El regulador energético reconoce que la entrada “forzada” del mineral nacional en el sistema ha alterado el funcionamiento de otras tecnologías, como las térmicas que queman importado o los ciclos combinados
[La Opinión] Las consecuencias del decreto del carbón, que fomenta la quema de mineral nacional en detrimento del importado, ya son visibles un año después de su entrada en vigor. La norma de restricciones técnicas por garantía de suministro, que sacó adelante el Gobierno de Zapatero en febrero de 2011 y marginó a las centrales coruñesas de Meirama (Cerceda) y As Pontes -que funcionan con carbón importado- incrementó las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera un 35% el pasado ejercicio. Esta es una de las principales conclusiones que recoge el Informe anual de supervisión del mercado eléctrico de 2011 elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que reconoce que la entrada “forzada” del carbón en el sistema eléctrico ha alterado el funcionamiento de otras tecnologías, como el carbón importado o los ciclos combinados de gas, que se han visto “desplazadas”.
El regulador de la energía también destaca que el decreto diseñado para dar salida al excedente de carbón nacional, que no se vende por ser más caro y contaminante, tuvo un coste de 393,8 millones de euros en 2011, año en el que las diez térmicas españolas primadas por el Gobierno quemaron un 79% del máximo anual previsto. Desde la entrada en vigor de la norma, las horas de funcionamiento de estas instalaciones se cuadruplicaron el pasado ejercicio, al pasar de 1.029 horas en 2010 a 4.437 en 2011.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero logró sacar adelante el decreto de restricciones técnicas en febrero del año pasado -fue aprobado el 1 de octubre de 2010- después de cinco meses de litigios por los recursos judiciales que interpusieron las principales compañías eléctricas, la Xunta y los concellos de Cerceda y As Pontes. Los trabajadores de las térmicas gallegas y los vecinos de las comarcas afectadas se opusieron a la norma con encierros, manifestaciones, marchas y apagones para evitar la paralización de las centrales, que se ven desplazadas en el mix energético en favor de las diez que producen con carbón autóctono.
Otro de los motivos que provocaron el rechazo a la norma es que tanto Meirama como As Pontes invirtieron millones y estuvieron meses inactivas tras el cierre de las minas locales a finales de 2007 para adaptar sus instalaciones a la quema de carbón importado, más barato y menos contaminante, y poder cumplir así con los objetivos de reducción de CO2 que exigía el Gobierno para luchar contra el cambio climático. La Unión Europea, y a su vez España, se comprometieron a reducir un 20% las emisiones de CO2 y a aumentar hasta el 20% el porcentaje de renovables hasta 2020, pero el decreto del carbón contradice esta política, tal y como confirma el informe de la CNE.
“Se consideró que no tendría efecto sobre las emisiones de CO2, ya que se pretendía la sustitución de una tecnología contaminante por otra similar: carbón importado por carbón autóctono. Sin embargo, en la práctica, no ha sido así”, afirma en alusión al decreto del carbón.
A la contaminación que generan la térmicas primadas se suma también, aunque en menor medida, la de las plantas que queman mineral foráneo, que son requeridas por Red Eléctrica de España (REE) para cubrir las puntas de demanda de energía. “Las centrales de carbón importado reducidas por las restricciones recuperan posteriormente gran parte de su programa participando en los mercados de ajuste o reemplazando en intradiarios a otras tecnologías no contaminantes pero más caras”, señala la CNE.
Esta circunstancia, junto a la reducción de producción hidráulica y eólica en 2011 y el hecho de que las centrales de carbón autóctono hayan desplazado a los ciclos combinados de gas, contribuyeron al “incremento de las emisiones de CO2 del régimen ordinario peninsular en un 35%”, según recoge el informe.
Además del aumento de la contaminación, el regulador de la energía también achaca al decreto del carbón un “aplanamiento de precios” -se redujo el precio de las horas punta y aumentó el de las horas valle-. “El efecto negativo de este hecho es la desaparición de la señal de precio que fomenta un consumo eficiente por parte del consumidor”, afirma la CNE. Otro de los efectos negativos que destaca es la alteración del funcionamiento de otras tecnologías (otros carbones y ciclos combinados) que se han visto desplazadas tras la prima del mineral autóctono. Las centrales de ciclo combinado, sin embargo, fueron las únicas que redujeron su producción de manera significativa en 2011, con un 26% menos de horas de funcionamiento.
Para este año, el volumen máximo anual programado para las centrales que queman carbón nacional alcanzará los 24.721 teravatios hora (TWh) al incluir los 4.866 gigavatios hora (GWh) no producidos en 2011. Solo el pasado mes de enero se consumió un 9,3% del total.