (en la práctica), y entendió que esta determinación refuerza su postura. Era el pasado 22 de octubre cuando después de reiterados anunciados sobre su intención de recurrir el decreto del carbón, y lograr con ello la suspensión cautelar de este el Ejecutivo autonómico formalizaba su amenaza. Así, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo iba más allá y advertía que esperará a la publicación del decreto en el Diario de las Comunidades Europeas para «estudiar e interponer si cabe» un recurso ante Luxemburgo.
Pero este no es el único frente que la Administración autonómica espera lidiar en los Tribunales. Los contenciosos se han convertido en un arma necesaria para la Xunta de Galicia a la hora de defender los intereses de la Comunidad frente a las imposiciones y varapalos constantes del Gobierno central a la región. Las quejas por invasión de competencias de las autonomías se ha convertido en los últimos años en una constante.
Así, a los cuatro meses de su llegada al Gobierno, Feijóo anunciaba el primer recurso contencioso administrativo contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central —aprobado el 16 de abril de 2009—, que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos. En este ámbito, la Administración autonómica ya había aprobado en septiembre y noviembre de 2007 acuerdos para formular un requerimiento de incompetencia y un conflicto de competencias contra el decreto estatal que establece el procedimiento administrativo para solicitar la autorización para instalar aerogeneradores eléctricos en la costa.
Conflicto de competencias
Y suma; y sigue. El malestar del Gobierno gallego por la modificación del régimen especial eléctrico realizada por el Ministerio de Industria, con el consecuente recorte de primas a las eólicas con más horas de producción al año: las gallegas. Nuevamente, el pasado mes de septiembre, la Xunta se veía obligada a acudir a un contencioso en el Tribunal Supremo ante el «exceso» del Gobierno central al imposibilitar a la Administración gallega a aplicar su propia normativa, «invadiendo el autogobierno», según argumentaba el director general de Industria, Energía y Minas, Ángel Bernardo Tahoces.
El conflicto de competencias ha abarcado igualmente otros ámbitos al margen de las energías. De este modo, en diciembre de 2009 se anunciaba un recurso ante el Tribunal Constitucional al respecto de una convocatoria de ayudas para integración de inmigrantes, debido que este concurso «no respetaba» los intereses gallegos, tal y como detectó la Comisión de Seguimiento de disposiciones normativas del Estado y de otras comunidades autónomas.
Cajas
El 26 de marzo de 2010, la Xunta cumplía su amenaza de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula el fondo de rescate bancario que aprobaba en el verano de 2009 el Congreso con los votos del PSOE, PP y Coalición Canaria al entender que su artículo 8 invade las competencias de supervisión sobre las cajas de ahorros que el Estatuto de Autonomía, la ley de cajas —la antigua y la actualmente recurrida— reservan a la Xunta.
En este caso, el anuncio se producía tras semanas de estancamiento en las negociaciones entre la Xunta y el Gobierno central sobre el recurso presentado ante el Constitucional sobre diez preceptos de la Ley de Cajas gallega. En sus argumentos, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, alegó que la última propuesta sobre el FROB elaborada por el Gobierno central era «decepcionante», puesto que «amplía las restricciones competenciales» previstas en la redacción original del texto, en la que «ya se obviaba la participación efectiva de Galicia en los procesos de reestructuración bancaria».
Financiación
El último aviso, aún no efectivo, es el de llevar a los tribunales al Gobierno central si éste no accede a transferirle los 243 millones del Fondo de Cooperación que ya han sido incluidos en las cuentas gallegas para 2011, pese a asegurar el Ministerio de Hacienda que no los liquidará hasta 2013. Coincidiendo con la celebración de uno de los últimos consejos de Gobierno, el presidente gallego insistía en que estos fondos están «comprometidos», al tiempo que explicó que Galicia volverá a demandar que se transfieran en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará antes de final de año.
«Si el Gobierno incumple el modelo de financiación, acudiremos a los tribunales, igual que con el decreto del carbón», ratificaba tras destacar que hay otras comunidades españolas, «de todos los signos», que han sumado el dinero de este fondo a sus cuentas para 2011.
En este punto, el ministerio de Elena Salgado esgrime su interpretación de la Ley 22/2009 para ratificar que Galicia deberá esperar al 2013 para recibir los 243 millones que exige para el 2011. En cambio, el Gobierno de Feijóo asegura que se trata de una disposición transitoria como la justificación legal de los anticipos de los fondos que reclama. La Xunta cree que el Ejecutivo de Zapatero «pretende incumplir la palabra dada hace tan sólo nueve meses».