El Tribunal de Justicia de la UE da luz verde al decreto del carbón que perjudicará a Galicia
El juez levanta la suspensión porque no hay causas que generen la “urgencia” que justifique las medidas cautelares de la Xunta
[Faro de Vigo] La férrea oposición de la Xunta al decreto del carbón no fue suficiente para mantener el bloqueo sobre la norma del Gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), con sede en Luxemburgo, anuló ayer la suspensión provisional que dictaminó el pasado noviembre sobre la autorización de la Comisión Europea al decreto que incentiva el consumo de mineral nacional, con lo que permite el régimen de ayudas hasta 2014 a la espera de que se produzca una decisión definitiva sobre el recurso presentado por las eléctricas que ya anunciaron su retirada y el del Ejecutivo gallego. La sentencia final podría tardar más de dos años, pero la puesta en marcha de la nueva regulación se hará efectiva en los próximos días.
Después de que el Supremo y la Audiencia Nacional anularan hace meses las medidas cautelares, el bloqueo de Luxemburgo era el único impedimento legal que frenaba hasta ahora la aplicación de un decreto que perjudicará a las centrales térmicas de Gas Natural Fenosa de Meirama (Cerceda) y Endesa As Pontes, adaptadas recientemente para producir sólo con carbón importado, menos contaminante y más barato que el nacional que incentiva el Gobierno. La puesta en marcha del decreto será efectiva cuando el Ministerio de Industria publique los dos últimos requisitos normativos que tiene pendiente: la Orden Ministerial sobre derechos de cobro de CO2 y el documento de procedimientos de operación del operador del sistemas,que deberán servir de guía al gestor técnico del sistema, Red Eléctrica de España (REE). El departamento que dirige Miguel Sebastián finalizó el desarrollo de ambos textos durante los últimos días .
El auto del presidente del Tribunal General levanta la suspensión cautelar porque considera que no ha quedado demostrado la existencia de circunstancias que creen “una urgencia tal que justifique” la concesión de las medidas provisionales que reclaman en sus recursos Endesa, Iberdrola y Fenosa y la Xunta.
A los perjuicios invocados por el Gobierno gallego, por el cierre de las centrales térmicas coruñesas, la pérdida de empleo en las empresas auxiliares, el tribunal europeo considera que “no ha demostrado, y ni siquiera ha alegado, que la producción eléctrica de las centrales en cuestión represente, no sólo la actividad de un limitado número de empresas, sino más bien un sector económico de crucial importancia” para la comunidad. Con todo, el tribunal deja claro que este auto “no prejuzga el resultado” de la sentencia definitiva que se producirá más adelante.