La Xunta bloquea sus subvenciones a casi 40 ayuntamientos por no rendir cuentas
Entre los municipios afectados figuran cuatro ciudades con problemas para aprobar sus presupuestos: Santiago, Ourense, Ferrol y Lugo
Con el objetivo de mejorar la transparencia en la administración tras la irrupción de la crisis económica la pasada década, entre las medidas adoptadas por la Xunta figura la de que los ayuntamientos que deseen optar a las subvenciones que para ellos reservan los presupuestos autonómicos, entre 250 y 300 millones de euros al año, tengan que estar al día en la rendición de cuentas ante el Consello de Contas. Si no lo hacen, se le cierran las puertas a estos fondos. Y en esta situación se encuentran ahora 38 municipios, con el acceso bloqueado a las subvenciones de la Administración autonómica. Entre los concellos figuran cuatro de las siete ciudades gallegas: Santiago, Ferrol, Ourense y Lugo.
Hasta el año 2012, los concellos no tenían penalización por entregar con retraso o directamente no presentar las cuentas de sus respectivos presupuestos ante el Consello de Contas como órgano fiscalizador de la comunidad autónoma. Pero ese ejercicio entró en vigor un decreto que cambió el escenario, ya que desde entonces todos los concellos que no envían en el plazo acordado sus presupuestos a Contas se quedan de forma automática fuera de las convocatorias de subvenciones autonómicas.
Aún así, actualmente hay 38 concellos -el 23% del total-, de los que 13 pertenecen a la provincia de A Coruña, que no pueden acceder a ninguna de las ayudas que concede la Administración autonómica porque todavía no han entregado sus presupuestos del año 2017 al Consello de Contas. El veto, en todo caso, como recuerda la Consellería de Presidencia, expira en el momento en el que se cumpla con la obligación de rendir cuentas. Pero, mientras tanto, los municipios no pueden acudir a ninguna de las convocatorias que vaya abriendo la Xunta para ir repartiendo a lo largo del año las distintas subvenciones que se reservan los presupuestos autonómicos destinadas a las administraciones locales, con cantidades que oscilan entre los 250 y los 300 millones de euros, dependiendo del ejercicio.
El decreto de la Xunta que se comenzó a aplicar en 2012 establece que los concellos deberán entregar al Consello de Contas las cuentas presupuestarias de un ejercicio en los diez meses siguientes al término del año. El plazo para presentar la documentación de 2017 acabó por tanto el pasado octubre y, ahora mismo, casi 40 municipios sigue sin rendir cuentas. El Consello de Contas hace la lista con los concellos retrasados y los datos se transmiten a la Consellería de Presidencia para que la Administración autonómica conozca qué ayuntamientos tienen bloqueado el acceso a las convocatorias de ayudas.
En esta situación se encuentran cuatro ciudades -en todas ellas sin mayorías absolutas y con problemas para aprobar sus presupuestos-. Por la provincia de A Coruña son 13 los ayuntamientos que a estas alturas aún non han rendido cuentas, entre ellos los de Santiago y Ferrol. Además figuran As Pontes, Cambre, Cedeira, Cerceda, Moeche, Muros, Porto do Son, Rois, Sada, San Sadurniño y Val do Dubra, según los datos del Consello de Contas.
Catorce municipios son de la provincia de Pontevedra: A Guarda, A Illa de Arousa, Arbo, Cangas, Cuntis, Lalín, Marín, Nigrán, O Porriño, Oia, Ribadumia, Rodeiro, Salceda de Caselas y Salvaterra de Miño.
En Ourense y Lugo el nivel de cumplimiento ha sido superior a las provincias atlánticas. En la lucense solo cuatro municipios permanecen bloqueados para acceder a las subvenciones autonómicas: son los de Lugo, Antas de Ulla, Quiroga y Sarria. Mientras que en la ourensana figuran, por el momento, siete en la lista negra: Ourense, A Rúa, Lobios, Melón, Os Blancos, Pontedeva y Verín.
El veto a las subvenciones solo funciona para las de carácter autonómico, pero no para las que concede el Gobierno central. Por eso, el presidente del Tribunal de Cuentas propuso en 2017 que se promuevan las reformas legales necesarias a fin de que la rendición de cuentas sea considerada requisito indispensable para el acceso por parte de las entidades locales a la concesión de todo tipo de ayudas públicas. Y para evitar que haya discriminaciones entre territorios, pidió que los plazos para presentar la documentación fueran los mismos.
Fuente La Opinión