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Los regidores de As Pontes, Ortigueira y Carballo advierten de que solo con la inversión en servicios y la mejora en los accesos con las ciudades se conseguirá atraer población al rural
[La Opinión] A Marisqueira en Culleredo, el lugar de A Babilonia en Oleiros o Monte tras da Costa en el municipio de A Coruña son solo algunas de las aldeas que en los últimos años se han quedado sin habitantes. Ortigueira, As Pontes y Carballo copan el podio de los concellos del área metropolitana coruñesa donde más núcleos rurales han desaparecido con 104, 75 y 21 casos respectivamente. Los alcaldes de estos tres municipios son conscientes de la situación, por lo que intentan paliarla mediante la dotación a sus entornos rurales de los servicios necesarios para evitar que el éxodo afecte a más pueblos, pues cada vez hay más zonas en las que apenas se llega a la decena de residentes.
Conocedores de la sangría demográfica que provoca este fenómeno alertan de que se necesitan medidas “contundentes” por parte de la Xunta, encaminadas a la rehabilitación de viviendas deshabitadas acompañadas de mejoras en los accesos a la periferia de las urbes o proyectos de ecoturismo que atraigan a la población al rural.
El regidor de Ortigueira, Rafael Girón, justifica el primer puesto del concello que dirige en número de aldeas abandonadas basándose en la extensión de la zona con 210 kilómetros cuadrados en los que se encuentran 400 núcleos repartidos en 22 parroquias. El envejecimiento es otro de los problemas a los que se enfrenta el rural gallego motivado por la marcha de los jóvenes a las ciudades en busca de un mejor futuro laboral. Pero en un contexto de crisis como el actual, el aumento del paro en el sector servicios y sobre todo en la industria y la construcción ha obligado a muchos a volver al campo. “Es un proceso inevitable y las administraciones deberían ayudar en este retorno para garantizar el futuro de las nuevas generaciones”, indica Girón, quien aclara que la población está muy cualificada aunque debido a la recesión “no existen puestos que se adapten a sus perfiles”, por lo que tienen que volver a desempeñar “tareas que habían abandonado”.
El alcalde de As Pontes, Valentín González, también responsabiliza a la Xunta de la huida de vecinos del rural por la ley del suelo que impide la creación de nuevas viviendas y con la que se limita la presencia de gente joven en estas zonas. “Quieren vivir independizados y se les niega esa posibilidad”, afirma. González opina en la misma línea que su homólogo de Ortigueira sobre la necesidad de revalorizar el campo. “Los políticos gallegos deberíamos ser menos teóricos y pensar que una familia que vive en el rural aguantará mejor la crisis porque es una economía más autosostenible”, señala. Por eso, insiste en que la normativa autonómica del suelo en lugar de apoyar el asentamiento en estas zonas está provocando “un despoblamiento absoluto”. A pesar del ahogo financiero de las entidades municipales, intentan poner su grano de arena para darles a sus vecinos los mismos servicios que los que puedan tener en las ciudades. La prioridad de Ortigueira es mantener la inversión en los 17 centros sociales en funcionamiento, además de sanear las zonas que se vayan ocupando de nuevo. En As Pontes, algunas de las antiguas escuelas del rural sirven ahora como lugar de reunión de las asociaciones de vecinos. Las autoridades locales también están negociando con el Obispado de Santiago y Mondoñedo para lograr la cesión de rectorales destinadas a ser ocupadas por jóvenes con pocos recursos. Las aldeas de A Fraga y Figueiras son dos las 21 abandonadas en Carballo, uno de los concellos coruñeses más perjudicados por el éxodo rural. El alcalde carballés, Evencio Ferrero, también cree fundamental mantener los servicios básicos en el ayuntamiento con cinco nuevos centros sociales y aumentar la inversión en la red de saneamiento.
Disfrutar del silencio y de la tranquilidad viviendo a tan solo cinco minutos de la ciudad es un privilegio que solo algunos pueden disfrutar. En A Coruña, el 11% de la población reside en parroquias a las afueras de la trama urbana alejados del ruido de la urbe, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque no se han convertido en núcleos abandonados, del medio centenar de poblaciones rurales del municipio, A Gramela con ocho vecinos y As Cernadas y Castaño de Eirís con diez en cada lugar no superan la decena de habitantes.
Una vía convencional de un solo sentido a lo largo de la que se ubican varios chalés todos con cierres y jardines conforman el paisaje de Castaño de Eirís. Manuel Sierra reside en esta localidad coruñesa desde 1966 y asegura que desde entonces apenas ha habido cambios en la zona. “No hay sitio mejor que este para vivir”, señala Manuel quien reconoce que si le diesen a elegir cualquier opción para residir seguiría en su casa de Castaño de Eirís. Si alguna pega le pone a este oasis de paz en plena ciudad es la escasez de servicios. “Hace 15 años que nos pusieron el agua y desde hace 12 contamos con alcantarillado”, recuerda. Aparte de una guardería al final de la aldea, el resto de edificios son viviendas particulares. Para hacer la compra no tienen más remedio que coger el coche e irse a la ciudad, algo que no les importa a los habitantes porque les compensa la tranquilidad de la zona, donde aparte tampoco tienen para problemas para aparcar como ocurre en el centro urbano. Sierra explica que en 40 años los vecinos siguen siendo los mismos y porque no se permite construir casas nuevas en el lugar.
Distinto es el caso de Rafael Mouriño, que hace 12 años se trasladó a la aldea coruñesa para construir su hogar en una finca que heredó. Para este vecino tener que depender del automóvil para todas las gestiones tampoco es un impedimento comparado con la tranquilidad que ofrece vivir lejos del bullicio, sobre todo en su caso que con niños pequeños puede despreocuparse de que corran peligro por jugar en la calle.