[La Voz de Galicia] Sus pueblos y ciudades dependen del carbón en España y afrontan los próximos seis meses como una condena. Con un escenario de caída de la demanda eléctrica, un incremento de la carga fiscal y dificultades financieras, las principales compañías eléctricas del país tienen que decidir antes del próximo 31 de diciembre si acometen inversiones millonarias -en conjunto superan los 2.200 millones de euros- para adaptar sus plantas térmicas a las nuevas exigencias medioambientales europeas o las dejan funcionar 17.000 horas y luego las cierran, en el entorno del 2020. Por ello, los alcaldes de doce municipios españoles con centrales eléctricas de carbón se reunieron ayer en As Pontes para exigir al Gobierno que se siente con las compañías para buscar fórmulas que garanticen la continuidad de estas plantas, de las que dependen miles de empleos en el país.
Los regidores de As Pontes, Cerceda, Andorra, de los asturianos Carreño, Avilés, Soto de Ribera, Langreo y Tineo, de Cubillos del Sil (León), Velilla del Río Carrión (Palencia), Puertollano (Ciudad Real) y Carboneras (Almería) escenificaron un frente común en defensa de una industria que es el motor de su economía. Advierten de que están en juego 10.000 empleos directos y auxiliares, además de los puestos de trabajo inducidos que pivotan alrededor de estas plantas.
Valentín González Formoso, alcalde pontés (PSOE), reclamó «coherencia» al Gobierno y aseguró que si no es capaz de encontrar un punto de encuentro con las eléctricas, emule al Ejecutivo británico, que acaba de pedir una moratoria a Bruselas en la aplicación de la directiva. El regidor aseguró que la nueva normativa de Bruselas «está pensada para que centrales de 4.000 megavatios como las checas o las eslovacas hagan sus deberes, que no los han hecho nunca, pero no es el caso de las nuestras». Solo las dos gallegas invirtieron hace pocos años unos 400 millones de euros para adaptarse y ser menos contaminantes. «Si no impera la razón, se condenará a territorios que ya están sufriendo un impacto por la reducción de la minería y de las ayudas públicas».
Sofía Ciércoles y José Luis Ramón, regidores de Andorra y de Cubillos del Sil, respectivamente, advirtieron de que, debido a la coyuntura actual, las plantas carboneras apenas si han funcionado en lo que va de año. «Como país no podemos renunciar a unidades eficientes y rentables», afirmó Formoso.