Los dos jefes de Sogama imputados por tráfico de influencias, apartados de las adjudicaciones

[La Opinión de A Coruña] La operación Reciclaje por supuesto tráfico de influencias en Sogama se ha cobrado las primeras víctimas. Ayer mismo fueron apartados de los procesos de adjudicación de la sociedad semipública los dos jefes imputados por intentar influir en la adjudicación de contratos a Danigal -empresa asturiana que gestionaba el vertedero de Sogama en Areosa y cuyo responsable en Galicia, José Perfecto Cabanelas, también está acusado-. La decisión fue anunciada por el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, a raíz del contenido del sumario de este proceso revelado ayer por este periódico. En tanto que dure la investigación, el jefe del área técnica de Sogama, Ramón Pérez Mariño, despedido por el bipartito en enero de 2009 tras denunciar “irregularidades” en la gestión de la entidad medioambiental y readmitido por orden judicial en julio de ese mismo año, y el jefe de transporte y transferencia de la planta en Cerceda, Ángel Costal, no participarán en ninguna adjudicación.

La decisión adoptada por la Xunta no es suficiente para el PSdeG. La diputada socialista Carmen Gallego reclamó la “destitución inmediata” de los dos trabajadores de Sogama imputados, uno de ellos -según recordó- fue despedido por el bipartito y readmitido por el Gobierno de Feijóo. “(Pérez Mariño) fue despedido de Sogama durante la etapa del anterior Gobierno autonómico tras detectar graves irregularidades en el desempeño de sus funciones; y fue el propio Agustín Hernández quien hizo posible que fuera readmitido”, denunció. Ante esta nueva pieza del proceso, la primera fue por un presunto delito ambiental a raíz de los vertidos al Lengüelle que provocaron la mortandad de miles de truchas, los socialistas reclaman la comparecencia de Hernández en el Parlamento, al tiempo que le exigen el acceso a los expedientes de adjudicación de la sociedad medioambiental en lo que va de legislatura para “comprobar” qué intervención tuvieron los imputados.
Escuchas
Las escuchas telefónicas a los acusados, que se prolongaron durante cuatro meses el año pasado, revelan un presunto trato de favor de los dos empleados de Sogama a la empresa Danigal, a alcaldes -que aparecen en esas conversaciones intervenidas, como el de As Pontes o el de Cerceda, los socialistas Valentín González Formoso y José García Liñares, respectivamente- e incluso diputaciones provinciales -como la de Ourense-. Estos hechos llevaron a la Consellería de Medio Ambiente, departamento del que depende Sogama, a tomar medidas. A la espera de que el juez instructor del caso dicte sentencia, la Xunta ha ordenado dejar fuera de los procesos de adjudicación de los dos trabajadores de la planta investigados por presunto tráfico de influencias “para que el nombre de la sociedad quede absolutamente fuera de duda”, según apuntó ayer el conselleiro de Medio Ambiente.
Tras defender la presunción de inocencia de ambos trabajadores, Hernández manifestó la “total colaboración” de su departamento con la Justicia, al tiempo que advirtió de que el proceso judicial “arranca en la época del bipartito” como consecuencia de vertidos al Lengüelle a finales de 2008. Por la investigación sobre un presunto delito ambiental abierta a raíz de la denuncia presentada, entre otros por el PP, fueron imputados en la pasada legislatura cerca de una treintena de cargos, que en una gran parte habían accedido a un puesto en la Administración antes de la llegada del PSdeG a la Xunta.
Desde Sogama, su presidente, Luis Lamas Novo, descartó ayer la adopción de medidas cautelares excepcionales contra los dos trabajadores, de quienes dijo que uno ya no tenía intervención en el proceso de adjudicación y la implicación del otro era “mínima” y “muy puntual”. Lamas apuntó además que cuando se levantó el secreto de sumario sobre este proceso judicial, la sociedad ambiental pidió dos informes jurídicos a sendos bufetes de abogados que, según dijo, “avalaron esta postura” de trabajo transparente acorde con la ley. Al igual que Hernández, Lamas también puso en el punto de mira al bipartido al recordar que el procedimiento “viene de hace tres años” y manifestó su deseo de que “finalice” y el juez dictamine.
“Cambiar cromos”. Esto es lo que según el jefe de Danigal en Galicia, José Perfecto Cabanelas, pretendía hacer la empresa asturiana que se encargó de la gestión del vertedero de Sogama con el actual presidente de la sociedad ambiental, Luis Lamas. El grupo empresarial, según revelan las conversaciones intervenidas a Cabanelas en octubre del año pasado, intentó lograr adjudicaciones por parte de la sociedad ambiental a cambio de negociar un aplazamiento o rebaja en el laudo arbitral que mantenía con la entidad público privada por la mala gestión del vertedero de Areosa. Pero Lamas no accedió a tal negociación y finalmente Sogama fue condenada en diciembre a pagar casi 2,7 millones a Danigal.
Contactos
La propuesta de Danigal consistía en que los dirigentes de Sogama le abonasen dos millones como acuerdo para evitar el laudo arbitral a cambio de adjudicarle a su grupo empresarial el proyecto de una planta de reciclaje y tratamiento (PRT).
El primer paso que da el jefe de Danigal en Galicia es transmitir a Lamas la aquiescencia que tiene del equipo directivo para intentar acercar posturas y evitar el laudo arbitral, aunque le advierte de que la oferta definitiva no la puede hacer él y que la última palabra la tendrán sus jefes.
Tras varios contactos telefónicos más, el presidente de Sogama da por zanjado el asunto diciéndole a Cabanelas que no estaba dispuesto a entrar en ningún tipo de negociación con el Grupo Daorje-Danigal y procede al abono de la totalidad del laudo arbitral: casi 2,7 millones por las deficiencias en el vertedero de Areosa.