Industria exige a la Xunta que retire el recurso contra el decreto del carbón

Miguel Sebastián considera “curioso” que una medida que es buena para el país y para la seguridad del suministro esté bloqueada en Bruselas por “el Gobierno de una región”
[La Opinión de A Coruña] La guerra del carbón volvió a enfrentar ayer al Ministerio de Industria con la Xunta. El ministro Miguel Sebastián acusó a las eléctricas de “bloquear en Bruselas” el decreto del carbón que prima la quema de mineral autóctono hasta 2014 -y compromete el futuro de las dos térmicas gallegas de Meirama (Cerceda) y As Pontes, que queman mineral importado- y también adelantó que el Gobierno central “exigirá” tanto a las empresas como la Xunta que retiren los recursos contra la norma, porque es un medida “buena para España” y para la seguridad de suministro de energía.

Industria únicamente espera un fallo favorable del Tribunal de Luxemburgo sobre las medidas cautelarísimas que presentaron las eléctricas, contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior, para poder aplicar la norma. La Xunta también recurrió el decreto ante el Tribunal de la Unión Europea para tratar de revocar un texto que amenaza con desplazar a las térmicas gallegas de la producción eléctrica estatal. El Gobierno, sin embargo, ya ganó las otras batallas judiciales que libraba con Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y el Ejecutivo gallego.
La Audiencia Nacional desbloqueó el pasado 10 de enero la aplicación de la norma tras levantar las últimas medidas cautelares impuestas sobre uno de los mecanismos de desarrollo del texto, el relativo a los compromisos de compra de carbón que tenían que firmar las eléctricas. Veinte días antes, el 22 de diciembre, el Tribunal Supremo también dio luz verde al decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro tras acordar no aplicar las medidas cautelares solicitadas por las empresas y la Xunta.
El empeño de Endesa, Iberdrola, Gas Natural y de la Xunta de continuar con la batalla judicial en Bruselas para evitar “daños graves, irreparables y de difícil cuantificación” agota la paciencia del ministro de Industria, quien recalcó ayer que el Ejecutivo hace “lo indecible” por el sector del carbón. Sin embargo, hasta la Comisión Nacional de Energía (CNE) cuestiona la norma, a la que vincula con la elevada subida de la luz de enero (9,8%), ya que “introduce un incremento en los precios de los pagos de capacidad que debe abonar el consumidor del 72% respecto a los valores vigentes, lo que supone unos ingresos adicionales en el 2011 de 726 millones de euros”.
Sebastián, pese a todo, arremetió ayer en la SER otra vez contra la Xunta por oponerse a la aplicación de la norma. “Es curioso que una medida que es buena para España y para la seguridad de suministro esté bloqueada en Bruselas por el Gobierno de una región de España” aseguró en alusión al Ejecutivo que preside Núñez Feijóo. “Vamos a pedir a la Xunta, y lo vamos a transmitir así al PP, que retire el recurso”, añadió.
El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, replicó al ministerio de Industria que la Xunta “siempre defenderá” los intereses de Galicia para “evitar los negativos efectos” el decreto del carbón, sin que ello signifique “estar en contra del desarrollo de la minería del carbón nacional” en otros puntos de España. Aunque advirtió que no se puede “tolerar ni justificar que se autoricen unas ayudas incompatibles con el mercado interior”, de forma que se “traspasen los problemas sociales y económicos” de unas comunidades a otras.
El conselleiro considera “sorprendente” que el Gobierno central pida al Ejecutivo gallego que retire el recurso “cuando fue precisamente el Ministerio el que no atendió ninguno de los requerimientos realizados por la Xunta” en relación a un decreto que “puede conllevar un coste de 3.000 empleos y más de 1.000 millones de euros en inversiones en Galicia”. Guerra también rebatió la justificación de la autorización del decreto basada en el hecho de garantizar el suministro eléctrico empleado, alegando que España “exportó en 2009 casi el 6% de la energía eléctrica que produjo, por lo que no parece que haya muchos problemas de suministro”.
Un grupo de 200 mineros de El Bierzo protagonizaron ayer una concentración en Ponferrada (León) frente a las oficinas del empresario Victorino Alonso para protestar contra el despido de 82 trabajadores de la empresa Unión Minera del Norte y firmas auxiliares. El grupo Alonso también anunció que presentará un nuevo Expediente de Regulación de Empleo para 720 mineros de la provincia de León y otros 500 en Palencia y Asturias. El secretario general de UGT en León, Arturo Fernández, aprovechó para pedir a la Xunta y a las eléctricas que “no hagan demagogia” con el decreto, porque “importar carbón para quemar en las centrales térmicas es sinónimo de decir que no se quiere dar empleo a los trabajadores de este país”.