Ley de la Memoria Histórica: Todo símbolo franquista deberá ser retirado

[El Progreso] Después de tres años de retrasos y dilaciones y en apenas media hora los grupos políticos dieron ayer el empujón definitivo a la polémica ley de la Memoria Histórica, en realidad un nuevo texto de quince folios que pule el proyecto remitido en su día por el Gobierno a la Cámara.

Con el voto en contra del PP y la abstención de ERC, la ponencia de la Comisión Constitucional aprobó el inicio de la tramitación, sin debate, y fijó para el próximo miércoles la reunión de la comisión, en la que los grupos mantienen vivas sus enmiendas. La nueva redacción, fruto del acuerdo entre el PSOE e IU, y las negociaciones entre socialistas y CIU, incluye una condena explícita del franquismo -frente a la inicial redacción mucho más ambigua-, la anulación de las sentencias de los tribunales militares y del TOP, y prevé que dejen de recibir subvenciones o ayudas municipios o aquellas instituciones privadas que se nieguen a eliminar símbolos del antiguo régimen, una enmienda socialista que afecta de pleno a la Iglesia católica.
En apenas treinta minutos, la ponencia de la Comisión Constitucional dio luz verde al informe que la Comisión debatirá el próximo miércoles.
Sobre la mesa, un nuevo texto consensuado basicamente por PSOE e IU, que ha pulido también CIU, filtrado en los últimos días y del que se desmarcan, por razones opuestas, PP y ERC.
El nuevo proyecto, desatascado por voluntad del propio presidente del Gobierno, recoge algunas paradojas notables. Deroga, por ejemplo, decretos y bandos que ya quedaron fuera de la legalidad durante la Transición. Así, la ley preve una disposición derogatoria de resoluciones que van entre 1936 y 1971, como el Bando de guerra del 28 de julio de 1936. También declara ilegítimas las sentencias de los tribunales excepcionales, militares y del antiguo Tribunal de Orden Público (TOP).
Evaluaciones:
La nueva iniciativa, entregada a los grupos a la entrada de la ponencia, fue evaluada de muy distinta forma por los grupos parlamentarios. Los más críticos, el PP y ERC. El popular Jorge Fernández Díaz consideró “innecesario” un proyecto que, a su juicio, responde a la “obsesión” del presidente del Gobierno.
Desde ERC, Joan Tardá aseguró que a su grupo el nuevo texto no le dice “ni fú ni fá” porque nunca “legitimará una ley que no haga justicia de una vez por todas”.
El portavoz de CIU, Josep Sánchez Llibre se felicitó por la aportación de su grupo, el reconocimiento de la represión contra las ordenes religiosas o contra civiles por sus creencias católicas, el “reconocimiento de esta tercera España”, dijo.
El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, se felicitó por el desbloqueo de la ley pero subrayó que esta “no es un punto de llegada sino un punto de partida”.
Desde el PSOE, Daniel Fernández se felicitó por el “acuerdo de fondo” que permite “un paso muy importante” en un “día relevante”.
A través de un comunicado, el PNV anunció que va a prestar un apoyo parcial al proyecto, porque, a su juicio, “ha mejorado ostensiblemente” aunque “sigue acusando deficiencias que hacen imposible su pleno e incondicional respaldo”.