Golpe de gracia a las térmicas gallegas

[La Voz de Galicia] Fueron muy cuestionadas durante décadas por su impacto ambiental. Desde los años cincuenta obligaron a muchos de sus vecinos a tener que desprenderse de sus tierras y, a cambio, supusieron una fuente de riqueza y de empleo no solo para los municipios de As Pontes y Cerceda, en donde se asienta la industria térmica gallega, sino también para su zona de influencia. Por sus puertas ya no entran como hace decenios miles de trabajadores, pero esos gigantes de hormigón con sus altas chimeneas aún son vitales para la economía de sus zonas y un puntal de la industria energética de la comunidad.

Las centrales de carbón de Endesa y Gas Natural Fenosa experimentaron dos reconversiones -a principios de los noventa y a mediados de la década en curso- para reducir las emisiones a la atmósfera y ser más eficientes. La tercera reconversión no la mandan las reglas del mercado, sino el Gobierno central, que aprobó un decreto que entró ayer en vigor y que primará el funcionamiento de las térmicas que solo consumen carbón nacional. Tras el agotamiento de sus minas, y para cumplir con Kioto, las plantas gallegas se adaptaron para quemar únicamente carbón de importación, por lo que corren el riesgo de quedar fuera del mercado.
El Gobierno descarta el cierre de las centrales, pero en As Pontes y Cerceda se palpa el temor de que la medida sea el golpe de gracia a sus térmicas. Aún cuando las eléctricas mantuviesen a sus trabajadores de lunes al sol en sus instalaciones, toda la cadena productiva que se mueve alrededor de las centrales registraría un duro golpe. De hecho, este año, por la caída de la demanda debido a la crisis económica y por la apuesta por utilizar las fuentes renovables -sobre todo el viento y el agua- en la generación de electricidad del país, las centrales ya han padecido largos parones, lo que ha repercutido de lleno en el resto de la industria que la acompaña. El decreto, pues, puede ser la puntilla. Firmas auxiliares que operan en las plantas, personal de mantenimiento, transportistas, personal de los puertos donde se descarga el mineral con destino a las térmicas, los talleres y los negocios de restauración, entre otros. En total, unos 2.000 empleos están amenazados por la nueva norma y, según la Xunta, el impacto económico puede llegar a los 1.200 millones de euros. La paralización de la actividad en As Pontes tendrá una repercusión directa en la comunidad. Sus vecinos son los que registran, junto a los de O Porriño, la mayor aportación del producto interior bruto (PIB) gallego por ciudadano, con 41.007 euros frente a los 19.762 de la media de la comunidad.