El pleno de la Cámara Alta aprueba el proyecto de Ley de Firma Electrónica

Nova do 28 Novembro, 2003 118

Tras cinco meses de tramitación, el PP sólo ha aceptado unas 40 enmiendas, algunas de ellas para modificar la ‘Ley de Internet’.
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley de Firma Electrónica. La tramitación concluirá en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados, que tendrá que dar su visto bueno a las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.

Durante su paso por el Parlamento, la norma elaborada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio ha superado más de quinientas enmiendas casi 250 en el Congreso y 289 en el Senado con los únicos votos a favor del Partido Popular y sus socios de Coalición Canaria, que sólo han permitido salir adelante menos de 40 propuestas de modificación.
El proyecto adaptará a la legislación nacional la directiva comunitaria 1999/93/CE, de diciembre de 1999, y sustituirá al vigente Real Decreto-Ley 14/1999, de septiembre de ese mismo año.
Cambios
En conjunto, el Senado introdujo a la redacción salida del Congreso 16 modificaciones, la mayoría de carácter técnico pero algunas de gran calado, como la protección de datos de carácter personal o que, incluso, aprovechan la tramitación de esta ley para modificar otras normas, como sucede con el régimen sancionador y otros aspectos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
Así, cuando se apruebe finalmente la Ley de Firma Electrónica, la LSSI contará con una nueva disposición adicional que regulará el uso los denominados ‘dialers’ -pequeñas aplicaciones que cortan la conexión con Internet para establecer otra, normalmente a través de un número de tarificación adicional, sin que se dé cuenta el usuario-, que tendrá que contar con el consentimiento expreso del internauta.
La sesión también ratificó la futura modificación del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que sea la norma dedicada a la rúbrica digital la que regule la eficacia de un documento electrónico y las posibles impugnaciones a su autenticidad.