Galicia está atravesando por un nuevo episodio de crisis en su industria. A la de Alcoa, que se resolvió con la venta de la fábrica de A Coruña (junto a la de Avilés, ahora denominadas Aluiberia) a un fondo de inversión, se suman la de Ferroatlántica (presentó un ERE temporal, que finalmente no ha aplicado), Poligal (que cerró) o Isowat (sin actividad)… Además, las dos centrales de carbón gallegas llevan meses paradas: la de Endesa en As Pontes, tres meses; la de Naturgy en Meirama, seis. ¿Qué está pasando? ¿Está contribuyendo la falta de Gobierno a esta crisis? Pues, en parte, sí. Porque solo un Ejecutivo con plenos poderes -uno en funciones tiene las manos atadas para adoptar grandes decisiones- puede intentar atajar problemas como los que comparten Alcoa y Ferroatlántica: la tarifa eléctrica.
Este tipo de industrias electrointensivas, con un elevado consumo de energía, disponen de unos mecanismos de apoyo para compensar los elevados precios eléctricos en España. Pero han dejado de ser suficientes, según denuncia desde hace meses la patronal del sector. Alcoa lanzó la primera señal seria de advertencia sobre lo que ocurría en noviembre pasado, cuando anunció el cierre de las fábricas de A Coruña y de Avilés por falta de competitividad, en parte por su elevada factura eléctrica. El Gobierno de entonces, el mismo que ahora está en funciones, prometió en diciembre un estatuto para el consumidor electrointensivo, que todavía brilla por su ausencia. El Ejecutivo reconoce que no puede aprobarlo en funciones. De todos modos, pudo hacerlo antes de las elecciones de mayo -de hecho, se comprometió a ello-, pero finalmente retiró las nuevas medidas de apoyo a la industria alegando que Competencia las ponía en duda.
Además de aplazar el estatuto, el Gobierno recortó este año un 40 % los incentivos eléctricos que reparte en la subasta de interrumpibilidad, aunque estos fondos empezaron a menguar ya con el Ejecutivo del PP por una investigación de la Comisión Europea.
Del estatuto para la industria electrointensiva depende también la supervivencia de la única planta que le queda a Alcoa, la de San Cibrao, cuya viabilidad ya cuestionó hace unos meses; y de otras empresas con un elevado consumo eléctrico, como Megasa, Celsa o Showa Denko (antes, SGL Carbón).
Las centrales de carbón comparten con las industrias citadas un problema de falta de competitividad, pero no por el precio eléctrico, sino de los derechos de emisión de dióxido de carbono, que se compran y venden en un mercado europeo. Tan altos están que producir con carbón no sale a cuenta.
Endesa está invirtiendo 217 millones para que la central de As Pontes produzca de forma menos contaminante, pero de continuar así las cosas podría producirse la paradoja de que finalicen los trabajos pero no lleguen a entrar en servicio las nuevas instalaciones.
Pero si las circunstancias del mercado -la escalada en el precio de las emisiones y la descarbonización de la economía, en el que las energías renovables son las que tienen un mayor peso- ya son desfavorables, el hecho de que el Gobierno continúe en funciones acaba por restar cualquier posibilidad para arbitrar medidas que puedan ayudar al funcionamiento de térmicas como la pontesa. Así, el alcalde pontés, Valentín González Formoso, ya apuntó, en un encuentro con responsables gubernamentales, la opción de que se suprima el céntimo verde, impuesto que grava este tipo de centrales, frente a otras que no lo tienen. Sin embargo, es poco probable que un Ejecutivo en funciones vaya a tomar una medida de ese tipo.
Fuente La Voz de Galicia