Plantas paradas, voces y silencios

[ABC] As Pontes y Meirama emprendieron inversiones millonarias para hacer caso de las recomendaciones de hace unos años y emplear carbón importado, menos contaminante y más barato. El Gobierno ha urdido ahora un reparto de la tarta eléctrica que las lleva a ver el nuevo negocio desde la grada
Los trabajadores hablan directamente de un linchamiento. Se confirmaron las peores sospechas cuando la Comisión Europea dio el visto bueno al decreto del carbón, un reglamento que permite primar la producción de energía eléctrica obtenida de la quema de la hulla nacional y que en la práctica condenará, en primera instancia, a las centrales térmicas de As Pontes y Meirama. «El futuro no es nada halagüeño, de aquí a final de año se aguarda la entrada de dos cargueros, tres a lo sumo, lo que supondría dos meses de carga de trabajo. ¿Y después? Si esto no se soluciona, tendremos que emigrar, pero ¿dónde vamos tal y como están las cosas? Nos están quitando todo». Es la confidencia de un estibador, cuando habla de la descarga y levante de hulla en la moderna dársena exterior de Ferrol.

La inactividad es, incluso ahora mismo, desesperanzadora. Dos parques de carbón completamente vacíos, máquinas paradas y camiones estacionados en el arcén. Para este colectivo, el del transporte, la norma supone otro varapalo. Más de 121 familias gallegas podrían quedar sin su sustento. Son las duras confesiones que escuchó este sábado el presidente de los populares ferrolanos y candidato a la alcaldía, José Manuel Rey Varela, durante su visita a una rada que verá seriamente perjudicado su balance económico, al ser un cálculo que depende en gran medida de los ingresos procedentes de las importaciones de lignito. «Parece una nueva reconversión industrial», reconocía el político del PP, a la vista de las cifras: más de 3.500 empleos afectados (entre directos e indirectos), 1.200 millones en pérdidas, y una norma que favorece el producto español sobre el foráneo, pese a tener menos poder calorífico y resultar más contaminante.
«Queremos saber lo que va a hacer Irisarri —alcalde socialista de la ciudad departamental—; que dé la cara y explique si va a continuar plegándose a los intereses de su partido o si, por el contrario, piensa ejercer como regidor y luchar contra un decreto que podría suponer la puntilla a una de las comarcas más castigadas por los gobiernos del PSOE», se preguntaba Rey.
El portavoz de la Agrupación Progresista de Culleredo, José Ramón Rioboo, mientras, expresaba su apoyo a todos los damnificados por un texto que aboca a la paralización a las dos plantas. «Dejará sin trabajo a empleados de las térmicas y de las auxiliares de transporte y mantenimiento», apuntaba, a la vez que recordaba que estas instalaciones «son viables, rentables y en los últimos años hicieron caso a los consejos y asumieron inversiones millonarias para adaptarse al nuevo combustible, importado y menos nocivo. Y ahora se vuelven inservibles». En su declaración, recriminaba al Gobierno de Zapatero que intentase solucionar un problema a costa de crear otro, espinoso, para Galicia.
«Que el ejecutivo de Zapatero retire el decreto o, en su defecto, que establezca medidas compensatorias para los afectados de Meirama y As Pontes, sin limitarse a los concellos en los que están ubicadas las centrales, sino abarcando también a los limítrofes, y alcanzando, en todo caso, a todas las personas perjudicadas, bien sean empleados directos o de las empresas auxiliares», demandaba ayer, y pedía a todos los grupos políticos, sobre todo a los que están mostrando una posición más ambigüa, que «salgan de su indefinición y se posicionen claramente en defensa de los trabajadores vinculados a este sector».
¿No estamos afectados?
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, exigió ayer a Moncloa que defina cuanto antes «cuáles son» las famosas indemnizaciones, sobre todo después de que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, asegurase que «para nada se van a ver afectadas (As Pontes y Meirama)». En todo caso, adelantó que la valenciana está en un error: «Porque, como no han querido escuchar la posición de Galicia, no pueden entender que aquí hay una afectación; la vicepresidenta está absolutamente equivocada por falta de información u otra razón que desconozco», precisó.
El responsable de la cartera del ramo en San Caetano vaticinó que el gobierno de Feijóo no solamente va a ajercer «el derecho al pataleo», sino que empleará «todos los medios judiciales y de presión política». De momento, pidió al ministro Miguel Sebastián que proporcione el arreglo: «Porque ni la Xunta, ni el alcalde de Cerceda, ni el de As Pontes, ni los trabajadores han escuchado en qué consistirán; y no quedaremos parados». Siguiendo la cronología de los hechos, consideró que «a día de hoy, tal y como está el decreto, lo único que sabemos es que nuestras centrales térmicas tienen que parar, y eso no lo vamos a permitir dentro de nuestras posibilidades», predijo, contundente.
Aseguró que, si hasta el 15% de la energía ha de generarse con carbón nacional, «alguien tiene que parar, y el propio decreto indica que son las propias centrales térmicas gallegas; insisto, es un desconocimiento de la situación porque parece que no interesa», reprochó. Y, como ya había hecho en días anteriores, reiteró que la Xunta responderá «con toda la carga jurídica», pero para ello se esperará a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el fin de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo y «ser escuchados» en Bruselas «porque tenemos derecho». Su última acción fue enviar una «tercera carta» al Ministerio de Industria, «y espero que el ministro tenga la amabilidad institucional de atendernos para contar lo que pasa», dijo. «No vamos a quedarnos parados, y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano como institución para defender jurídica y políticamente a nuestros trabajadores», puntualizó.
En todo caso, matizó que «cuando se toma una decisión de este estilo, hay que valorar todos los aspectos, y si no se valora uno de ellos, esa decisión no es correcta». Por último, el secretario general del PP gallego y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, habló directamente de «un castigo»; y el líder del BNG, Guillerme Vázquez, se mostró en contra de la aplicación de «recetas iguales para realidades que son muy diferentes entre sí».