[La Voz de Galicia] El Ministerio de Medio Ambiente ha dado un balón de oxígeno a las compañías eléctricas con instalaciones térmicas y les ha ampliado el plazo para tomar una decisión sobre si acometen inversiones millonarias para adaptarlas a la nueva normativa ambiental europea o las cierran en el entorno del 2020. La Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de la UE obliga a las instalaciones industriales a reducir sus emisiones a la atmósfera, con una disminución de entre un 50 y un 60 % de los valores de azufre, óxido de nitrógeno y partículas. Bruselas establece que el 1 de enero del 2014 las empresas han de decidir si acometen esas reformas en sus instalaciones, que se pondrán en marcha a partir del 2016, o si prefieren no invertir más recursos en sus plantas, dejarlas que operen otras 17.500 horas de funcionamiento y luego cerrarlas. La fecha máxima para la clausura sería el 31 de diciembre del 2023.
Pero el gabinete de Arias Cañete ha aprobado un decreto que introduce un mecanismo de excepción. Así, las empresas que a priori no decidan invertir en la reforma -el sector calcula que adaptar de nuevo las plantas de Endesa y Gas Natural Fenosa en As Pontes y Meirama supondría una inversión de unos 400 millones de euros- podrán dar marcha atrás a esa opción. Y les marca como fecha tope el 1 de octubre del 2015 para revertir la decisión.
Demanda
La moratoria en el plazo para tomar esa decisión fue una de las demandas planteadas al Ministerio de Industria por las ciudades con instalaciones térmicas. La gran mayoría de los municipios con centrales de carbón tienen economías muy dependientes del funcionamiento de estas plantas, por lo que cualquier sombra de duda sobre su continuidad colocaba una espada de Damocles sobre sus territorios. En estos momentos, en un escenario de caída continuada de la demanda, con nuevas tasas que gravan la generación de electricidad y con unos resultados negativos para plantas como la de Endesa en As Pontes, considerada en otros tiempos la joya de la corona de la compañía, la ampliación del período para que las empresas puedan tomar una decisión sobre la aprobación de nuevas inversiones ha sido calificada como una buena noticia en el sector.
Las centrales térmicas de As Pontes y Meirama fueron sometidas en la década anterior a una exhaustiva remodelación, también obligada por la necesidad de reducir sus emisiones, que les llevó a destinar a esas actuaciones 275 y 120 millones de euros, respectivamente.