Megasa y Endesa encaran una semana crucial para su futuro

[La Voz de Galicia] Las reformas energéticas del Gobierno, que tienen en jaque a los consumidores y agitado el mercado eléctrico, serán además decisivas para dos grandes complejos de la comarca: la siderúrgica Megasa y la central térmica de Endesa en As Pontesa. La planta naronesa, cuyos propietarios habían advertido que de persistir lo que consideran como competencia desleal en el sector a causa de cambios en la normativa cerrarían sus instalaciones antes de que finalizase este mismo año, está pendiente de nuevas disposiciones en la legislación eléctrica impulsada por el gabinete de José Manuel Soria, que tendrían que producirse antes del próximo día 31. Carlos Blascoy, presidente del comité de empresa de Megasa, explicó que la firma está pendiente de los cambios anunciados en cuanto a la interrumpibilidad, un servicio al que se acogen los grandes demandantes de energía por el que se comprometen a desenchufar de la red en los momentos de demanda y por el que reciben una compensación económica. Pero en la reforma eléctrica que tiene que entrar en vigor a principios del próximo año se establecen recortes a esa cuantía lo que, unido al encarecimiento de la luz -que supone casi una cuarta parte de los costes de las siderúrgicas- deja a algunas plantas al borde de salir expulsadas del mercado. La plantilla de Megasa reclama que se corrijan las desigualdades, ya que a otras plantas de mayor capacidad los recortes por las tarifas son menores, por lo que obtienen una ventaja competitiva. No obstante, pese a las dificultades, Megasa ha igualado este año la producción del anterior, aunque en estos momentos cuenta con 75.000 toneladas de producto almacenadas.

Decisión comunitaria
La central térmica de Endesa en As Pontes también debe salvar antes del próximo martes un hito crucial para su futuro vinculado a normativas eléctricas, aunque en este caso la comunitaria. Aunque oficialmente la compañía aún no se ha pronunciado, debe comunicar si, a partir del 2016, va a acometer la transformación de sus instalaciones u optar por no hacerlo y desenchufarla, en el entorno del 2020. Pese a que, como todas las grandes eléctricas se encuentra en pleno conflicto con Industria, el Gobierno ha lanzado un salvavidas al sector al permitirle optar ahora por la opción negativa y después revertir esa decisión en octubre del 2015. Con la central en pérdidas, puede aplazar el compromiso de invertir más de 200 millones de euros y ganar casi dos años, a la espera de que la situación mejore.