Participantes en un campamento juvenil puesto en marcha por esta organización encabezaron una protesta en el casco histórico de Pontedeume, que fue secundada por Fusquenlla y Verdegaia
[La Opinión de A Coruña] Greenpeace reclamó al Gobierno autonómico que abandone el proyecto de la mina de andalucita promovida por la empresa Picobello Andalucita SL, en el Concello de As Pontes, concretamente en las inmediaciones de las Fragas do Eume, en una manifestación que tuvo lugar ayer por la tarde por el casco urbano de Pontedeume.
El colectivo ecologista advierte de que la mina de andalucita estará situada a escasos cincuenta metros del parque natural, uno de los últimos bosques atlánticos de Europa, y que tendría un “grave impacto” tanto medioambiental como visual en la zona.
La protesta estuvo encabezada por los jóvenes participantes en un campamento medioambiental que la asociación ecologista celebra estos días en la comarca eumesa. Los más de sesenta niños protagonizaron un pasacalles con una pancarta y otros juegos educativos en colaboración con las asociaciones ecologistas Fusquenlla y Verdegaia, además de llevar a cabo una recogida de firmas contra la iniciativa minera.
También desarrollaron actividades de concienciación en la céntrica plaza Real con una mesa informativa, en la que explicaron a las personas interesadas el proyecto de la mina de andalucita y sus peligros e impacto sobre el medio ambiente de la zona, actividad que se completó con la proyección de vídeos y cortos.
La organización ecologista denuncia que este tipo de mina es “la más perjudicial para el medio ambiente” y advierte de que provocaría la “contaminación del río Eume, además de afectar directamente al ecosistema y biodiversidad del parque natural de As Fragas”, aunque se encuentra fuera de sus límites.
Esta mina ocupará cerca de 30 hectáreas, “equivalente a 60 campos de fútbol aproximadamente”. Greenpeace recuerda que la empresa Picobello Andalucita SL es una entidad gallega con capital inglés y sudafricano que promete seis puestos de trabajo directos, de los cuales dos requieren cualificación. Califica de “ridículo” el número de empleos ofertados. Advierte además de la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo en el sector turístico y pesquero, “motores económicos de la comarca”.
Esta iniciativa ya recibió un aluvión de críticas de grupos ecologistas locales por su impacto en el medio ambiente e incluso interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para exigir su paralización definitiva.