La Xunta desmiente a De la Vega, que no ve en peligro a las térmicas gallegas

[La Voz de Galicia] El Consejo de Ministros aprobó finalmente ayer el decreto del carbón que prima el uso del mineral autóctono en la producción de electricidad. Poco después, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que entrará en vigor «inmediatamente» y que lo estará como máximo hasta el 31 de diciembre del 2014, fecha en la que Bruselas exige el fin de las ayudas.

En relación con el malestar que el decreto ha provocado en Galicia, donde la Xunta ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Supremo, la vicepresidenta quiso enviar un mensaje de «rotunda tranquilidad». Así, afirmó que las centrales gallegas «para nada se van a ver afectadas» por el decreto. Insistió en que «han hecho inversiones» y son «claramente eficientes» y en que no se les va a crear «ningún perjuicio», ni correrán peligro de cierre o de suspensión de actividad.
Sus palabras desataron un auténtico aluvión de críticas e indignación en la comunidad. En declaraciones a La Voz, el conselleiro de Industria, Javier Guerra, aseguró tajante: «Es absolutamente falso. Si el 15% de la energía tiene que ser producida con carbón nacional, las centrales tendrán que cerrar. Son datos que tenemos absolutamente contrastados. Las centrales se cerrarían. Y eso es así, lo diga quien lo diga». «La vicepresidenta, igual que el Gobierno de España, no ha escuchado. Su discurso no es cierto, es falso, y lo es porque no han escuchado y no se han parado a pensar en las consecuencias que el decreto tiene sobre Galicia. Claro que afecta y tiene que haber compensaciones», añadió.
El alcalde de Cerceda, el socialista José García Liñares, también respondió con indignación al mensaje de «tranquilidad» lanzado desde el Gobierno central y recordó que la decisión dejará sin posibilidad de acceder al mercado eléctrico a la planta de Meirama, que consume carbón importado. «É todo mentira. Que me expliquen cómo vai funcionar a central con este decreto», señaló con relación a las manifestaciones de De la Vega; y fue más allá al apuntar que los únicos que pueden tener «tranquilidad son os de Asturias e León», aunque, eso sí, «polo menos, agora xa se fala tamén de Galicia».
La nota optimista la puso el regidor de As Pontes, el también socialista Valentín González Formoso, quien considera que el mensaje del Gobierno central «es esperanzador, porque constata que empieza a mirar a Galicia después de haberla dejado de lado en la tramitación del decreto».
Por su parte, el portavoz nacional del BNG lamentó que un cargo tan importante como la vicepresidenta del Gobierno muestre un desconocimiento tan profundo sobre las implicaciones reales de un decreto que daña, claramente, los intereses de Meirama y As Pontes. «Estamos fartos do dobre raseiro do Goberno central con Galicia e da dobre linguaxe de PP e PSOE; para defender o sector do carbón si que se implican politicamente na UE, agora ben, para defender a construción naval en Ferrol ou o sector leiteiro non», denunció Guillerme Vázquez.
Horas antes, Feijoo había insistido en que la Xunta desplegará «todas as ferramentas» a su alcance para frenar la normativa. «O decreto do carbón discrimina a Galicia e pon en risco 2.000 empregos», denunció el presidente, que acusó al Gobierno de Zapatero de adoptar una decisión «arbitraria e sectaria e que, unha vez máis, volve pór en solfa que non hai interese en defender a todos os españois do mesmo xeito».